El ministro Arturo Zaldívar es considerado por los analistas jurídicos más un político con toga que un juez. Ministro sin carrera judicial —es decir, no pasó por juzgador y magistrado antes de llegar a la Suprema Corte—, Zaldívar se ha abierto camino en el circuito jurídico por su tesón de litigante progresista, pero también gracias a las alianzas externas que ha formado con actores políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador en primerísimo lugar. El mandatario encontró en Zaldívar a un aliado dentro del máximo tribunal para impulsar reformas constitucionales útiles a su Gobierno y para emprender una purga de jueces corruptos y otros que le resultaran incómodos. Zaldívar, que ahora aboga por la austeridad en el ejercicio público, por el feminismo y por los pobres de México, recibió a cambio un cheque en blanco que podrá canjear en el futuro por algún cargo público fuera del poder Judicial una vez que concluya su mandato como presidente de la Corte este 31 de diciembre.
Hábil lector de hacia dónde soplan los vientos políticos, Zaldívar, de 63 años, ha sabido cambiar de rumbo su barco para ir con la corriente. A la manera de López Obrador, entendió el poder del contacto simbólico con el pueblo. Durante su mandato en la Corte instauró una conferencia de prensa periódica (antes era impensable que los ministros del Supremo comparecieran ante los medios) e hizo un ferviente uso de las redes sociales, lo mismo para recomendar canciones en Twitter que para hacerle saber al mundo su amor por la música de Taylor Swift a través de Tiktok.
En un sexenio, el ministro pasó de neoliberal a defensor del Estado fuerte y austero. En 2014, cuando el Congreso aprobaba las reformas estructurales patrocinadas por la Administración de Enrique Peña Nieto —que posibilitaban la inversión de empresas extranjeras en la explotación de los bienes nacionales—, escribió que la Suprema Corte debía contribuir a “la transformación de México”, al “crecimiento económico” y al “desarrollo como un objetivo social”, todas expresiones características del discurso del Gobierno en turno. Para noviembre de 2018, cuando ya era presidente electo López Obrador —que siempre criticó las reformas priistas—, Zaldívar adoptó una crítica al “orden institucional imperante”, a la “corrupción endémica”, la “desigualdad histórica” y el derroche de recursos públicos del poder Judicial, y dijo que la Corte debía “dar una respuesta institucional clara a los reclamos manifestados a través de las urnas”.
El vaivén de Zaldívar tiene una explicación. En enero 2015 intentó por primera vez ser presidente de la Corte, pero perdió ante Luis María Aguilar, un juez —él sí de carrera— impulsado por el ala conservadora del Supremo y que contaba con la simpatía de Peña Nieto. La elección en el pleno fue reñida, y Aguilar logró el desempate a su favor después de 30 rondas de votación. El segundo intento de Zaldívar, el definitivo, vino cuatro años después, tras el avasallador triunfo de López Obrador en las elecciones de 2018. Zaldívar, esta vez, lo tuvo más fácil y logró un cerrado apoyo de la mayoría de los togados —seis contra cinco— en la primera ronda de votación. La dirección de los vientos había cambiado y él navegaba con la corriente.
Al asumir como presidente, Zaldívar dijo que en su mandato la Corte se abriría al diálogo con los demás poderes. “Independencia no es aislamiento”, declaró entonces. El diálogo anunciado se convertiría en una apertura de puertas desde y hacia el Ejecutivo. “Zaldívar se terminó presentando como una suerte de mediador o posible enlace entre la Cuarta Transformación y el poder Judicial, un poder Judicial en el que el nuevo Gobierno no necesariamente confiaba”, resume Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La relación de entendimiento entre López Obrador y Zaldívar fue tal que, con el beneplácito de Palacio Nacional, el ministro intentó extender su periodo como presidente de la Corte por dos años más. La maniobra, que formaba parte de una reforma judicial que pergeñó él mismo, no prosperó al interior de la Corte, lo que demostró que, si bien es un buen negociador afuera, dentro de la torre de marfil judicial había perdido el frágil consenso que lo puso en la silla presidencial del pleno. “Creo que Zaldívar se dio cuenta de las limitaciones de su posición. Nunca ha sido un ministro particularmente popular en el pleno. Y esa falta de fuerza interna que ha tenido en el poder Judicial —porque es un ministro externo y no de carrera— la ha tratado de compensar con apoyos desde fuera”, valora Reyes.
