La Mesa del Parlament ha acordado este martes seguir el mismo criterio que aplicó en los casos del president Quim Torra y del diputado de la CUP Pau Juvillà, ambos condenados por desobediencia, y presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) en defensa del escaño de la presidenta suspendida Laura Borràs y del reglamento de la institución al no ser la sentencia firme. La también líder de Junts, ahora suspendida, fue condenada el mes pasado a cuatro años de cárcel y 13 de inhabilitación por dos delitos de prevaricación y falsedad. La JEC ha activado ya el mecanismo para despojar a Borràs definitivamente del acta y dio a la Cámara 10 días para decidir sus pasos o alegar.
El órgano electoral notificó a la Mesa el pasado día 13 y le instó a pronunciarse. El escrito dejaba claro que había un escaso margen de maniobra porque ya ordenó la retirada de los escaños en los casos de Torra y de Juvillà. La Ley orgánica del Régimen Electoral (LOREG) establece en el artículo 6.2, b, que los electos deben perder el acta aunque la sentencia no sea firme si han cometido delitos contra la Administración Pública. El artículo choca con el artículo 24. c del reglamento del Parlament, que, más garantista, señala que los fallos deben ser firmes para proceder. Los letrados defenderán, igual que en los otros dos casos, la soberanía de la Cámara alegando que no deben haber injerencias de un organismo administrativo.
La mayoría independentista de la Mesa -dos miembros de ERC, uno de Junts y otro de la CUP- han votado a favor del mantenimiento de ese criterio frente a la postura de los dos miembros del PSC. Alícia Romero, portavoz socialista, ha admitido que, hace un año, en el caso de Juvillà se abstuvieron pero que ya hay dos procedentes, incluyendo el de Torra, y que ya se sabe el desenlace. “No hace falta que se escondan detrás de la JEC”, ha afirmado en relación a los partidos soberanistas. “Tenemos que aprender y ser receptivos. La LOREG, además, es una ley orgánica y está por encima del reglamento del Parlament”, ha insistido apelando a la jerarquía normativa.
El debate sobre el voto de Lluís Puig
El Tribunal Constitucional dictó la semana pasada una sentencia anulando la decisión de la Mesa del Parlament que acordó mantener la delegación de voto del diputado y exconsejero Lluís Puig, huido de la justicia española y residente en Bruselas. La Mesa, dirigida provisionalmente por Alba Vergés (ERC), ha debatido el asunto y deberá decidir en el Pleno de este miércoles si contempla o no el voto del diputado de Junts. Hasta ahora, aunque no aparecía reflejado su voto en el panel electrónico, Vergés lo contabilizaba y se recogía en las actas. “No hacen falta más advertencias. Las leyes se deben cumplir y sino nos gustan las cambiamos”, ha reclamado Alícia Romero, portavoz del PSC, el partido que recurrió al Constitucional.
Los letrados tienen de plazo hasta el día 27 para presentar las alegaciones, justo días antes de que se celebre el último Pleno del Parlament antes del inicio de la campaña. Todo apunta a que Borràs perderá el escaño a las puertas del periodo electoral y sin que la interinidad de la presidencia esté resuelta. “Si esta institución queda empantanada, ERC, Junts y la CUP serán los responsables. Fueron ellos los que hicieron a Borràs como presidenta y aun no han buscado una solución”, ha afirmado recordando que fueron al final dos presidentes de la Cámara independentistas, Roger Torrent y la propia Borràs, quienes retiraron los escaños a Torra y a Juvillà.
Nacho Martín Blanco, de Ciudadanos, ha instado a Junts dejar definitivamente el acta y ha deplorado las alegaciones al afirmar que siguen alimentando “la ficción y el esperpento”, prolongando así la interinidad. David Cid, portavoz de los comunes, ha defendido el reglamento de la Cámara pero ha puntualizado que todo el mundo sabe el final. “El debate no es ese. Queremos emplazar a ERC y la CUP para que no vuelvan a regalar la presidencia a Junts”, ha afirmado apelando a la mayoría de progreso del Pleno de 82 escaños sobre 135.
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