La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal que se apropiaba de las propiedades de ancianos, principalmente extranjeros, que fallecían en España y que, en gran parte, no tenían herederos conocidos. La organización delictiva aprovechó del aumento de muertes que se produjeron durante la pandemia de covid-19 para inscribir a su nombre inmuebles que no les pertenecían. Según la investigación, se apoderaban de todo tipo de objetos de valor, como apartamentos, y después los utilizaban para sus negocios, alquilándolos, por ejemplo, para blanquear dinero o evadir impuestos. Hasta el momento se han identificado 22 apropiaciones de herencias, pero la investigación sigue abierta.
El pasado octubre fueron detenidos ocho de sus integrantes, entre ellos dos empresarios vascos, dos trabajadores de un tanatorio alicantino, otro de un geriátrico y un exfuncionario de un ayuntamiento de la misma provincia con acceso al Registro Mercantil. A pesar de ello, los investigadores han constatado que la banda seguía alquilando el 15 de marzo bienes que ya se habían recuperado.
La operación, bautizada por la Guardia Civil como Mano Negra, arrancó en mayo de 2021 en Benissa (Alicante, 11.871 habitantes), una localidad turística de la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia, donde los agentes habían precintado una vivienda tras la muerte de su propietario, hasta poder encontrar un heredero. Sin embargo, poco después fueron alertados de que se le había quitado el precinto policial y que de su interior se habían sustraído varios objetos de valor, entre ellos una motocicleta Harley-Davidson. También supieron que habían reformado el inmueble y se ofertaba en una plataforma de alquileres vacacionales.
La investigación no tardó en identificar a dos trabajadores de un tanatorio de una localidad de la misma comarca, que “robaban joyas a los difuntos no reclamados por familiares, pasaban información para robar en sus viviendas y obtenían sus claves bancarias”, relata la Guardia Civil.
Estos arrestos condujeron a los investigadores responsables del caso, de la Policía Judicial de Calp, hasta los considerados cabecillas del grupo, dos hermanos de Bilbao ―una mujer de 63 años con conocimientos de Derecho y un hombre de 54 años que trabajaba como mediador de seguros―. Además del entramado de empresas que tenían a su nombre, 12 en el caso de la mujer, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y una correduría de seguros en el caso de su hermano, los líderes de la banda usaban una empresa de construcción, otra de seguros, un taller mecánico de Bilbao, dos hoteles de las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante de Dénia (Alicante) y dos sociedades en Irlanda y Malta para exprimir, a través de la evasión de impuestos, todo el dinero posible de las viviendas que sustraían a los fallecidos sin herederos. “Incluso se hicieron con una asociación cultural bilbaína” en la que inscribían a sus víctimas para simular donaciones e impagos de cuotas. El negocio funcionaba, pero “durante la pandemia, con el aumento de fallecimientos y la burocracia paralizada a causa del confinamiento”, se convirtió en una mina de oro.
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Una vez daban con un fallecido de edad avanzada y, a primera vista, sin herederos que pudieran reclamar sus posesiones, la trama movía todos sus hilos. En ocasiones, falsificaban contratos mercantiles para convertir a los difuntos en avalistas de sus empresas para quedarse con sus bienes por responsabilidad patrimonial. En otros casos, el exfuncionario del Resgistro Mercantil les asesoraba y modificaba el catastro para inscribir a su nombre las propiedades. Y había viviendas en las que utilizaban el proceso de usucapión ―también llamada prescripción adquisitiva―. Consiste en el uso prolongado de las propiedades y el pago de sus impuestos y suministros para, pasado un plazo que se fija por ley, hacerse con ellos.
Según las investigaciones, utilizaban sus propias inmobiliarias, situadas en Dénia y en el País Vasco para alquilar y vender los inmuebles. No dejaban ni un fleco suelto. El empleado de un geriátrico detenido en esta operación “obtenía documentación y claves bancarias de las víctimas”, señala el instituto armado, “y llegó a transferir más de 112.000 euros de dos nonagenarias residentes en España de nacionalidades alemana y suiza a las cuentas bancarias del grupo criminal”.
Los investigadores llegaron a acreditar que la banda se había apropiado al menos de 20 inmuebles valorados en conjunto en más de tres millones de euros. Cuatro de estas viviendas se encuentran en París. También han identificado a 22 fallecidos, de nacionalidades española (2), francesa (5), suiza (4), alemana (8) y belga, británica y finlandesa (1) que se convirtieron en víctimas del entramado criminal.
Ante el inminente riesgo de fuga de uno de los líderes de la organización, la Guardia Civil decidió actuar en octubre con siete registros efectuados en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia, que derivaron en ocho arrestos, entre ellos los de los dos cabecillas. Además, en el marco de la misma operación fueron investigadas tres personas más. A todos ellos se les imputan los delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas. El juzgado de instrucción 2 de Dénia decretó el ingreso en prisión sin fianza de la empresaria vasca y medidas cautelares para el resto.
Sin embargo, la actividad de la banda no se detuvo, señalan a EL PAÍS, fuentes de la investigación. El pasado 15 de enero, se volvió a detener a una de estas personas por nuevos hechos relacionados con la misma trama. Y el 15 de marzo, los agentes volvieron a tomar declaración a uno de los acusados porque seguía alquilando algunas de las viviendas que ya habían sido recuperadas. Los investigadores no descartan que el número de víctimas pueda aumentar.
