Aragonès pone a prueba su estrategia negociadora ante las bases en el Congreso Nacional de ERC | Cataluña

Una partida sobre el futuro de los Presupuestos de la Generalitat se juega este sábado en Lleida. Allí se realiza la segunda parte del Congreso Nacional de Esquerra Republicana, con la votación de las ponencias política y organizativa. Se trata de un test de estrés para la estrategia negociadora del Pere Aragonès tanto con el PSC como el PSOE y del Govern monocolor que preside. La reunión del máximo órgano de la formación se solapa con un momento muy crítico de la negociación del pacto presupuestario con el PSC, de cuyo éxito depende la solidez de la acción del Ejecutivo. Entre las enmiendas recibidas para la ponencia figuran temas espinosos en las conversaciones con los socialistas, como la ampliación de El Prat. La dirección sigue defendiendo el rechazo al plan “impuesto” por Aena que piden algunos miembros de las bases, pero cuidándose de cerrar la puerta a otros escenarios de mejora. Y, por tanto, mantener el puente con los de Salvador Illa.

Desde que Junts abandonó el Ejecutivo catalán, en octubre pasado, Aragonès y los suyos disfrutan de las mieles agridulces del poder. El partido que preside Oriol Junqueras hace gala de sus mayores cuotas de poder e influencia en el Gobierno central; ha conseguido cosechar los frutos de su apuesta por el diálogo con la reforma del Código Penal que mejora la situación de los líderes condenados por el procés y se acerca a su sueño de ser la fuerza central de la política catalana. Pero, de otro lado, vive las durezas de la soledad en el Parlament (ha perdido más de un centenar de votaciones) y esto ha sido especialmente duro en la negociación de las cuentas.

ERC solo tiene 33 diputados de los 135 escaños del Parlament. Ya hay un acuerdo con En Comú Podem (9 votos), pero necesita de más apoyos, bien sea los de su exsocio o los de los socialistas. El PSC logró esta semana que los republicanos cedieran en aceptar la culminación de la B-40, una autovía orbital de Barcelona, diseñada en el franquismo, que en ERC cuestionan por su impacto ambiental. Pese a que el propio Aragonès intentó vender el cambio copernicano como su cesión ante el último escollo para cerrar las cuentas (que si todo llega a feliz puerto entrarían en vigor en abril), el propio Illa señaló la ampliación del aeropuerto como el tema principal que queda por cerrar.

Los republicanos tienen claro que el PSC actúa por “electoralismo” con la dilatación del pacto presupuestario. De hecho, tanto en el Parlament como en el propio Govern, defienden el cambio sobre la B-40 como un ejercicio de “responsabilidad”, insistiendo en que no es su modelo. Aragonès dijo el pasado jueves que asumía “el desgaste político” de la decisión y eso se podrá medir en el Congreso en Lleida. A eso, sin embargo, se añadirá el tema del aeropuerto y cómo logrará combinar lo que piden hasta 4 enmiendas sobre El Prat y las exigencias del PSC para firmar el pacto.

No es baladí que los negociadores del Govern y del PSC se hayan emplazado el lunes a seguir con las conversaciones. Los ojos están en el texto que acaben votando las bases en Lleida. Entre esas cuatro enmiendas presentadas está una del exportavoz del partido en Madrid, Joan Tardà, y que fue elevada por la federación del Baix Llobregat. En ella se busca “poner en valor el posicionamiento del Govern en contra del proyecto de ampliación del aeropuerto presentado por Aena y el Gobierno”. En septiembre de 2021, el Consejo Nacional del partido aprobó un texto similar en el que se rechazaba ampliar la tercera pista “afectando el espacio protegido de La Ricarda [dentro de la red Natura 2000 de la UE]”.

Aragonès se enfrenta así a tener que acoger la voz de las bases sin darle un portazo a los socialistas. El debate está servido. Voces dentro del partido defienden que temas sectoriales de este tipo no deberían estar dentro de una ponencia, que quieren concebir con más enjundia y fondo político. Con todo, no habrá un debate específico sobre este tema en Lleida, pues solo llegan vivas dos enmiendas: una sobre la mención al caso de Montenegro en el Acuerdo de Claridad sobre el referéndum (la hoja de ruta sobre las condiciones para una votación pactada, que el Gobierno rechaza) y otra sobre la participación de valencianos y mallorquines en las listas electorales catalanas.

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