En una semana, el domingo 7 de mayo próximo, Chile nuevamente concurrirá a las urnas en su intento de cambiar la Constitución vigente. Más de 15 millones de personas están convocadas obligatoriamente a esta elección de los 50 consejeros que redactarán una nueva propuesta de Carta Magna, la que será plebiscitada en diciembre. Es el segundo intento por reemplazar la ley de leyes, luego del fiasco del proceso anterior. Tras el estallido social de 2019, Chile llevó adelante una constituyente que propuso un texto que, finalmente, fue rechazado por el 62% de la ciudadanía en un referéndum en septiembre pasado. Fue un golpe duro para el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric, que buscaba su aprobación. Tras ello, el Parlamento llevó adelante negociaciones transversales con todas las fuerzas políticas que acordaron una nueva ruta, pero con características muy distintas a la anterior. Y, a diferencia de la elección de convencionales de 2021, en esta ocasión no se observa una sociedad movilizada. Los vientos, esta vez, corren a favor de los conservadores.
“Busca un equilibrio entre representación política y técnica, la única forma de salir del marasmo a que se estaba llegando en Chile”, asegura Carlos Peña, que en diciembre explicó en EL PAÍS las características del nuevo proceso. Alfredo Joignant, columnista político de este periódico, escribía hace unos días sobre “la tortuosa vía chilena al cambio constitucional”. La definía como un proceso “alambicado” y “encapsulado”, que tiene “escasas posibilidades de desbordar los acuerdos previos” de la clase política: 12 principios –bases constitucionales, como se les llama en Chile– que se deben respetar para evitar las tentaciones refundacionales del fallido proceso que se llevó antes. Entre esas bases está, por ejemplo, que Chile seguirá siendo un Estado unitario, algo que había sido puesto en duda en el intento previo.
Hay más de 350 candidatos para los 50 escaños y son cinco las fuerzas en competencia. El oficialismo, por ejemplo, llega al 7 de mayo dividido en dos bloques: el Frente Amplio de Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista y, por otra parte, el partido de centroizquierda PPD, parte del Gobierno, pero que compite de la mano de otros bloques no oficialistas, como la Democracia Cristiana. La cita electoral tampoco encontrará unida a la oposición. La derecha tradicional del bloque Chile Vamos no realizó una lista conjunta con el Partido Republicano de la derecha extrema de José Antonio Kast, que compite en solitario y nunca ha estado por cambiar la Constitución vigente. Los quintos en competencia, el Partido de la Gente. Es una fuerza populista liderada por el economista Franco Parisi, con un discurso antipolítica muy similar al de Javier Milei en Argentina. En las últimas presidenciales, Parisi obtuvo el tercer lugar con el 13% de los votos sin siquiera pisar el país.
La del domingo próximo será una elección difícil de predecir. En el referéndum de hace ocho meses, debutó el voto obligatorio y la inscripción automática, lo que llevó a una altísima participación de 85,7%. En esta ocasión, el sufragio nuevamente tendrá carácter de obligatorio y, como en septiembre, se trata de un elemento que complejiza las proyecciones. Adicionalmente, a diferencia del plebiscito de septiembre pasado, donde los electores debían elegir entre dos opciones –apruebo o rechazo el texto–, en esta ocasión se debe apostar por candidaturas, por diversas opciones. Y esto agrega más incertidumbre tanto a la participación como a los resultados.
Esta elección, por otra parte, está marcada por un desinterés ciudadano frente al proceso. En estos días en Santiago de Chile, por ejemplo, no se observa ningún tipo de ambiente electoral, en contraste con lo que pasó hace dos años. De acuerdo a la encuesta Criteria de comienzos de abril, tan solo un 31% de los chilenos está interesado en la redacción de una nueva propuesta de Constitución. Un reciente estudio de UDP-Feedback, mostró que el 66% no conoce a ningún postulante de su región y el 83% dijo estar poco o nada informado sobre el camino constituyente. Pese a ello, de acuerdo al mismo estudio, un 72% aseguró que con seguridad votará el próximo domingo 7 de mayo.
Los pronósticos
Si el ambiente jugaba en favor de la izquierda y los independientes cuando en mayo de 2021 se eligió a la convención anterior, ahora los vientos corren en la línea de los conservadores. En parte, por el desempeño del propio órgano y su fracaso. Pero existe otro punto: la opinión pública chilena parece moverse en una especie de péndulo y ahora las prioridades han cambiado. “Los chilenos hoy están dispuestos a sacrificar libertades con tal de tener orden”, decía hace algunas semanas el escritor chileno Arturo Fontaine en entrevista con EL PAÍS sobre la gran preocupación de la gente por la seguridad pública. Para el intelectual, la violencia que se desató a partir del estallido del 2019 y que produjo otras formas de violencia, operó como “una vacuna” contra la violencia en la gran mayoría de los chilenos. “Hoy hay un repudio a la violencia en la zona mapuche, a la violencia narco, a la violencia común y a la violencia política. Y existe una gran demanda porque el Gobierno actúe. El país giró…”, decía Fontaine sobre el nuevo clima chileno que favorece a la oposición.
El viernes, el analista político Pepe Auth, que fue diputado por el centroizquierda, realizó sus pronósticos electorales con miras al 7 de mayo, muy seguidos por la clase política. De acuerdo a Auth, el pacto Chile Vamos de la derecha tradicional obtendría entre 17 a 19 consejeros del total de 50 que se eligen. El Partido Republicano de la derecha extrema, en tanto, alcanzaría entre 10 y 11. En conjunto, por lo tanto, las dos derechas ganarían entre 27 y 30 escaños, según las proyecciones de Auth. Si se le suman los consejeros que obtendría el populista Partido de le Gente –entre tres a cinco, según el analista–, los no oficialistas alcanzarían entre los 30 y 35 representantes. Esto significaría que este sector alcanzaría de sobra los 30 votos (el quórum de tres quintos) para redactar la Constitución a su medida, sin necesidad alguna de negociación con el oficialismo.
De acuerdo a esta misma proyección, la lista del oficialismo (el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista) tendría entre 14 a 15 consejeros. Y el pacto medio oficialista –con el partido PPD que forma parte del Gobierno de Boric y la Democracia Cristiana, que no está en el Ejecutivo– elegiría entre cuatro y seis. Por lo tanto, este sector obtendría entre 18 y 21 escaños en el consejo, y llegar a los 21 resulta clave para tener capacidad de veto en el organismo. La gran pesadilla para La Moneda, por el contrario, apunta a que ambas listas ni siquiera logren estos 21 representantes.
El Gobierno de Boric, a diferencia del proceso anterior, no ha tenido un papel protagónico, en parte porque quiere evitar que la elección se transforme en un pronunciamiento ciudadano sobre su gestión (el presidente tiene un apoyo en torno al 30%, según diversas encuestas). Hoy, existen dos preocupaciones fundamentales para el mandatario y su Gabinete: que el proceso constitucional termine con un texto igual o peor que el vigente, pero legitimado por la sociedad, y que los resultados de la elección del 7 de mayo –favorable para la oposición– condicionen el comportamiento del Parlamento, que ya es muy difícil de controlar para el Ejecutivo chileno. En el oficialismo se apuesta a que la derecha tradicional logre no alinearse con la extrema.
La Constitución chilena actual fue redactada en la dictadura de Augusto Pinochet en 1980 y, luego, sometida a plebiscito de un modo fraudulento, por lo que no ha tenido nunca legitimidad. La Carta Magna, sin embargo, lleva la firma del presidente Ricardo Lagos por la última ronda de reformas de 2005, las que no fueron plebiscitadas.
