Es lo más parecido a un pulso que hay hoy en la política madrileña. El PP necesita a Vox para aprobar once proyectos legislativos en los cuatro plenos de la Asamblea de Madrid que quedan antes de las elecciones del 28-M. Vox, herido por el fiasco de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos de 2023, exige que este jueves se inicie la tramitación para derogar la Ley regional de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (conocida como ley trans). Y aunque Rocío Monasterio, la líder regional de la extrema derecha, niega que haya un chantaje, y que todo esté relacionado, la tensión es máxima. Para empezar, el PP se ha negado a desvelar el sentido de su voto en la derogación de la ley trans (cualquier cosa que no sea apoyarla terminará con el proyecto) y ha dejado para otro día la aprobación de su iniciativa para atraer patrimonios extranjeros a Madrid. Señal de que los conservadores de Isabel Díaz Ayuso consideran que sus proyectos pendientes están en peligro.
“La iniciativa de Vox para derogar la ley trans, a estas alturas, no tiene recorrido. No se puede derogar nada”, explica una fuente que cuenta con la confianza de la presidenta regional, cuyo equipo negocia en la Asamblea con Vox para sacar adelante los proyectos ya anunciados y sin realizar. “Es una iniciativa que solo es ruido, que no llega a ningún lado”.
Es una cuestión de calendario, dice el PP. Aunque este jueves se puede dar un primer paso, si los dos partidos se unen para votar a favor de trabajar en la derogación de la norma, quedaría toda la tramitación: registro y votación de las enmiendas a la totalidad o parciales al articulado, por ejemplo. En la Cámara consideran que sería histórico que diera tiempo a culminar la derogación antes de la disolución de la Asamblea, motivada por las elecciones. Pero en política todo es posible. Sobre todo si conviene a quien gobierna. Y por eso el PP juguetea con los tiempos y envuelve en un velo de misterio si permitirá que el proyecto de Vox siga vivo en la votación del jueves.
“La posición del PP la conocerán en el pleno. Y poco más voy a decir al respecto”, ha dicho este martes Pedro Muñoz Abrines, el portavoz de los conservadores en la Asamblea. Unas palabras que no están elegidas a la ligera.
Fuentes parlamentarias reconocen que el PP está estudiando “todas las opciones” en la votación. Y eso incluye mantener viva la posibilidad de la derogación, siquiera para dejar abierta la puerta a una enmienda parcial del texto que persigue Díaz Ayuso desde 2019 (para eliminar de la ley, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado a demostrar su inocencia).
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“Estoy a favor de derogar los aspectos más perniciosos de esta ley”, dijo la propia presidenta regional el pasado miércoles. Una frase acompañada antes y después de críticas a Vox que reflejan el mal momento que atraviesan las relaciones de dos partidos, que son al mismo tiempo socios parlamentarios y rivales electorales, condenados tanto a entenderse en la Asamblea como a competir en las urnas. Una dinámica que produce inevitablemente tensión, y que ha empeorado desde que no salieron adelante los Presupuestos de 2023.
“No estamos haciendo chantaje”, ha dicho este miércoles Monasterio. “Lo que creemos es que el PP se tiene que colocar ideológicamente, nos tiene que decir dónde está, si está del lado de Irene Montero y Pedro Sánchez y su ley trans, o están del lado de los que creemos que los niños no se pueden arrebatar a los padres”, ha seguido. “Tienen que definir dónde están, no puede ser que se nos hayan movido al centro izquierda”, ha insistido.
Del entendimiento entre los dos partidos dependen ahora la bonificación fiscal para atraer patrimonios extranjeros; otras dos medidas tributarias; la ley de Economía Circular; la de Patrimonio Cultural; la de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia; la de creación del Colegio Oficial de Profesionales del Turismo; la del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico; la de creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias; la de Archivos y Documentos; y la de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.
Con eso, en perspectiva, Vox le busca las cosquillas al PP, ya que la cercanía de las urnas de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo exigen que los dos partidos se diferencien. Y eso puede convertir los últimos cuatro plenos de la legislatura en un vía crucis para los conservadores: o ceden victorias parciales a Vox, o se arriesgan a que Ayuso llegue a las elecciones con varias promesas incumplidas.
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