Adán Augusto López, el secretario de Gobernación de México, se ha pronunciado en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar inválidas las reformas a dos de las leyes que forman parte del conocido como “plan B” electoral. “Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, ha asegurado el secretario en un mensaje publicado en sus redes sociales. Este lunes por la mañana, nueve ministros han votado a favor de eliminar la reforma por las violaciones al debido proceso legislativo en las que se incurrieron para sacar adelante la norma.
El secretario de Gobernación ha interpretado esta decisión como un ataque a la democracia. “El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte de Justicia decidió seguir protegiendo intereses particulares”, ha publicado en su cuenta de Twitter. “No hay de otra: Plan C en las urnas”, ha añadido. Este último plan consiste en que “no se vote por el bloque conservador”, según dijo a finales de marzo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. “Que no estén pensando que ya se terminó todo. Para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores. Ese es el plan C”, pidió el mandatario durante una de sus conferencias mañaneras.
Mario Delgado, presidente de Morena, el partido de López Obrador, ha sido más explícito en sus críticas a la decisión de la Corte. “La anulación de la primera parte del Plan B de la reforma electoral es un claro atentado contra la división de poderes. Las y los legisladores que, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo, aprobaron esas reformas, son representantes populares y esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro; no a los intereses de una minoría. Desafortunada hoy la decisión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia”, ha tuiteado Delgado.
En su decisión, la Corte no se ha referido a las leyes aprobadas, sino a las irregularidades en el proceso por el que fueron aprobadas. Alberto Pérez Dayán, que propuso el proyecto que fue sometido a la votación esta mañana y que voto a favor de la anulación, ha asegurado tener la “convicción de que ningún integrante de la Cámara de Diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas”. Este es un requisito necesario para que se lleve a cabo un “procedimiento legislativo de orden constitucional”, ha explicado el ministro. Luego ha finalizado: “El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible”.
Desde la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte Suprema, la institución ha tomado una posición cada vez más enfrentada con los procedimientos del Gobierno. Esta decisión sienta un precedente importante de cara a otras decisiones del mismo calado que tendrá que tomar la Corte en las próximas semanas. En juego están también las iniciativas legislativas que se aprobaron el pasado 28 de abril en modo fast track. Los expertos en derecho legislativos advierten de que las formas en que se aprobaron esas leyes, y que serán utilizadas por la oposición para impugnar su aprobación.
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