La partida llega a su final. Tras semanas de tensa campaña, cerca de 76.000 letrados adscritos al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tienen la oportunidad este martes de elegir a su máximo representante para los próximos cinco años. Siete aspirantes se presentan a decano. Quien gane liderará una organización con más de 425 años de historia; enormes relaciones institucionales; un presupuesto anual superior a los 30 millones de euros; con más de 200 trabajadores directos; y que recibe cuatro millones en subvenciones para la gestión de la justicia gratuita. Mucho poder e influencia está en juego. También, cómo utilizarlos.
”Aquí se viene a servir y no a servirse”, sentencia el actual decano, José María Alonso Puig, sentado en su despacho de la sede del ICAM, ubicada en un antiguo palacete de la aristocracia reconvertido en banco en 1977 —aún conserva las cámaras acorazadas— y adonde llegó la institución profesional en 1986 tras adquirir el edificio, en la privilegiada calle de Serrano de la capital, en pleno barrio de Salamanca. “Estar aquí es un honor. Quien venga a usar esto para beneficio personal está engañando a los profesionales. Este puesto no es para eso”, subraya el abogado, especializado en litigios civiles y con más de cuatro décadas de carrera a la espalda.
Alonso llegó al cargo en 2017 tras encabezar dos de los bufetes más prestigiosos del país (Baker McKenzie y Garrigues) y ahora, cinco años después, echa la vista atrás con relativa satisfacción: “La pandemia fue el gran reto al que nos hemos enfrentado en este tiempo. Tuvimos que dotar un millón de euros para colaborar con la recuperación de los profesionales más afectados [que vieron reducidos sustancialmente sus ingresos]”, apunta, consciente de las críticas que recibe de varios de los candidatos a sustituirle: “Es muy fácil decir siempre que la culpa la tiene el decano”.
El nombre de Alonso ya engruesa una centenaria lista de decanos, en la que figuran destacados personajes de la historia de España, lo que demuestra su enorme relevancia social. El ICAM lo capitanearon, entre muchos otros, José Canalejas, jefe del Gobierno a principios del siglo XX y asesinado de un disparo en un atentado perpetrado en 1912; Manuel García Prieto, quien lo sustituyó al frente del consejo de ministros tras su muerte; o el también ministro Juan de la Cierva. A ellos se quieren sumar ahora Eugenio Ribón, Raúl Ochoa, Juan Gonzalo Ospina, Ángeles Chinarro, Miguel Durán, Beatriz Saura y Begoña Trigo —y también Raisy C. Ventura, que ha presentado su candidatura individual y no una lista como los otros siete—. Los tres primeros han formado parte de la junta de Alonso en los últimos cinco años.
Pero, más allá de a la comunidad jurídica, ¿por qué debe importarle a alguien que no es abogado estas elecciones? Estos 76.000 letrados son los que representan a los ciudadanos en sus divorcios, les defienden cuando son estafados, les asisten en declaraciones judiciales… En definitiva, son necesarios para los madrileños en la inmensa mayoría de contactos con la justicia. Además, el organismo tiene una gran influencia, aunque algunos candidatos denuncian que no se ejerce lo suficiente en favor de los profesionales. “El decano de 76.000 abogados tiene una enorme representatividad. Consigues que las instituciones te escuchen, pero eso no significa que consigas todo lo que quieres”, defiende Alonso.
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Con tanto poder en juego, la campaña electoral se ha calentado por momentos, con los candidatos lanzándose acusaciones cruzadas de tener intenciones subrepticias. En la última ocasión que los abogados acudieron a las urnas, la decana en funciones, Sonia Gumpert, denunció haber sufrido una agresión en el hotel en el que se realiza el recuento de votos. Este pasado jueves, uno de los aspirantes, Raúl Ochoa, se marchó del debate a siete organizado por el ICAM: “Me fui porque no todo vale. Llevamos una campaña donde el resto de candidaturas ha incumplido las normas estatutarias, han intentado ensuciarla sacando trapos sucios. Esto no es una campaña política, sino la de un colegio profesional. Han demostrado una ansiedad por alcanzar Serrano, 9 [sede del Colegio], que yo no comparto”.
El puesto de decano del colegio de abogados resulta muy codiciado, a pesar de que, según los estatutos, no se retribuye. El candidato Juan Gonzalo Ospina lo resume así: “Es un cargo que te abre la puerta a la justicia, te da acceso a tener contacto con el poder legislativo y ejecutivo, la capacidad de controlar una institución que llega a 76.000 profesionales del Derecho y las intenciones que llevan a querer optar a todo esto no son siempre nobles”. La aspirante Ángela Chinarro, que concurre con el apoyo de la progresista Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), va más allá: “El colegio es un gran chiringuito de gente que sabe obtener un buen rédito del puesto. Sales del cargo con una agenda de contactos impresionante, incluso puede ser un trampolín político para determinadas personas”.
La falta de transparencia de la institución ha estado en boca de todos los candidatos, incluidos de algunos de los que pertenecían a la junta de Gobierno saliente. Chinarro pone como ejemplo una de las polémicas más conocidas de la institución, la del contrato con el periodista Alfonso Merlos, al que despidieron en 2020 tras un escándalo televisivo relacionado con su vida privada. “Llevábamos desde 2018 pidiendo ese contrato, y solo se hizo público cuando estalló todo aquello”, indica Chinarro. Según los datos de ALA, el periodista cobraba a través de su empresa más de 120.000 anuales en concepto de las tareas de comunicación del ICAM, además de otros 30.000 euros en variables —el coste para la institución ascendía hasta los 180.000 al sumar el IVA—.
