Las protestas y los cortes de carreteras de los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mantienen este viernes en la mayoría de los departamentos del país, sobre todo en el sur, donde quedó bloqueado también el acceso por tren al Machu Picchu. El estallido social que se inició el pasado 7 de diciembre tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo y su posterior detención ha elevado la presión contra el Gobierno, pero la mandataria y su gabinete han optado por atrincherarse. La hipótesis de explorar un diálogo entre las autoridades y los manifestantes aún no está sobre la mesa. Boluarte acusó el jueves a los que participaron en la primera marcha que buscaba llegar hasta el centro de Lima de intentar “generar caos para tomar el poder”.
Los violentos enfrentamientos que se registraron en algunos barrios en la capital continúan este viernes en varias provincias del interior, de Arequipa a Puno. Allí es donde se ha producido la mayor represión policial y donde murió otro joven, el número 55 desde que empezó la crisis. El despliegue policial de casi 12.000 efectivos impidió que las organizaciones civiles de la sierra que vertebran la protesta alcanzaran el Congreso y el Palacio de Gobierno, pero no detuvo la ola de indignación que recorre el país andino.
Las fuerzas de seguridad tenían la misión de aminorar el impacto de la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos, así bautizada en referencia a la movilización que acabó con el régimen de Alberto Fujimori. La gran incógnita era si los limeños se sumarían en masa, lo que sucedió hasta cierto punto el día anterior a la marcha. Los estudiantes de las principales universidades públicas de la capital, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), les habían tendido la mano a los manifestantes, ofreciéndoles refugio y donaciones.
Miles de personas empezaron a desfilar a as cuatro de la tarde en diversos puntos de la capital. El cerco policial y la falta de organización de los manifestantes hicieron que la convocatoria quedara lejos de su objetivo de acercarse al corazón del poder político limeño. Hubo cargas policiales en Abancay, una avenida estratégica que conduce hasta la sede del poder legislativo. No hubo muertos, aunque sí se registraron algunos heridos. A diferencia de las regiones de la sierra sur, en la capital la policía no empleó armas de fuego y la estrategia para controlar las movilizaciones no fue la misma que en anteriores ocasiones.
Al atardecer, la plaza San Martín del centro de Lima parecía un marco favorable para la protesta. Fue en ese preciso instante cuando una vieja casona de una de las esquinas de la plaza comenzó a arder. En medio de la confusión, la policía recuperó terreno, cercando otra vez la plaza. A medida que el fuego consumía el inmueble, se consumió la marcha. Y los manifestantes acabaron por dispersarse. Se necesitaron más de cinco autobombas y tres cisternas de agua para controlar el incendio. Un grupo de vecinas, que no se identificaron, señalaron que el siniestro fue provocado por una bomba lacrimógena que cayó en la azotea, aunque el Gobierno lo niega.
Mientras las llamas del edificio teñían de rojo el cielo de la capital peruana, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, en el que lejos de empatizar con un gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, repudió la protesta al tildar a los manifestantes de “malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho”. Aseguró que “el Gobierno está firme” y su gabinete “más unido que nunca”. Mientras tanto, en el sur fallecía un ciudadano que había quedado gravemente herido el día anterior por el impacto de un arma de fuego. Se trataba de la segunda víctima de Macusani, provincia de Carabaya, donde un grupo de pobladores incendió una comisaría y la sede del Poder Judicial en la noche del miércoles. Pero no fue el único incidente en la región que colinda con Bolivia. Nuevamente, los habitantes intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y se enfrentaron a la policía. El resultado: siete civiles y dos agentes heridos.
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En Arequipa, la convulsión sumó la víctima número 55 del conflicto. Jhancarlo Condori Arcana, un hombre de 30 años que recibió una herida letal en el abdomen. En la Ciudad Blanca los manifestantes también trataron de ingresar por la fuerza al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pero no lo consiguieron. El Ejecutivo declaró a las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna en estado de emergencia durante 30 días. Después de esta primera gran marcha en la capital, los manifestantes se mantendrán en las calles.
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