Brasil ya tiene a sus primeros condenados a cárcel por los movimientos golpistas que protagonizó el bolsonarismo en los últimos meses: George Washington de Oliveira y Alan Diego dos Santos fueron condenados, este jueves a última hora, a nueve y cinco años de cárcel respectivamente. Los dos están acusados de maniobrar para colocar una bomba en un camión a las puertas del aeropuerto de Brasilia en la Nochebuena pasada, pocos días antes de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El objetivo, según la Fiscalía, era “provocar una conmoción social para que hubiese una intervención militar y se decretara el estado de sitio”. La bomba falló y no hubo heridos, pero el intento fue parte de una escalada de agitación golpista que empezó con campamentos ante los cuarteles y culminó en la turba violenta que el 8 de enero irrumpió en las sedes de los tres poderes.
Muchos de los más de mil detenidos en el asalto a la Presidencia, el Tribunal Supremo y el Congreso están ahora siendo imputados por la máxima corte. Y el exministro de Justicia de Jair Bolsonaro Anderson Torres, que aquel día era el máximo responsable de la seguridad de Brasilia, ha estado cuatro meses en la cárcel acusado de negligencia y complicidad con los golpistas. Fue excarcelado el jueves, aunque esperará su juicio con una tobillera electrónica, sin poder salir de la ciudad, comunicarse con otros investigados o usar las redes sociales.
Los dos condenados por el atentado frustrado en el aeropuerto se conocieron en el campamento levantado frente a la sede del Ejército en Brasilia, donde cientos de bolsonaristas pasaron dos meses pidiendo una intervención militar, inconformes con el resultado de las elecciones. Allí fue donde “decidieron unirse para practicar delitos”, según la denuncia que presentó en su día la Fiscalía.
Oliveira viajó en auto desde su ciudad natal en el estado de Pará (a más de 1.900 kilómetros al norte) con armas de fuego, municiones y dinamita. El objetivo era “garantizar disturbios sociales y evitar la propagación de lo que él denomina comunismo”. Con todo ese material, Oliveira montó y entregó el artefacto explosivo a Dos Santos, que se lo pasó a un tercero, Wellington Macedo (que está prófugo y no ha sido condenado) para que lo colocara en las puertas del aeropuerto de Brasilia. El objetivo inicial era hacer explotar un poste de luz para dañar la distribución eléctrica en toda la ciudad, pero en el último momento la bomba fue colocada en un camión cargado de queroseno de aviación y con capacidad para 60.000 litros. El daño podría haber sido mayúsculo, pero el conductor notó que había un objeto extraño y llamó a la policía.
Los condenados puede recurrir la sentencia, pero el juez ha decidido que continúen encarcelados porque considera que aún suponen un peligro para el orden social. Ambos fueron condenados por poner en peligro la vida de terceros, intentar causar incendio en combustible y por portar armas de fuego sin permiso (en el caso de Oliveira), pero en ningún caso por terrorismo, a pesar de que desde 2016 Brasil cuenta con una ley antiterrorista que lo define como “el uso o almacenaje de explosivos (…) u otros medios capaces de causar daños o promover destrucción en masa”.
Quienes pocos días después participaron en el intento golpista del 8 de enero (bolsonaristas que actuaron con violencia pero sin mostrar armas) fueron inicialmente calificados por jueces, políticos y medios locales como terroristas, pero eso ha amainado. La Fiscalía denunció a 1.390 personas, y por el momento el Tribunal Supremo ha imputado a todos los sospechosos cuyos casos ha analizado, unos 550, que ya están formalmente acusados de asociación criminal, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado. Ninguno, por el momento, por terrorismo.
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