La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha declarado este martes el inicio de la emergencia por sequía en México. Casi siete de cada 10 municipios, 571 Ayuntamientos en todo el país, no cuentan con todo el líquido que necesitan, de acuerdo con el último monitoreo de las autoridades, con corte al pasado 30 de junio. La declaratoria permite al organismo adoptar medidas extraordinarias para mitigar la escasez y garantizar un equilibrio en el suministro para uso agrícola, industrial y doméstico en las zonas afectadas, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entra en vigor el miércoles.
La región más afectada por la sequía es la franja norte del país. Todos los municipios de los Estados fronterizos de Baja California y Sonora están afectados por la falta de agua. Las ciudades bajacalifornianas de Mexicali y Ensenada, por ejemplo, enfrentan condiciones de sequía extrema, mismo caso de urbes sonorenses como Hermosillo, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado. Las entidades de Chihuahua y Coahuila también están prácticamente secas: alrededor del 95% de su municipios enfrentan algún grado de escasez, según el último informe disponible.
En el noreste, prácticamente todas las localidades que conforman la zona metropolitana de Monterrey, la segunda aglomeración urbana más importante del país, afrontan un escenario “anormalmente seco”: Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Apodaca, Pesquería, Escobedo y Guadalupe, entre otras. En Tamaulipas, siete de cada diez municipios no tienen líquido suficiente. En el Bajío, un importante motor industrial y de producción agrícola, Aguascalientes tiene todos sus municipios con algún grado de sequía; Querétaro, más del 94%, y Guanajuato está también por encima del 70%. En el Pacífico, dos de cada tres municipios están secos en Sinaloa, otro gigante de la agroindustria. Ciudad de México y la península de Yucatán, en cambio, no presentan ningún problema de este tipo.
La declaratoria de emergencia tiene implicaciones, sobre todo, para la industria y la agricultura, que concentran más del 80% del consumo en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los grandes concesionarios deberán dar aviso a las autoridades y ceder parte o la totalidad del suministro de agua que reciben o que no utilicen a terceros con baja disponibilidad de líquido.
“Entre las medidas transitorias concertadas, se prevé la limitación temporal a los derechos de agua existentes, a través de la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural por efecto de dicho fenómeno”, se lee en el decreto. Estas acciones se mantendrán hasta “el momento en que las condiciones hidrometeorológicas así lo permitan”.
Dante Hernández, subgerente de regulación técnica de la Conagua, aclara que se trata solo del inicio de la emergencia, pero que aún no se puede hablar de una declaratoria de emergencia en sentido amplio. “Este acuerdo permite contar con un marco de actuación para implementar diversas medidas transitorias [en los lugares que se requiera]”, dice Hernández, “así como otras medidas de común acuerdo”. Este tipo de acuerdos se han promulgado cada año desde 2015, como parte de un plan preventivo de las autoridades. “Las sequías son recurrentes en nuestro país cada año, por lo que es importante llevar a cabo acciones de mitigación”, agrega, aunque matiza que no todos los años los tiempos secos son tan severos.
La escasez de agua se ha traducido en protestas esta semana. En Monterrey, que aqueja desde hace varias semanas la escasez, vecinos de varias colonias bloquearon algunas vialidades durante horas en la tarde del lunes. “Gobernador necesitamos una solución”, se leía en una de las pancartas de los bloqueos, que fueron levantados bajo la promesa de enviar pipas de agua tratada para cubrir necesidades básicas de limpieza.
La crisis del agua se ha convertido en un frente abierto para el mandatario estatal Samuel García, que a su vez ha tenido roces y negociaciones con las autoridades federales. “El agua le toca a Conagua”, dijo García hace un mes. En la desesperación, el gobernador ha llegado a declarar “no soy Tláloc”, el dios de la lluvia en la mitología mexica. El titular de la Comisión, Germán Arturo Martínez, se encuentra, precisamente, de gira de trabajo en Nuevo León.
Martínez ha achacado la gravedad de la sequía en Nuevo León, situado en una franja desértica del territorio mexicano, a varios factores, como el fenómeno climático de La Niña, lluvias por debajo del promedio en los últimos cinco años y la explosión demográfica en la región, que prácticamente se ha duplicado en los últimos 30 años. “El Gobierno de México ha llamado a industriales, agricultores y otros tipos de concesionarios a sumarse a un programa de transferencias temporales de agua para fortalecer el suministro a la red de agua potable de la zona metropolitana de Monterrey”, ha escrito el comisionado en una tribuna en el Heraldo de México. En lo que va de año, la Conagua ha repartido más de 20,2 millones de litros de agua potable en pipas para apoyar en el suministro de 160.000 habitantes de Monterrey y confía que la situación mejore si se anteponen los criterios técnicos y no políticos ante la crisis. Y claro, en cuanto se intensifiquen las lluvias.
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