Isaac Gamboa Lozano estaba hace tres años en una lujosa casa de descanso en Temixco, Estado de Morelos, a donde fue a guardarse con su familia por la recién iniciada pandemia de covid. Era jueves y estaban a punto de comer junto a la alberca; la primavera prodigaba un sol de ensueño. Alrededor de las tres de la tarde, un grupo de cuatro hombres armados irrumpió en la casa sin forzar las cerraduras y asesinó a sangre fría a Gamboa, a sus tres hermanos y a su madre de 60 años, a la vista de sus parejas, hijos y trabajadores domésticos. Los asesinos, que habían pertenecido a la Marina, cometieron el homicidio en menos de tres minutos. No se robaron nada. Fueron a matar meticulosamente a los Gamboa, empezando por Isaac, un poderoso exfuncionario de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto y quien pocos años antes participó en la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos implementado desde el Gobierno para financiar campañas del PRI.
Este domingo se cumplen tres años del asesinato de Gamboa sin que se conozca el verdadero móvil del crimen. La Fiscalía de Morelos capturó días después del multihomicidio a Bethzabee “N”, esposa de Isaac Gamboa, acusándola de ser la autora intelectual en contubernio con el líder de los asesinos, que fue escolta de su esposo y con quien supuestamente ella sostenía una relación sentimental. La mujer fue enviada al penal femenil de Atlacholoaya, Morelos, donde ha estado recluida desde entonces, sin sentencia. Las autoridades, que se han empeñado en encuadrar el móvil como un “crimen pasional”, bautizaron su expediente como el caso Viuda Negra. La Fiscalía estatal ha decidido no incluir como línea de investigación del asesinato el pasado político de Gamboa, particularmente su involucramiento en un caso de corrupción que las autoridades federales y locales ya habían comenzado a desentrañar y por el que varios funcionarios de menor rango ya habían caído. Era previsible que en algún momento comenzaran a rodar cabezas de más altos niveles.
En el sexenio de Peña Nieto, Gamboa fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, área desde la que autorizaba a discreción transacciones millonarias de fondos públicos a los Estados. El jefe de Gamboa era el secretario Luis Videgaray, un influyente colaborador del entonces presidente priista. En 2016, antes de las elecciones estatales de ese año, Gamboa autorizó una transferencia millonaria al Gobierno de Chihuahua que encabezaba César Duarte. De ese dinero, 250 millones de pesos fueron desviados y blanqueados a través de empresas fantasma para finalmente enviarlos a las arcas del PRI, dirigido entonces por Manlio Fabio Beltrones. Así lo documentó la Fiscalía de Chihuahua una vez que el partido tricolor perdió las elecciones de ese año y llegó al poder Javier Corral, del PAN. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que la Operación Safiro se replicó en más Estados y que el monto desviado desde la Hacienda federal fue mucho mayor.
Tras el asesinato de Gamboa, el 21 de mayo de 2020, la UIF descubrió que él y su esposa Bethzabee —con quien tuvo dos hijos— habían constituido un imperio propio: ella, como su testaferra, era accionista de tres empresas fachada que blanquearon alrededor de 64 millones de pesos. Pero esas compañías eran apenas la punta del iceberg de una red de blanqueo a gran escala por la que circularon alrededor de 5.800 millones de pesos, muchos de los cuales fueron enviados a cuentas en el extranjero, según las indagatorias de la UIF. Si parte del dinero en esa red provenía de sobornos pagados a Gamboa por sus servicios corruptos, o si sus compañías fueron utilizadas directamente para blanquear los recursos desviados en la Operación Safiro, es algo que deberá determinar la Fiscalía General de la República (FGR), que en 2020 abrió una carpeta de investigación en la que Bethzabee y varios prestanombres son acusados de delincuencia organizada y blanqueo de capitales.
Ese expediente del ámbito federal camina por un camino distinto a la carpeta del homicidio abierta a nivel local. La Fiscalía de Morelos sostiene la hipótesis del “crimen pasional” a partir de la declaración de una amiga lejana del escolta de Gamboa y testimonios de los sobrevivientes de la masacre, que aseguran que la acusada dejó entrar a los asesinos a la casa de Temixco. A la fecha, solo un integrante del comando armado, Jesús Manuel “N”, El Mongoy, que también era marino, ha sido detenido y sentenciado a 125 años de prisión. Los otros tres asesinos están prófugos.
La defensa de la viuda de Gamboa ha sido errática. La acusada ha cambiado en cuatro ocasiones de abogados. Este viernes se tenía previsto reanudar el juicio en su contra, luego de tres años de postergaciones causadas por la pandemia y, sobre todo, por los amparos dilatorios que han promovido sus representantes legales. El nuevo abogado de Bethzabee “N” se presentó a la audiencia en el Centro de Justicia de Atlacholoaya sin la carpeta de investigación, alegando que la Fiscalía no le había entregado una copia completa. La jueza Patricia Aguirre Gálvez, impaciente, consideró que el joven abogado demostraba no tener los conocimientos mínimos y resolvió destituirlo como representante de la acusada, a fin de proteger el derecho de esta a una adecuada defensa. La jueza ofreció a Bethzabee asignarle un abogado de la Defensoría Pública, aunque también le dejó abierta la posibilidad de contratar a otro particular. El 30 de mayo deberán presentarse nuevamente las partes ante el tribunal de enjuiciamiento.
El exgobernador Javier Corral, en cuya Administración en Chihuahua se desentrañó la Operación Safiro, ha dicho anteriormente que la muerte de Isaac Gamboa significó perder una pieza de la mayor relevancia en el rompecabezas de complicidades que posibilitó el desvío de recursos en el peñismo. Por su posición privilegiada en el Gobierno federal; por su cercanía con Videgaray, Gamboa era un hombre que sabía demasiado.
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