La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves en el juicio de la pieza del caso Púnica relativa a León que se sigue en la Audiencia Nacional una sentencia condenatoria al considerar probado el “mecanismo perverso” que la trama instauró en la Diputación leonesa y que el ministerio público entiende que idearon, el supuesto conseguidor de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.
Durante la exposición de su informe durante dos horas, la Fiscalía ha puesto el foco en la llegada de la trama a la Diputación de León. “Ante las noticias negativas que se publicaban” sobre quien entonces era su presidenta, Isabel Carrasco, esta entró “en contacto con el tándem” formado por Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa con quienes, por mediación del entonces vicepresidente Martín Marcos, se “concertó” una serie de trabajos para mejorar la reputación.
“Estos [trabajos] tenían como finalidad casi exclusiva que los buscadores de Google desplazasen las noticias negativas y que solo apareciesen noticias positivas o neutras relacionadas con su actividad”, ha detallado la fiscal, que ha sostenido que en aquel concierto no solo participaron Carrasco y Martínez, sino también otras personas que lograron que los servicios “no los abonase la presidenta, sino el erario público”.
El ministerio público considera que ha quedado “probado el mecanismo perverso” del que se valieron los acusados, que habrían validado facturas y autorizado distintos pagos para poner “a disposición de la presidenta un presupuesto que superó” el medio millón de euros en algunos casos. La trama, apunta la Fiscalía, continuó tras la muerte de la presidenta de la diputación y también líder del PP provincial, que fue brutalmente asesinada en mayo de 2014, a los 59 años.
En este contexto, la Fiscalía ha afirmado que “fruto de esos trabajos del tándem se creó una confianza” con Carrasco y Marcos “que llevó a que una vez fallecida [Carrasco]” la trama siguiese realizando esos trabajos, para el segundo, que sucedió a la asesinada y que se enfrenta a la pena más alta de las que se solicitan en el juicio: ocho años de prisión.
Según la descripción de la fiscal, añadidos a los trabajos de reputación se fueron ofreciendo también nuevos servicios: la contratación de periodistas, trabajos de asesoramiento político y la licitación de contratos relacionados con la explotación del complejo de las pistas de esquí de San Isidro. La Fiscalía ha expuesto que la trama de De Pedro y Conesa se extendió más allá de León y actuó en “casi 40 entidades públicas y consejerías” repartidas por otras provincias. Todo ello quedó plasmado en algunas de las intervenciones telefónicas expuestas en el plenario, una muestra, según el ministerio público, del tipo de “picaresca del Siglo de Oro español”.
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