El juicio por la supuesta contratación irregular de 16 personas por parte de la Diputación de Valencia y la Generalitat entre 2004 y 2015 ha empezado este lunes con un doble revés para Alfonso Rus, expresidente de la corporación del PP. El exlíder popular de la provincia de Valencia se enfrenta a 12 años de cárcel, como otros dirigentes del partido. En total hay 26 acusados, entre ellos uno de sus más estrechos colaboradores, Marcos Benavent, el “Yonki del dinero”, según se definió en una ocasión en la que dijo sentirse arrepentido. Para é, se piden nueve años de prisión tras haber colaborado con la Fiscalía.
El doble revés para Rus y el resto de los principales acusados radica, primero, en que la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que una decena de esos trabajadores ha admitido no ejercer ninguna función en las empresas públicas en las que estaban contratados, Imelsa (de la Diputación, dedicada al impulso económico local) o Ciegsa (de la Generalitat, que construía colegios), ambas dirigidas por el PP. Algunos de ellos ni siquiera aparecían por el centro de trabajo. Son los llamados trabajadores zombis. Y segundo, el abogado de Rus ha fracasado en su petición de nulidad del proceso al tratar de poner en duda los pendrives que recogían las grabaciones que en su día hizo Benavent a varios dirigentes populares y que son la base de buena parte de las piezas del llamado de manera genérica caso Taula, Tampoco ha conseguido que se anulen esos audios como prueba en esta pieza también denominada caso Imelsa.
La gran mayoría de las contrataciones en cuestión (13) tenían al vinculación personal o profesional con el PP. Entre ellas, estaba por ejemplo un exjugador del Olímpic de Xàtiva, el club que presidía Rus en la localidad en la que además era alcalde. Pero también hay tres contratados que tenían relación aparentemente con el PSPV-PSOE.
Uno de esos tres zombis con relación con el partido socialista, Francisco Javier Cañizares, ha estado a punto de hacer que se suspendiera el juicio al renunciar a su abogada y pedir uno de oficio. Además, ha venido a ratificar los argumentos de la Fiscalía que aseguraba en su escrito que “jamás” acudió a Imelsa y que trabajada para el PSOE. “Me han puesto la abogada y quieren que diga que trabajaba en Imelsa pero trabajaba en el PSOE en mantenimiento. ¿Tengo que ir con un abogado que dice lo contrario que yo? Quiero a un abogado que diga la verdad”, ha señalado tras ser requerido por el tribunal a explicar esta decisión de última hora cuando el proceso lleva años en marcha.
Según la instrucción, Cañizares estuvo contratado casi cuatro años en Imelsa y cobro algo más de 108.000 euros y aunque teóricamente debía ser asesor de Toni Gaspar, entonces diputado y ahora presidente de la Diputación, nunca ejerció esa función. Pese a que su letrada también ha renunciado a su defensa tras oírlo, el tribunal ha rechazado ambas peticiones y ha establecido que el proceso continúe.
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El expresidente popular ha entrado a la Ciudad de la Justicia rodeado de una notable expectación mediática pero calmado. “Estoy muy tranquilo. Ya tenía ganas yo, siete años… Ya tengo ganas por lo menos de hablar, porque mis abogados no me dejan”, ha asegurado. No obstante y aunque estaba previsto que fuera el primero en declarar, finalmente se ha acordado que lo hicieran en primer lugar los acusados que han admitido a los hechos por lo que habrá que esperar para escuchar su versión. Aún así esta primera jornada se usó para las cuestiones previas.
Su abogado ha puesto en duda la validez como prueba del pendrive que entregó en su día a la Fiscalía la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez y que incluía las grabaciones que Benavent hizo a diversos dirigentes populares. Esa memoria, de marca Kingston, era una copia de otra, de marca Intenso, que tenía Mariano López, exsuegro del yonki del dinero y que asegura que se las encontró en un ordenador que había en una casa de campo que tenía y en la que ambos coincidían habitualmente cuando estaba casado con su hija. En los audios se encuentra la grabación en la que, supuestamente, Rus contaba un fajo de billetes.
“No era un pendrive legalizado, su volcado no ha sido autorizado por nadie y no ha habido cadena de custodia”, ha asegurado el letrado de Rus, que ha señalado que tanto Pérez como López hicieron “una selección de grandes éxitos” y los manipularon. “Sin él, no habría caso Taula”, ha sentenciado. Su petición, a la que se sumaron muchos otros letrados, fue descartada por el tribunal a la espera de escuchar el resultado de la prueba pericial realizada por esta parte y tras asegurar la Fiscalía que la custodia fue correcta, que la UCO analizó el pendrive Kingston y que, tal y como se ha probado, en las dos memorias “los audios son exactamente los mismos y están sin manipular”. Tampoco se admitieron otras peticiones que alegaban que esos audios le fueron robados a Benavent por su exsuegro.
La Audiencia ha unido las piezas de los 16 trabajadores zombis ficticios que al parecer se contrataron en empresas públicas dependientes de la Consejería de Educación (Ciegsa) y de la Diputación de Valencia (Imelsa).
En el caso de Ciegsa, la Fiscalía apunta que fue el antiguo secretario autonómico Máximo Caturla, quien “siguiendo las órdenes de Alfonso Rus”, del que era uno de sus dirigentes de confianza, contrató “al menos cuatro personas” que eran todos afiliados o simpatizantes del PP. Lo hizo sabedor que “no iban a desempeñar ninguna función dentro de la empresa, produciendo un desvío de fondos públicos en beneficio personal de los acusados”.
En cuanto a Imelsa, “con clara finalidad de clientelismo político y personal” se usó la empresa pública “para repartir favores utilizando los fondos públicos”, según el Ministerio Público. Las personas contratadas, según ese escrito, sabían que no iban a realizar ningún trabajo en Imelsa y que su contratación correspondían a interés “personales, profesionales o de partido” de Rus, Benavent y Emilio Llopis, jefe de gabinete de Rus.
Entre los contratados estaba un futbolista del Olímpic de Xàtiva, que presidía Rus, un ama de casa en paro de esta misma localidad o un amigo personal del que fuera presidente provincial del PP. Pero, además, desde Imelsa se pagaron los sueldos de dos trabajadores de la empresa de comunicación La Gráfica, algo que ha reconocido su dueño, Jose Adolfo Vedri, que ha devuelto el dinero que cobraron. También lo ha devuelto José Esterlich, contratado por su amistad con Benavent.
En la empresa pública se hicieron otras seis contrataciones, tres de ellas vinculadas al PP pero otra tres al PSPV. Además de a Cañizares, la Fiscalía apunta a otras dos. “Aprovechando la situación creada y lejos de denunciar la situación como consejero de Imelsa, el acusado Rafael Rubio, consejero de la empresa pública por el PSOE, solicitó el favor al gerente Marcos Benavent para la contratación de dos personas allegadas al partido socialista que estaba en paro”, explica la Fiscalía. Rubio figura también como acusado en la trama Azud por haber, supuestamente, aceptado sobornos para no denunciar concreciones irregulares en el Ayuntamiento de València por parte de colaboradores y familiares de la exalcaldesa Rita Barberá.