El ministro aliado
Zaldívar es indiscutiblemente un togado progresista. Es padre de la sentencia que en 2016 legalizó el uso de la marihuana recreativa y acompañó el proyecto de la exministra Olga Sánchez Cordero que ordenó la liberación de Florence Cassez, ciudadana francesa acusada de secuestro mediante un expediente armado a modo por la policía de Genaro García Luna. Con él como presidente, la Suprema Corte se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres. En su gestión se aprobó por unanimidad una sentencia histórica que despenaliza el aborto en todo el país o la consideración de violación también dentro del matrimonio, y se impulsaron los concursos de oposición que privilegian que más mujeres se incorporen como juezas de distrito.
Durante su presidencia, también, el Supremo ha prestado más oído a los deseos de Palacio Nacional. Tres asuntos comprueban la eficacia de Zaldívar como un operador del Gobierno en la Corte. Quizá el más polémico ha sido el relacionado con la reforma eléctrica de López Obrador, con la que el mandatario logró que la paraestatal eléctrica CFE tuviera preferencia en las contrataciones sobre sus competidores privados. En la discusión en el pleno, ocho ministros se pronunciaron a favor de invalidar los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, pero Zaldívar concluyó que hubo siete votos en ese sentido, con lo que no se alcanzaba la mayoría calificada para echar atrás la legislación, que quedó como la reformaron los legisladores y a gusto del presidente López Obrador.
El ministro también tuvo un papel decisivo en la votación sobre la eliminación de la prisión preventiva de oficio, una medida punitiva muy criticada por organizaciones de derechos humanos, pero que Palacio Nacional quería a toda costa mantener válida en la Constitución. El proyecto original del ministro Aguilar proponía declararla inconstitucional para todos los delitos, pero no alcanzó la mayoría (Zaldívar votó en contra) y el ponente tuvo que atenuar sus alcances y solo consiguió que la medida se invalidara únicamente para los delitos fiscales.
El último ejemplo está relacionado con la consulta popular impulsada por López Obrador y su partido, Morena, “para enjuiciar a los expresidentes”. La Corte discutió si era constitucional que la aplicación de la justicia se sometiera a consulta de las mayorías, en el entendido de que, en todo caso, si existen delitos cometidos por exfuncionarios públicos, estos deben ser denunciados y debidamente investigados por la Fiscalía, lo quiera el pueblo o no. En una votación dividida, el Supremo aprobó la consulta, con Zaldívar a la cabeza. No pasó inadvertido que la posición del ministro presidente esta vez contrastaba con la postura que asumió en 2014, cuando votó en contra de una consulta popular sobre la reforma energética del Gobierno de Peña Nieto.
“Zaldívar nunca generó enormes consensos internos y a lo que jugó fue a utilizar las presiones externas para sacar las decisiones en la Corte. Terminó siendo más una especie de agente de López Obrador al interior del poder Judicial. Muchas de las decisiones importantes se explican así”, sostiene Reyes. Juan Jesús Garza Onofre, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que Zaldívar ha usado a su favor, no de la Corte, su derecho de picaporte en Palacio Nacional. “Esto habla de un personaje que está viendo más allá de este sexenio. Está jugando dos cartas: una con López Obrador, al hacer creer que él es el indicado para tener interlocución con el presidente de la República, y otra al interior de la Corte, para influir en las decisiones de los ministros”, afirma el académico.
Garza señala que desmontar la relación entre el poder Ejecutivo y Judicial tejida por Zaldívar, de subordinación más que de autonomía, será un duro desafío para la persona que asuma la presidencia del máximo tribunal, tras la elección que tendrá lugar el próximo lunes. “Será la elección más importante en la historia contemporánea del poder Judicial, porque quien gane enfrentará no solamente los dos últimos años de Gobierno de López Obrador, sino a la próxima Administración que resulte de 2024. Sea quien sea, no le será fácil lidiar con la dinámica que dejó López Obrador respecto del poder Judicial”, explica. La Corte ha entrado al proceso de relevo de su presidente en medio de la polémica de plagio intelectual que envuelve a la ministra Yasmín Esquivel, candidata a suceder a Zaldívar. Los otros aspirantes inscritos en la contienda son los ministros Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Norma Piña.
En su último informe de labores al frente de la Corte, Zaldívar dio un discurso que pareció confirmar los augurios de los especialistas sobre cuál será su futuro político. Dijo el ministro, la toga aún puesta: “Seguiré comprometido en cualquier responsabilidad que asuma en los próximos meses y años por un país próspero, más igualitario y más justo, que nunca olvide que debemos tener una opción preferencial por los pobres de México”.
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