Familias, educadores y autoridades respiraron aliviadas en Brasil cuando el pasado jueves terminó la jornada lectiva en todo el país y millones de escolares regresaron a sus hogares sin novedad. Llevaban todo el día con el corazón en un puño, temerosos de que alguien intentara aprovechar el 24 aniversario de Columbine para emular la matanza que marcó un antes y un después en Estados Unidos. Brasil asiste con espanto y honda preocupación a un patrón novedoso en estas tierras, pero arraigado en EE UU: masacres perpetradas en escuelas por alumnos presentes o pasados. Nueve casos ha habido en los últimos nueve meses en Brasil. Es decir, en ese cortísimo lapso han ocurrido casi la mitad de los 22 casos de las últimas dos décadas que cercenaron la vida de 36 críos y profesores. De epidemia lo califica el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El ataque más reciente, el 5 de abril, no está en esa cuenta porque lo protagonizó un enfermo mental víctima de un brote psicótico, pero fue brutal y los medios reaccionaron de inmediato: “El nombre y la imagen de los autores de los ataques jamás serán publicados, como tampoco los vídeos de sus acciones”, anunció solemne esa noche el presentador del principal noticiero nocturno en nombre del Grupo Globo, el mayor de Brasil. Un paso más en una política que ya limitaba la difusión: antes publicaban la identidad y la foto una sola vez.
Bien fresco estaba aún el horror causado horas antes por el asesinato de cuatro niños en una guardería de Blumenau, la ciudad famosa por acoger la Oktoberfest. Solo unos días antes, un alumno de 13 años mató a puñaladas a una profesora e hirió a cuatro personas en São Paulo.
El diario Estadão, los canales de televisión CNN Brasil y Band adoptaron compromisos similares al de Globo con el fin declarado de seguir las recomendaciones de los especialistas para evitar glorificar a los autores de estas masacres y neutralizar el efecto contagio. Unos 300 aspirantes a imitadores han sido detenidos, se han eliminado 750 perfiles en redes y el canal gubernamental de denuncias anónimas Escola Segura ha recibido más de 7.000 avisos. Se ha desatado una fiebre de compra de detectores de metales para colegios. Y gobernadores anuncian guardas armados en los colegios.
El paso no es unánime entre los grandes medios. El periódico Folha de S.Paulo decidió publicar el nombre y una foto del asesino de Blumenau, pero sin destacarla.
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Danila Zambianco, que participa en una investigación sobre las matanzas escolares que desarrolla la Universidad Unicamp, de Campinas (São Paulo), sostiene que “no existe una bala de plata” para atajar este complejo fenómeno, pero considera imprescindible combatir el arraigado efecto contagio. “Estos chavales viven en comunidades impregnadas de una subcultura extremista y se inspiran en otros ataques, aprenden de ellos”, explica. Considera imprescindible informar de los casos porque, recalca, “la gente tiene que saber que ese horror existe, pero sin dar el nombre y la foto porque muchos de estos chavales usan el discurso del odio y buscan notoriedad. ¡Estoy en el periódico! ¡Soy famoso!”.
El equipo de investigación de la Unicamp apunta varios factores que explican el aumento de casos: la cultura de la violencia, la presión para sacar los asuntos políticos del aula, la mayor inmersión online que trajo la pandemia… Entre sus propuestas, más control de las armas de fuego, más vigilancia en redes, leyes para que las tecnológicas asuman más responsabilidad. Los agresores suelen ser hombres blancos.
Matanzas retransmitidas en directo
Los autores de algunas de las matanzas más escalofriantes de los últimos años las anunciaron a sus seguidores en redes o incluso las retransmitieron en directo. El discurso de aniquilación del otro anida a la vista de millones de críos y adolescentes.
Cuatro años han transcurrido desde el ataque en la escuela brasileña de Suzano, que en Brasil supuso un parteaguas (y modelo macabro). Cuenta la especialista que en aquella época había que adentrarse en la deep web (la trastienda de internet) para encontrar esos foros que se alimentan de odio, sea en forma de racismo, misoginia, homofobia, etcétera, pero alerta de que “hoy el algoritmo te lleva de manera más fácil [a esos contenidos], ahora está en la superficie, en TikTok, en Telegram, en Twitter”.
¿De qué sirve que las televisiones, radios y periódicos borren o escondan sus nombres y sus caras si son idolatrados en redes, donde a menudo se convierten en toda una marca que adoptan como avatar miles de perfiles anónimos?
En esa línea, el diario digital Poder 360 anunció a sus lectores que seguirá dando esas informaciones básicas “de manera periodística y sobria”. “Consideramos que en el siglo XXI, en la era digital, es imposible evitar ese tipo de divulgación”, añadía. Brasil —un país que consume grandes dosis de desinformación y noticias falsas— debate hace años sobre una regulación de las redes.
Ante esta crisis, el Gobierno de Lula da Silva convocó a una reunión en Brasilia a las grandes tecnológicas. Al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, le sacó de sus casillas que la jurista que envió Twitter le hablara de los términos de uso: “Le he dejado claro que los términos de uso no están aquí por encima de la Constitución, de las leyes y de las vidas de niños”, bramó en una rueda de prensa.
El foco sobre las víctimas
No Notoriety es una campaña que persigue desde hace años en Estados Unidos lo que los especialistas recomiendan para Brasil: menos altavoz a los asesinos y más ojos sobre las vidas que arrebataron o alteraron para siempre.
El día que un extremista islamófobo fue condenado a cadena perpetua en Nueva Zelanda por matar a 51 musulmanes en dos mezquitas de Christchurch, la entonces primera ministra, Jacinda Ardern, afirmó: “Espero que sea la última vez que tengamos motivo para escuchar el nombre del terrorista”. Ella nunca lo pronunció en público. La mayoría de los medios lo omitió en los meses siguientes al atentado. Y el juez ordenó que el rostro del asesino fuera pixelado en las fotos distribuidas en este país insular.
En Noruega no le borraron la cara al extremista de ultraderecha que perpetró la matanza de Utoya, pero, desde el día que mató a 77 personas (incluidos 67 adolescentes en un campamento del Partido Laborista), para todo el país se convirtió en “el perpetrador”.
Abraji, la asociación de periodismo de investigación de Brasil, destaca que aún no tiene “una postura cristalizada sobre los reglamentos a adoptar” ante este fenómeno relativamente novedoso en el país. La asociación de periodistas de educación les ha instado a preparar juntos unas recomendaciones. Katia Brembatti, presidenta de Abraji, defiende la autorregulación: “Somos contrarios a cualquier medida impositiva que suponga cercenar el trabajo de la prensa. En vista de la cobertura de los últimos ataques en Brasil, algunos políticos defienden que se prohíba divulgar los nombres de los implicados en los ataques a escuelas. Creemos que es la prensa la que debe analizar la situación y definir las mejores prácticas en cada caso”. Si el agresor huye, apunta, difundir su foto y su indumentaria tendrá enorme valor para localizarlo.
Detenidos o muertos los autores de las masacres, enterradas las víctimas, quedan los supervivientes. Zambianco está entre quienes se encargan de dar un nuevo significado a las aulas y patios que han sido escenario de ataques violentos para que el alumnado y el profesorado puedan retomar sus actividades sin que les persiga la pesadilla. “Necesitamos resignificar el lugar”, recalca.
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