El 27 de noviembre de 2012, cuando todavía no había amanecido, los Mossos d’Esquadra irrumpían en el Ayuntamiento de Sabadell, así como en varios domicilios y empresas. Se habló entonces de una gran trama corrupta en que los empresarios pagaban comisiones a cargos políticos a cambio de lograr contratos de obra pública. Aunque este extremo todavía no se ha acreditado, el caso Mercurio eclosionó en cerca de 40 piezas de otros presuntos episodios delictivos de diferente calibre, que, en todo caso, revelaban las formas caciquiles de su alcalde, Manuel Bustos, con un gran poder en el PSC, que aspiraba posiciones de relevancia. Finalmente, trapicheos de poca monta -como perdonar multas a familiares- son los que han acabado enviándolo a prisión.
El macrocaso Mercurio ha estado formado decenas de miles de folios y 38 piezas, de las que actualmente solo quedan vivas nueve, mientras en tres de ellas ya se ha celebrado el juicio; el resto han sido archivadas. Las dos primeras sentencias que se celebraron son, precisamente, las que afectaron a Bustos. En la primera, sobre el amaño de una contratación en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, el exalcalde fue condenado a 16 meses de prisión, la misma pena que recibió el ex número dos del PSC Daniel Fernández, otro peso pesado socialista cuya carrera quedó truncada por el caso Mercurio. Al ser la primera condena e inferior a dos años, y tras realizar un curso anticorrupción, Bustos eludió la cárcel. Pero no lo pude evitar tras la segunda: tres años de prisión y 16 años de inhabilitación por ordenar que se anularan multas de familiares. En el tercero de los juicios, por el uso fraudulento de la VISA del Consorcio de Residuos del Vallès Occidental por parte de su gerente, Bustos fue condenado a título lucrativo, pero devolvió el dinero.
El exalcalde finalmente ingresó en la prisión de Lledoners el pasado mes de enero, pero en marzo, solo dos meses después, logró un polémico tercer grado, lo que le permitía salir los fines de semana. Tras el recurso de la Fiscalía, el juez le anuló el permiso y en agosto volvió a ser internado.
Bustos cogió las riendas de la alcaldía de Sabadell de 1999 a 2012, tras la renuncia del emblemático edil Antoni Farrés, especialmente conocido por su lucha contra la corrupción. Con sus políticas populistas y su férreo control del mensaje e imagen pública, Bustos logró forjarse una reputación. Con el “estás conmigo o contra mí”, construyó a su alrededor una red de seguidores y amistades a los que siempre ayudaba, aunque fuera enchufándolos en la Administración y movía los hilos para tener personas de su cuerda en municipios cercanos, y tenerlos así también bajo su control. También maniobró en el seno del partido, donde fue un peso pesado del aparato, e incluso aspiraba a una cartera de ministro.
Pero la prometedora carrera quedó fulminada hace 10 años. Tras las dos condenas, Bustos todavía está imputado en cuatro piezas: dos están pendiente del escrito de acusación de las partes, en otra se enfrenta a dos años de inhabilitación (por intentar impedir que un empresario denunciara un vertido de tierras) y a otros ocho años de prisión por la contratación a dedo de simpatizantes del PSC en el Consorcio de Residuos del Vallès Occidental.
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No obstante, Bustos no consta como investigado en la pieza principal del caso, la 1, sobre el supuesto pago de comisiones a cambio de obra pública, que tiene como principal acusado el exconcejal del PP, Jordi Soriano, sin cargo en el gobierno municipal de entonces. Hay otras piezas de relevancia que también esperan fecha de juicio, como la 28 -que se centra en el presunto amaño del concurso de recogida de basuras y la limpieza viaria, en manos de Smatsa-, la 6 -por el vertido ilegal de tierras en la finca de can Xupa- o la 25, que investiga la malversación de fondos de la Federación de Municipios de Cataluña -que presidía Bustos- en subvenciones irregulares o pago de 9.500 euros en comilonas del exalcalde y su entorno.
Con todo, nueve piezas que, tras el cierre de la instrucción, esperan un juicio, que no parece inminente, y con el riesgo de que en alguna de ellas el delito prescriba. De momento no lo ha hecho porque, aunque lentamente, se han practicado diligencias. “Pero sí que pesa sobre ellas una dilación indebida, cosa que puede ser un atenuante que usen las defensas para rebajar las penas”, apunta Raúl Barroso, abogado de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce de acusación popular. Barroso no considera que el caso Mercurio avance más lentamente que otros, pero admite que no ayuda el hecho de ser “un macrosumario que ha sufrido cambios constantes de jueces de instrucción”. “Además, los investigados tienen cierta capacidad adquisitiva, lo que les permite llenar de recursos los juzgados y dilatar el proceso”, remata el abogado.
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