El abogado de la única acusada de decapitar en 2019 a Jesús María B. en 2019 en Castro Urdiales (Cantabria) ha dado planteado un giro en su línea de defensa, tras dos semanas de juicio. Aunque aún sigue reclamando la libre absolución de su clienta y pareja del difunto, Carmen Merino, de 61 años, ha planteado al tribunal la alternativa de que hubiera cometido un delito de encubrimiento de un supuesto asesino del hombre, que serían quien le habría enviado la cabeza de quien fue su novio, de quien solo se ha hallado el cráneo. Este fue entregado por una vecina de la acusada, que lo tuvo guardado en su vivienda por hacer un favor a su amiga, que ahora la quiere involucrar. La Fiscalía, que reclama 25 años de cárcel, mientras la familia del fallecido pide prisión permanente revisable. Esta ha acusado a Merino de haber ejecutado personalmente la “tarea macabra” de descuartizar al difunto “por un móvil económico”.
La sesión de conclusiones e informes ha permitido al abogado plantear esta petición subsidiaria o alternativa, en el caso de que el jurado no opte por la libre absolución. El letrado ha insistido en que no se ha encontrado del cadáver más que la cabeza y que esta parte apareció en casa de la amiga y vecina. La acusada sostuvo que en la caja que le entregó en marzo de 2019 a su allegada había “juguetes sexuales” que le avergonzaba que vieran los investigadores. Pero esta amiga se hartó y abrió la caja, en cuyo interior descubrió el cráneo el 29 de septiembre de ese año. El defensor ha sostenido que no se ha esclarecido ni quién ni cómo se suministraron los fármacos relajantes detectados en los análisis del cráneo de Jesús María B. “El procedimiento ha sido peor que un desastre”, ha zanjado, tras admitir que no sabe a quién remitiría ese “encubrimiento” que ha pedido a última hora, pero solicitando que se investigue quién puede ser.
La Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia del finado han tratado de desmantelar estas tesis. El fiscal ha señalado, conforme a las pruebas en Castro Urdiales ante un jurado popular, que la supuesta autora del suceso preparó el crimen buscando en Internet cuánto tarda en descomponerse un cuerpo o si la muerte de su pareja le permitiría seguir cobrando su pensión. El ministerio público ha recitado que C. M. “hizo acopio” del fármaco hallado en el cráneo y que, tras las fechas en las que deduce que se competió el presunto asesinato, entre el 12 y 13 de febrero de 2019, a juzgar por la desaparición del varón, ella “compró material desinfectante, bolsas de basura y tres botellas de whisky porque lo tuvo que ir descuartizando y eliminando evidencias”. El alcohol lo ha achacado al intento de desinhibirse para acometerlo: “El informe pericial revela que no es una psicópata”.
El fiscal ha desmenuzado el relato de la mujer y las contradicciones sobre el supuesto viaje que Jesús María B. había emprendido justo cuando se supone que fue asesinado con un supuesto amigo que tampoco se ha sabido quién es. Asimismo, ha detallado versiones distintas de la acusada, en prisión provisional desde 2019, respecto a las líneas de teléfono de su pareja cuando no daba señales de vida. “C. M. sabía que iban a investigarla y le entregó a su amiga el resto mortal; el fatídico 28 de septiembre esta se encuentra con el cráneo, tiene un ataque de nervios, y llama a su hermana y a la Guardia Civil”, ha recordado la Fiscalía. Esta ha añadido que la sospechosa fue a casa de su amiga como consecuencia del revuelo, pero para decirle que “tenían que haberla avisado” antes de alertar a las autoridades. Después, optó por el silencio con los sanitarios y los agentes, sin clamar por su inocencia. También estiman que mintió a un familiar que estaba preocupado por la falta de noticias sobre el hombre diciéndole que acudiría a un cuartel a denunciar, si bien tres agentes que han declarado estos días han asegurado que la primera formalización de la desaparición la interpuso un primo del difunto y no C.M.
La abogada de la acusación particular ha censurado un “afán por introducir a terceras personas” por parte de la acusada. La letrada ha incidido en la “falta de lógica” del argumentario de C. M. y ha respaldado el relato del fiscal sobre lo que deducen que ocurrió. Ninguno de ellos cree que nadie, como ha tratado de esgrimir la defensa de la sospechosa, accediera al ordenador o a la casa que compartía con el difunto. Además, han detallado que no encajan las fechas sobre la compra y el uso de la motosierra con la que se habría descuartizado al cadáver.
“El 2 de marzo llegó una señora a limpiar la casa y se encontró con bolsas de basura que pesaban una barbaridad, pese a que C.M. decía que tenía la espalda fatal”, ha sostenido el fiscal. La abogada de la acusación particular ha aludido a un crimen “espeluznante y premeditado”, ha insistido en las compras de productos de limpieza con los que piensan que limpió la vivienda, que fue investigada unos seis meses después de los supuestos hechos. Para ambos, el crimen se cometió en el domicilio también porque los forenses han revelado que el cráneo se sometió a un “fuego sólido incandescente propio de un electrodoméstico”. Este viernes los jurados recibirán el objeto del veredicto y comenzarán a deliberar para resolver el caso después de que la acusada rechazara su derecho a la última palabra.
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