La corrupción policial en torno al puerto de Barcelona se ha cobrado esta vez dos piezas de caza mayor: Cale y Paco, apodo de dos mandos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) integrados en una organización de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de cocaína a través de los muelles. La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de 15 años de cárcel al inspector Calixto M. G., que era precisamente uno de los jefes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del cuerpo al tiempo que daba cobertura a la banda. Su compañero, el subinspector Francisco Ll. M. -que ya se había jubilado anticipadamente del cuerpo cuando ocurrieron los hechos- ha sido condenado a otros cinco años y medio de cárcel, según la sentencia a la que ha accedido EL PAÍS.
El caso Romeo llevó al banquillo de los acusados a esos dos mandos policiales y a una treintena de personas más por tráfico de drogas a través del puerto. La mayoría de ellas han sido condenadas. Lo han sabido este mismo viernes, cuando el tribunal les ha entregado personalmente la sentencia y han acudido rápidamente a las últimas páginas, donde consta el fallo, para conocer su futuro. La Fiscalía pedía inicialmente 18 años de cárcel para el inspector Cale por liderar una banda que trató de importar, desde Sudamérica, grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores. La operación, que pretendía traer a España unos 200 kilos de cocaína, no se fraguó por problemas con los proveedores.
El mando policial trató de hacerse con un puesto clave en el puerto de Barcelona para facilitar la operación, según consta en las conversaciones telefónicas del caso, que han sido clave en la sentencia. Durante el juicio, el inspector alegó que había sido víctima de una trampa y que sus vigilancias en la zona del puerto estaban relacionadas, en realidad, con una investigación sobre un clan gitano. En cuanto a Paco, la pena solicitada por la Fiscalía era de 13 años de cárcel.
La sentencia condena a Cale por un delito contra la salud pública con una circunstancia agravante (le atribuye la “jefatura de la organización criminal”) y una circunstancia atenuante (dilaciones indebidas). La pena por ese delito queda fijada en los 13 años de cárcel más el pago de multa de 795.000 euros. A ello hay que sumar dos años más por un delito de revelación de secretos atribuido a funcionario público. En el caso de Paco, el tribunal aprecia además la atenuante de drogadicción, por lo que la pena queda en cinco años y medio de cárcel por tráfico de drogas y el pago de una multa de 815.000 euros.
La declaración de Javier Z., antiguo responsable de una empresa logística que colaboró en una entrega de droga y después se arrepintió, ha sido también esencial. En 2016, explicó que una banda de traficantes contaba con el apoyo de los dos mandos policiales. Tras un año de investigación dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, ambos fueron detenidos.
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