Hay más ejemplos en opinión de la candidata Saura, que destaca una partida de un millón de euros bajo el epígrafe de “otros”: “Hablamos de un millón de euros, no digo que detallen hasta cuatro cafés en los presupuestos, pero un millón me parece que hay que justificarlo más”.
“No les interesa batallar”
Begoña Trigo reprocha a la actual junta que el colegio “no ha estado en la defensa de los intereses de los pequeños y medianos despachos”. “No les interesaba batallar con la Administración”, afirma la candidata, que añade: “El ICAM es una institución civil muy importante, con una gran capacidad de convocatoria. Pero los intereses han ido por otro lado. Tener relaciones institucionales siempre es un punto para el desarrollo de tu empresa”. “El colegio tiene un encefalograma plano desde el punto de vista de la influencia política, social e institucional porque los decanos, en lugar de poner el dedito en la llaga frente a los poderes públicos, se aquietan a la condición de seres cómodos que ni se sienten ni se notan ni traspasan”, se queja Miguel Durán.
”Hay que tener capacidad de liderazgo para investigar, por ejemplo, qué juzgados van lentos y por qué y buscar soluciones, no hemos tenido capacidad de influencia en los dictámenes sobre leyes, no hemos alzado la voz en contra de que en España existan cuatro o cinco programas informáticos en el sistema de justicia en lugar de uno único…”, enumera Ospina.
Baja participación
La participación siempre resulta decepcionante. En los últimos comicios se quedó en el 8%. Probablemente, el sistema de voto sea una de las causas de este bajísimo porcentaje, coinciden varios aspirantes. No se puede participar de forma telemática, el periodo del voto por correo finalizó a principios de noviembre y solo existe una única sede en la que depositar la papeleta: el Hotel Novotel Madrid Center, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. “¿Tú crees que eso fomenta la participación? ¿Que a un abogado de Leganés le va bien venir un día laboral hasta un hotel en el centro de Madrid a poner una papeleta?”, se pregunta Beatriz Saura. “Muchos abogados de pequeños y medianos despachos se preguntan: ‘¿Para qué voy a votar si después el ICAM no vela por mis intereses?”, remacha Trigo.
”Si no fuera obligatorio colegiarse para ejercer, estoy seguro de que el 90% de la profesión no formaría parte del colegio”, apunta Miguel Durán: “No es un proceso electoral limpio, ha sido oscuro, la propia comisión electoral no es pura. No han querido que haya participación a fin de poder manipular el resultado a favor de una candidatura continuista: la de Ribón”, añade sin medias tintas quien fuera presidente de la ONCE y de Telecinco —absuelto por la Audiencia Nacional en 2007 tras ser acusado de delitos fiscales y falsedad por su gestión al frente de la cadena—
Eugenio Ribón, que forma parte de la junta de Alonso y que asume la herencia del actual gobierno del ICAM, se defiende: “¿Qué necesita el colegio? Personas con ambición desmedida que presentan su candidatura para potenciar su proyecto empresarial, personas que presentan su candidatura como trampolín político. ¿O se necesita una candidatura solvente, con buena gestión acreditada?”. A través de una nota de prensa, su equipo informó de que esta pasada semana se reunió con los portavoces del PSOE y el PP en la comisión de Justicia del Congreso: “Esta candidatura es la única que ha mantenido reuniones de un marcado peso institucional, al reunirse con los dos grandes partidos en las cámaras que conforman el Poder Legislativo”, reseñaba el comunicado.
Chinarro, Saura y Trigo enarbolan especialmente la bandera de la igualdad en sus candidaturas. “Sin matices y sin apellidos”, recalca la primera. “Somos la única candidatura en la que se presentan a decana y vicedecana dos mujeres”, destaca Trigo. Mientras, Saura ha denunciado la falta de mujeres en el último aniversario del colegio, a pesar del dictamen de la comisión de Igualdad de la propia institución, que advirtió de esta carencia. “Nadie dimitió después de las fotos de las mesas y ponencias sin mujeres, que somos el 50% del colegio”, destaca Saura sobre uno de los temas que ha protagonizado la campaña. La presidenta de la Comisión de Igualdad del ICAM, Ángela Cerrillos, culpó de esa falta de presencia femenina a Ribón, al que atribuyó la organización del aniversario. Este rechazó los “injustificados ataques” y difundió una fotografía de una mesa “PARITARIA” [sic] que él moderó —con tres mujeres y tres hombres— junto a un comunicado donde añadía que el “comité organizador se componía de cuatro hombres y cinco mujeres”.
”Ahora que se habla tanto de la igualdad de la mujer, yo vengo ya muy experimentado de la lucha contra la discriminación porque he luchado contra la que padecemos los discapacitados. Cuando me eché novia, noté el rechazo de sus padres a que su hija se casara con un ciego”, interviene también Miguel Durán.
Los importantes recursos que invierten algunos candidatos evidencian el poder en juego: varios han contratado asesores de prensa y, por ejemplo, el equipo de Ospina aseguró a mediados de noviembre que ya había gastado 27.000 euros y que los componentes de su lista habían aportado hasta 45.000 euros. Pero, más allá del poderoso caballero Don Dinero, la última palabra la tendrán los letrados que acudan a las urnas. Para influir en el futuro del mayor colegio de abogados de Europa.
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