Andrés Manuel López Obrador lanzó un órdago en primavera. Durante una de sus conferencias matutinas anunció un ambicioso vuelco a la regulación electoral que pasaba por cambiar hasta 18 artículos de la Constitución. El plan de máximos del presidente provocó un reagrupamiento de la oposición y acabó muriendo en la orilla al no disponer Morena de los votos suficientes para sacar adelante reformas constitucionales por su cuenta. Pero, igual que sucedió con la reforma eléctrica, el presidente tenía guardada otra carta en la manga: un paquete de leyes secundarias que solo necesitan la mayoría simple de Morena y sus aliados.
Por el camino se habían quedado parte de los cambios más polémicos, como la reducción del número de diputados y senadores o que los consejeros electorales fueran elegidos de forma directa por la ciudadanía. “Claro que no es lo mismo una reforma constitucional que una de ley. Pero algo es algo”, dijo el mandatario a principios de diciembre confiado en que todo había quedado bien atado. Su “plan B” no iba ser más que un trámite en el Congreso. Lo que el presidente no había previsto era que una negociación que se dio a sus espaldas amenazaba con tirar por tierra su plan.
El paquete legislativo con el visto bueno de Palacio Nacional llegó a la Cámara de Diputados el 6 de diciembre y se aprobó por la vía rápida. Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) impusieron su mayoría legislativa para desahogar el asunto apenas horas después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregara a los diputados el “plan B”. El llamado fast track provocó las críticas de la oposición al evitar con el rodillo parlamentario la discusión a fondo en la Cámara. Pero el mayor problema para la viabilidad de la reforma no estaba esta vez en la bancada opositora, sino entre los socios minoritarios de Morena, que tenían su propio plan alternativo.
El Partido Verde y el PT presionaron desde días antes de la votación al jefe de la bancada morenista, Ignacio Mier, para que se añadiera al proyecto de López Obrador una sutil modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ese artículo, que regula las candidaturas comunes, prohíbe expresamente que los partidos de una coalición se transfieran o distribuyan entre sí los votos obtenidos. La modificación impulsada por los aliados de Morena, apenas una línea, decía: “Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.
Con ese ligero cambio, el Verde y el PT buscaban revivir la cláusula de la vida eterna, una antigua disposición –ya anulada por la Suprema Corte de Justicia– que permitió durante años a los principales partidos transferir votos a sus socios minoritarios para ayudarlos a alcanzar el mínimo requerido por la ley para evitar su desaparición y seguir recibiendo recursos públicos.
El mismo objetivo perseguía el segundo cambio. En un doble blindaje, los socios de Morena también solicitaron una modificación al artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que, para conservar el registro nacional, estos deben obtener al menos el 3% de la votación total emitida en una elección federal. El Partido Verde y el PT pidieron flexibilizar la norma: para permitir que los partidos pudieran mantener el registro si lograban ese 3% en la mitad de las entidades federativas, esto es, en 16 Estados.
Los encargados de conducir las negociaciones fueron Carlos Puente Salas, coordinador del Verde, y Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, según confirmaron dos fuentes legislativas a EL PAÍS. Mier no pudo más que ceder a las presiones de sus aliados, que son conscientes de que, sin sus votos, la bancada morenista no alcanza en la Cámara baja los votos requeridos para aprobar reformas legales. Morena cuenta con 202 integrantes, el Verde 42 y el PT 33. En medio del aprieto, para Mier resultaba mejor tragarse el sapo que quedar mal con el inquilino de Palacio Nacional. Lograda la negociación, el “plan B” de López Obrador fue aprobado sin contratiempos durante la madrugada del 7 de diciembre por el bloque oficialista. La minuta con el fruto envenenado fue enviada al Senado.
El falso borrador
El presidente López Obrador se enteró dos días después, el 9 de diciembre, de la modificación que sufrió su proyecto de reforma electoral. El mandatario, que tanto y tantas veces ha criticado el excesivo gasto que significa para el pueblo mantener a los partidos políticos, se dio cuenta de que, con el aval de Morena, se habían introducido a su plan de reforma varias líneas que, contrario a su voluntad, garantizaban a los partidos su perpetuidad. En un acto público, el propio Augusto López reconoció que le dijo a su jefe, el presidente, que se había tratado de un error: que las cláusulas añadidas a su “plan B”, efectivamente, estaban en un borrador que, por accidente, fue el que se aprobó en el pleno de San Lázaro. Desde su conferencia matutina, López Obrador ordenó que se enmendara el proyecto.
El mensaje llegó al Senado, al terreno de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, que ya había dejado ver su inconformidad con todo el “plan B” del presidente por contener, a su juicio, varias disposiciones inconstitucionales. El jefe morenista en el Senado está sumido en una batalla interna con la candidatura presidencial de fondo. Hace semanas que incluso negocia una posible salida de Morena en un arriesgado juego a dos bandas. El lunes, Augusto López acudió a la Cámara alta para cabildear con Morena y sus aliados los cambios ordenados por el presidente. En esa reunión se acordó retirar las cláusulas de la discordia.
Monreal se comprometió a que, si ese era un acuerdo firme, él procuraría la unidad del bloque para aprobar el “plan B” presidencial, pese a sus dudas sobre la constitucionalidad de todo el proyecto. Eso finalmente no sucedió. Monreal votó en contra. Y en paralelo a la discusión formal en el Senado se instaló una mesa de negociación alterna donde se acordó mantener los artículos convenientes para los socios morenistas. Monreal no fue incluido la mesa paralela. Mientras en las comisiones legislativas Morena elaboraba un dictamen en el que ya no figuraban las cláusulas de la vida eterna, como pidió el presidente, en la segunda mesa se hablaba de qué ruta se iba a seguir para mantenerlas.
En esa mesa participaron el secretario de Gobernación; el dirigente de Morena, Mario Delgado; la senadora Citlalli Hernández; Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; el diputado Sergio Gutiérrez Luna, operador de Delgado en San Lázaro; y Mario Llergo, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con las fuentes consultadas. Por el Partido Verde estuvo el diputado Carlos Puente, y por el PT, el diputado Fernández Noroña.
La intransigencia de los socios
Las fuentes afirman que en esa mesa se intentó convencer al Verde y al PT de acatar la instrucción de López Obrador, pero los socios morenistas, especialmente Puente, no cedieron. Augusto López logró que retiraran el artículo sobre el 3% de la votación en 16 Estados, pero el Verde y el PT fueron intransigentes en lo concerniente a la cláusula de la vida eterna. En la Cámara alta Morena también depende del apoyo de sus aliados aprobar leyes por mayoría simple. El partido del presidente cuenta con 60 legisladores, menos de la mitad del Senado. Con el Verde y el PT, suma otros 11 votos, suficientes para arrollar a la oposición.
El acuerdo alcanzado en la mesa alterna es lo que finalmente se materializó en la sesión del Senado del miércoles: Morena presentaría el dictamen elaborado en comisiones para que fuera aprobado en lo general, y el Verde propondría en la ronda de reservas reintegrar al proyecto su cláusula, con el compromiso de que Morena y PT votaría a favor, lo que sucedió al filo de la medianoche. El diputado Puente estuvo durante toda la sesión en la Cámara alta para cerciorarse del cumplimiento del pacto. “En el grupo parlamentario de Morena acordamos sacar la cláusula de la vida eterna y otras cosas que nos parecían excesivas porque rompían el espíritu de lo que buscaba el presidente. Pero el Verde y el PT presionaron hasta los últimos minutos y en la mesa terminaron por ceder. Por eso, de las reservas previstas, esa fue una de las que Adán Augusto le informó a Mónica Fernández casi recién iniciada la discusión”, explicó una de las fuentes.
López Obrador volvió a tragar amargo al día siguiente, cuando supo que se le había desobedecido y se mantuvo la cláusula polémica en su proyecto. Y peor: mediante una maniobra truculenta a la que se había prestado su partido. El presidente descalificó la simulación y la hipocresía, y dio un ultimátum: iba a vetar todo su “plan B” si la Cámara de Diputados –a la que había sido devuelta la minuta– mantenía el artículo de la vida eterna.
La amenaza del presidente planeo de modo decisivo por el hemiciclo. La sesión de San Lázaro el pasado jueves, el último día del periodo ordinario de sesiones, se suspendió más de cinco horas, en las que Puente siguió cabildeando con Ignacio Mier que se mantuviera la cláusula en la reforma. El coordinador morenista ya no tenía hacia dónde moverse ante una segunda llamada de atención, y muy dura, de Palacio Nacional. La decisión estaba tomada.
Puente anunció por la tarde que retiraría la cláusula de la vida eterna, como quería López Obrador. El coordinador del Verde aseguró que su partido no requiere de esa disposición legal para sobrevivir, y se ufanó de que ha sido aliado de todos los partidos y que, incluso, ayudó a dos de ellos a ganar la Presidencia de la República (al PRI y a Morena). Puente subió a la tribuna a formalizar el retiro del artículo. Se le veía altivo y sereno. Sabía que en un futuro, en otra circunstancia, el Verde será socio de otro partido, y la suerte será otra.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
