Alberto Fernández abre el año legislativo argentino con ataques a la Corte Suprema y sin aclarar si será candidato

Llevaban seis meses sin verse las caras. La última vez fue el 1 de septiembre. Un hombre había intentado asesinar a Cristina Kirchner en la puerta de su casa y Alberto Fernández se acercó hasta el lugar para saludarla. No bastó para recomponer la relación. Apenas hablaron una vez por teléfono desde entonces. Este miércoles han vuelto a verse, obligados por el protocolo. Cada 1 de marzo, el presidente de Argentina da un largo discurso ante el Congreso en el inicio del año de sesiones. Lo acompaña su vice, que también preside el Senado. Kirchner, como anfitriona, recibió a Fernández con un gesto frío, ante una plaza más seca de militantes que de costumbre y sin muchas expectativas sobre el futuro. En octubre hay elecciones generales y el kirchnerismo pretende que el presidente, al que consideran un traidor, no busque la reelección. Fernández ni siquiera tocó el tema, con un discurso que tuvo más de balance que de lanzamiento electoral. En el Congreso, las fuerzas en pugna mantuvieron las formas, pero la fractura política del peronismo parece no tener retorno.

“Adelante, señor presidente”, dijo Kirchner. Y Fernández inició su discurso lamentando la pandemia y la guerra en Ucrania y celebrando que en diciembre Argentina cumplirá 40 años en democracia. Se refirió luego al atentado contra Kirchner. “Hace seis meses tuvimos uno de los episodios más desgraciados, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta”, dijo, y pidió que se profundice la investigación contra los autores “intelectuales y materiales”. Que la Justicia “actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”, agregó, en un guiño evidente al kirchnerismo, que lo acusa de no haber hecho los suficiente para respaldar la tesis de que detrás del hombre que apretó el gatillo, sin éxito, hay grupos opositores organizados. Fernández consideró a Kirchner víctima de un “absurdo jurídico” que busca “su inhabilitación política”, pero obvió una palabra clave: proscripción.

Kirchner recibió en diciembre pasado una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción. La vicepresidenta dijo entonces que se bajaba de la carrera electoral, mientras sus seguidores agitaron la tesis de la proscripción. Técnicamente, la vicepresidenta puede ser candidata mientras la sentencia no quede firme. Las distintas lecturas del fallo alejaron aún más a Fernández y a su segunda. Desde este miércoles, esa grieta será más profunda aún. El presidente dejó para el final los ataques más duros contra la Justicia y la Corte Suprema, a la que en enero llevó a juicio político. No se refirió a la condena contra Kirchner, sino a un fallo de los supremos que condena a la Nación a elevar la parte de los impuestos que envía a la ciudad de Buenos Aires, un bastión opositor. “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades”, dijo el presidente. Era la primera la primera vez que subía el tono. Sus palabras fueron recibidas con aplausos desde las filas propias y abucheos y gritos de “mentira” desde la oposición.

Fue el único momento de tensión. Los gritos obligaron a Fernández a interrumpir su discurso varias veces y a elevar cada vez más la voz. “Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, dijo. En ese punto coincide con Kirchner. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y su segundo, Carlos Rosenkrantz, invitados a último momento a la ceremonia, lo escuchaban a unos pocos metros con el rostro serio. El ida y vuelta duró varios minutos, mientras Fernández sumaba críticas contra la oposición, a la que acusó de montar entre 2015 y 2019 una “mesa judicial” para controlar los Tribunales, utilizar los servicios de inteligencia para espiar opositores y nombrar jueces por decreto.

La pérdida de apoyo popular del Gobierno se sintió en la calle. En la plaza frente al Congreso se concentraron unas pocas miles de personas para expresar su respaldo al presidente en medio de un importante dispositivo de seguridad. La mayoría procedía de las localidades de la periferia de Buenos Aires más peronistas, como La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora o Hurlingham. Algunos de los manifestantes se fotografiaban junto a carteles de Alberto 2023 y defendían su candidatura de cara a octubre; otros, más cautos, aseguraban que apoyarían a cualquier postulante peronista.

Las peleas internas en el Frente de Todos se replican en la militancia. Las organizaciones más cercanas al kirchnerismo, como La Cámpora, estuvieron ausentes de la movilización popular. Cuando la vicepresidenta abrió la sesión, pocos aplaudieron en la plaza, a diferencia de lo que ocurrió minutos después, cuando se anunció la llegada de Fernández. Ya en la víspera, el referente camporista Andrés Larroque había expresado el descontento del kirchnerismo con la gestión presidencial y había sugerido que Fernández renuncie a buscar la reelección.

Fernández no pronunció la palabra “proscripción”, pero tampoco habló de candidaturas electorales ni internas políticas. No despejó si insistirá o no con un segundo mandato, pero el suyo no pareció ser el discurso de un líder que pretende mantenerse en el poder. “Ahora que llega el momento de hacer un balance, debo decir que estoy convencido de que hemos dejado los cimientos sobre los cuales construir el gran país que soñamos”, dijo, con un evidente tono de despedida. A Fernández le quedan nueve meses de mandato. En agosto, el peronismo elegirá candidato. La crisis económica y la pelea con Kirchner han dilapidado las posibilidades de Fernández, mientras que el kirchnerismo, retirada Cristina de la carrera, no encuentra reemplazante.

Lo que lastra cualquier aventura electoral del peronismo es la inflación, que en enero trepó hasta el 98,8% interanual. Sergio Massa, al frente de una de las tres patas que integran el Frente de Todos, la alianza que gobierna argentina, tiene desde agosto la misión de controlarla. Había prometió bajarla a menos de 4% en abril, pero el 6,3% mensual registrado en enero volvió esa meta inalcanzable. Fernández pidió un aplauso para Massa, encargado de cumplir con el ajuste fiscal y monetario comprometido ante el Fondo Monetario Internacional en enero de 2022. El Gobierno negocia por estos días flexiblizar esas metas, cada vez más difíciles de cumplir. “La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía”, dijo Fernández. Organizar esa economía es el principal desafío del peronismo.

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