Chile nuevamente intentará enterrar la Constitución de Augusto Pinochet, redactada en 1980, en la dictadura, aunque reformada en 64 ocasiones en democracia. Más de 15,1 millones de personas están convocadas este domingo a las urnas para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional que, desde el 7 de junio, deberá redactar una nueva propuesta de Carta Magna, que será plebiscitada en diciembre. Es una elección donde se juega el futuro de Chile. Aunque el proceso tiene límites muy definidos por la clase política, a diferencia del fracasado proceso anterior que se llevó a cabo entre 2019 y 2022, los consejeros deberán determinar si Chile seguirá teniendo un Estado subsidiario, como en los últimos 43 años, o el Estado tendrá un papel solidario, con derechos sociales consagrados y garantizados constitucionalmente, no en manos prioritarias del mercado. La principal paradoja se produciría si, como indican las encuestas, el Partido Republicano de la derecha extrema se transforma esta jornada electoral en la principal fuerza de la política chilena. No solo no ha cortado los lazos con el pinochetismo –este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado–, sino que no ha ocultado su interés en mantener la Carta Fundamental actual.
“Uno esperaría que ninguna fuerza que lleva candidaturas a un órgano que redactará una nueva Constitución tenga el ánimo de boicot, sino de ponerse a disposición del diálogo democrático para conseguir un texto que nos represente a todos y todas y no solo a un sector, sobre todo después de la experiencia que tuvimos en el proceso anterior”, aseguraba sobre el papel que jugará el Partido Republicano la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, militante comunista, en una entrevista con este periódico.
Las mesas electorales se abrirán a las ocho de la mañana (14.00, en horario peninsular español) y se mantendrán abiertas hasta las seis de la tarde, aunque la nueva regla de paridad que se aplicará podría retrasar los cómputos, que siempre en Chile se conocen rápidamente gracias al trabajo del Servicio Electoral (Servel). Nadie descarta sorpresas en los resultados, porque existen varias razones que cuestionan los pronósticos. De partida, se trata de la primera elección con inscripción automática y voto obligatorio desde el retorno a la democracia en 1990. El sistema debutó en el referéndum de septiembre pasado —cuando se echó abajo de forma contundente la propuesta de nueva Constitución, con un 62% de votos en contra—, pero en la papeleta había solo dos opciones, no decenas de candidatos que postulan por partidos políticos. Es la razón por la que esta jornada se ha visto como un termómetro real del electorado chileno.
No parece probable, a juzgar por las encuestas, que al oficialismo y a la izquierda le vaya bien en esta jornada. Lo han dicho los sondeos y la propia actitud del Gobierno de Gabriel Boric. Aunque se trata de una Administración que tiene una nueva Constitución como una de sus principales banderas —fue una de las consignas de la campaña electoral, incluso de antes—, La Moneda intenta tomar distancia de los resultados. Esta gestión, que como pocas enfrenta elecciones en los cuatro años de mandato, necesita seguir gobernando al margen de los movimientos de la opinión pública chilena, que parece moverse de manera pendular. La izquierda chilena, que ha luchado desde la dictadura contra la Constitución de Pinochet, podría no llegar a los 21 miembros del Consejo Constitucional, indispensables para tener poder de veto dentro de dicho órgano . Es uno de los asuntos que se observarán con especial atención esta noche en Chile, una vez se conozcan los resultados.
“¿Por qué un sector importante de la sociedad chilena sigue viendo en la herencia institucional de la dictadura la raíz de los problemas que la aquejan en el presente? ¿Qué conexión hay entre los desafíos económicos y sociales que hoy enfrenta el país con un régimen militar que, en los hechos, terminó hace ya 33 años?”, se preguntaba el analista Max Colodro en una columna en EL PAÍS. “Sin duda hay respuestas diversas para estas preguntas. Pero hay al menos una que ese enorme segmento que conforman la izquierda y la centroizquierda chilena se han negado sistemáticamente a mirar de frente. Es la asociada al dolor y la frustración de no haber podido derrocar a la dictadura de Pinochet; de haber luchado en todos los frentes durante muchos años, para verse forzados a aceptar al final una dura realidad: la Constitución y el modelo económico impuestos por los militares no iban a ser removidos por las protestas y la movilización social; el único camino para sacar a Pinochet del Gobierno pasaba por resignarse a las reglas del juego y al cronograma institucional fijados por la propia dictadura”, respondió Colodro ante las cuestiones fundamentales que marcan la discusión constitucional en el país sudamericano.
Entre la violencia y la protesta del estallido social de 2019, el cambio de la Constitución fue la respuesta que la clase política en su conjunto —salvo algunas fuerzas como el Partido Comunista, hoy del Gobierno— entregó a la ciudadanía en los días en que la democracia chilena estuvo en peligro. Comenzó una ruta constitucional que finalizó en septiembre del año pasado, cuando Chile tumbó la propuesta de nueva Carta Fundamental redactada por una convención marcada por la izquierda y los independientes. Este segundo intento, que vive hoy una jornada clave, fue parte del acuerdo posterior —a finales de 2022— entre los demócratas de prácticamente todos los sectores políticos con representación en el Parlamento (salvo partidos como el Republicano, de la derecha extrema). “La cultura política de Chile, luego de payaseos y cantinfladas y desplantes ridículos, sigue estando sana”, afirmaba por aquellos días Carlos Peña a EL PAÍS, una de las voces influyentes de la escena pública chilena.
La derecha tradicional, compuesta por una nueva generación, que intenta desapegarse de los lazos que tuvo su sector con la dictadura de Pinochet, cumplió su compromiso con una nueva ruta constituyente. Pero esta decisión le ha traído costos importantes, porque la derecha extrema ha sacado ventaja de lo que considera una posición demasiado blanda ante el Gobierno de Boric y la posición constituyente.
Es parte del paisaje que permite comprender que, con el oficialismo en desventaja, con 15 meses de una Administración de izquierdas que ha enfrentado una de las instalaciones de mayor complejidad desde el retorno a la democracia, la verdadera tensión se vivirá en la oposición (que obtendría junta los 30 escaños necesarios para redactar a su parecer la ley de leyes). Porque si a la derecha extrema le va bien este domingo —su líder, José Antonio Kast, sacó la primera mayoría en la primera vuelta contra Boric en 2021—parte de la derecha tradicional se verá tentada de “un acercamiento e incluso simbiosis con la ultraderecha”, como explica el académico Cristóbal Rovira, doctor en Ciencia Política de la Universidad Humboldt de Berlín, líder de la investigación Apoyo y rechazo a la ultraderecha en Chile.
“Cabe considerar que un endurecimiento de las posturas de la derecha convencional dificultará el funcionamiento del órgano a cargo de redactar una nueva Constitución. Terminaría siendo muy complejo lograr acuerdos transversales y producir, por tanto, un texto que represente la diversidad del país. Visto así, una de las consecuencias no esperadas de una potencial simbiosis entre ultraderecha y derecha convencional sería la deslegitimación del proceso constitucional, a tal punto que el producto final podría terminar siendo rechazado en el plebiscito de diciembre de este año”, analiza Rovira.
Chile intenta hoy, por segunda vez, enterrar la Constitución de Pinochet (que lleva la firma de Ricardo Lagos, por las reformas que se hicieron en su Gobierno). De rechazarse en plebiscito en diciembre —como ya han señalado dirigentes y pensadores de la izquierda— se acabarían por ahora los intentos por reemplazar esta Carta Magna. Como explican los inquilinos de hoy en La Moneda, no quedaría otra opción que realizar reformas parciales. Y dejar de intentarlo.
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