“Presa o muerta me quieren”, ha dicho este martes Cristina Fernández de Kirchner tras escuchar su sentencia por corrupción. Condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos, la expresidenta argentina ha denunciado el uso político de la Justicia en su contra en una trama que ve controlada por sus rivales políticos, los medios opositores y los jueces federales. