La policía del Estado de Puebla detuvo hace unos días a uno de los autoproclamados líderes autodefensas de Guerrero, Deivi Barrientos, en una carretera de la región. Lejos de casa y de la estética humilde y rural que suelen presentar los policías comunitarios, Barrientos conducía en su detención un coche de lujo, portaba un arma calibre .380, cartuchos, y guardaba, según los agentes, decenas de bolsas llenas de metanfetamina. Su detención pone de nuevo en la mira a las autodefensas de aquel Estado y, en particular, a la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), señalada desde hace años de vínculos con el crimen.
Barrientos es el último de los comandantes de la UPOEG en caer en las manos de la justicia. En junio del año pasado, las autoridades detuvieron a Jesús Calleja, líder del grupo en el sur de la región de la Costa Chica, además de otros siete policías comunitarios. Calleja y su grupo habían retenido el mes anterior dos camionetas de la Armada. En agosto, cayó el fundador y líder histórico del grupo, Bruno Plácido, por un caso de robo. Horas después fue liberado. En septiembre, la Marina detuvo a otro de los líderes de la Unión en la Costa Chica, José Manuel Lorenzo, alias El Chato. Los agentes aprehendieron también a su segundo…
Barrientos es uno de los viejos comandantes de la UPOEG que participó en una de las escisiones del grupo en años pasados. Junto a Salvador Alanís, Barrientos fundó el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que a mediados de la década anterior tuvo una fuerte presencia en Ocotito y Tierra Colorada, algo más al sur. La vida del FUSDEG, prácticamente desaparecido, es una historia de sangre fuego. El Frente nunca acabó de asentarse y sus años se cuentan por las masacres que protagonizaron sus propias facciones, como aquella de mediados de 2015, en Xolapa, al norte de Acapulco, que acabó con 16 muertos. Alanís y Barrientos también discutieron. El primero acabó por mudarse a la sierra.
UPOEG y FUSDEG son parte de la generación de grupos de autodefensas que surgieron a finales del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y principios del de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en plena ofensiva teórica del Gobierno contra el crimen. Como en el caso de Michoacán, los grupos de autodefensas de Guerrero surgieron como respuesta a la violencia que sufría el Estado, ante el empuje de grupos criminales. En el caso de Guerrero, la UPOEG surgió en la sierra de la región de la Costa Grande, en Ayutla, como una escisión de una vieja policía comunitaria, la CRAC-PC, nacida en la década de 1990.
Desde el inicio de la presente administración en Guerrero, encabezada por Evelyn Salgado, de Morena, los choques entre la autoridad estatal y los grupos de autodefensas han sido constantes. No es que antes las relaciones fueran buenas, en gobiernos del PRI o del PRD. A diferencia de lo que ocurría con la CRAC, las autoridades estatales nunca han mirado con buenos ojos a la Unión, que desde el principio defendió una lógica de confrontación con el crimen organizado, diferente de los postulados de la CRAC-PC. La actual fiscalía del Estado ha puesto en la mira al grupo como nunca antes.
Compañeros y simpatizantes de la UPOEG suelen salir a las calles a protestar por las detenciones del grupo, bloqueando calles y carreteras. Una forma de presionar a las autoridades para lograr la liberación de los detenidos. En el caso de Barrientos, al menos medio centenar de pobladores de la comunidad de El Ocotito, a mitad camino entre Chilpancingo y Acapulco, bloquearon este fin de semana la carretera federal que une la capital con el puerto, en protesta por la detención. Vistas las circunstancias de la detención, ninguna autoridad de El Ocotito se atrevió a vincular el bloqueo carretero con la detención del líder comunitario.
El Gobierno estatal, también en manos de Morena, señala igualmente a la UPOEG de funcionar en realidad como un grupo criminal cualquiera. En septiembre, el entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, recogió las detenciones de Calleja y el Chato en uno de sus informes, señalando que el grupo “somete a la población y realiza actividades como narcomenudeo, extorsión y ajuste de cuentas”.
En su informe, Mejía señalaba que la UPOEG guerreaba con otro grupo criminal, de nombre Los Rusos, motivo por el que había instalado retenes en la carretera que sale de Acapulco hacia el sur, recorriendo toda la Costa Chica. Mejía explicó que durante el operativo para detener a El Chato, que duró tres días, las autoridades decomisaron decenas de armas largas, granadas, lanzagranadas, así como vehículos y equipo táctico.
También la Secretaría de la Defensa (Sedena) considera que la UPOEG no es una policía comunitaria clásica, como la CRAC. En un documento divulgado el año pasado, gracias al hackeo del grupo de piratas informáticos Guacamaya, la secretaría calificaba al grupo de “pseudo comunitarios” y apuntaba a dos de sus comandantes como integrantes de grupos criminales, dos distintos de El Chato, Calleja o Deivi Barrientos. Se trata de Pedro Santos Cruz y Eusebio Severiano.
Mientras que Severiano murió asesinado a mediados del año pasado en Acapulco, Santos Cruz, alias Pino, sigue al frente de su zona de influencia, algo más al norte que la que manejaba el primero, las dos en la salida sur de Acapulco. En su documento sobre UPOEG, la Sedena señala, a diferencia de lo que planteó Ricardo Mejía en su informe, que Los Rusos trabajan -o trabajaban- con Pino y Severiano. Según el documento, esos comandantes de la UPOEG proveen o proveían casas de seguridad y protección a Los Rusos a cambio de dinero.
En Guerrero, amigos y colegas del dirigente social desaparecido Vicente Suástegui acusan igualmente al Comandante Pino de estar detrás de su desaparición, ya hace más de un año. Así lo ha expresado varias veces el hermano de Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Cecop.
Toda esta situación de acoso a presuntos líderes corruptos de la UPOEG choca con las declaraciones de su líder fundador, Bruno Plácido, hace un par de semanas. El 8 de febrero, Plácido, ya en libertad, señalaba que este año finalmente el Gobierno estatal va a “credencializar a la policía comunitaria de la UPOEG, para depurar y transparentar el sistema”. Plácido, que ha reconocido que la UPOEG está infiltrada, como cualquier otro cuerpo de policía, nunca ha acusado pública y directamente a ninguno de sus comandantes de vínculos con el crimen.
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