El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha procesado este martes a 42 personas por su presunta implicación en el caso Acuamed, que cerca el supuesto amaño de contratos en una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la empresa pública Acuamed. Entre otros, el magistrado propone sentar en el banquillo a Arcadio Mateo, el exdirector general de la compañía, al que se señala como “principal” sospechoso por recibir regalos de los contratistas: como billetes de avión, estancias en hoteles e, incluso, un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros.
A lo largo de un extenso auto de 241 páginas, el juez describe los indicios que acorralan a los implicados y analiza todas las obras bajo sospecha: como un sistema de dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín (Murcia); un proyecto de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda (Almería); un expediente en la cuenca media del río Serpis (Valencia); o un plan para eliminar la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).
En línea con la Fiscalía, el magistrado considera “indiciariamente acreditadas” las irregularidades para favorecer con contratos a determinados contratistas, que entregaban regalos a cambio. Por ejemplo, la resolución explica que una empresa suministradora de tuberías, Noksel, pagó viajes y estancias de hotel a Arcadio Mateo y a sus familiares. No solo dentro de España (como a Gran Canaria, Málaga, Bilbao y a Sevilla para la Feria de Abril), sino también al extranjero. De hecho, tomando como base los informes policiales, el instructor afirma que no solo se costeó una expedición a Turquía para “actividades de recreo” junto a su esposa e hijos en agosto de 2014, sino que le pagó otra en noviembre de ese mismo año para “un implante capilar”.
El juez García-Castellón enumera delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. “Desde Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales. Se facilitaba el trabajo al contratista, permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra”, detalla el magistrado.
Denuncias ignoradas
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El magistrado relata también como Francisco Valiente, director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal hasta abril de 2014, y más tarde Gracia Ballesteros, gerente Territorial, comunicaron a sus superiores de Acuamed y del Ministerio las “graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos”. Pero, como respuesta, solo obtuvieron silencio y represalias. “Al primero se le dejó de atender y se le cesó”, subraya la Audiencia Nacional, que añade: “Igualmente, Gracia Ballesteros fue removida de su puesto”.
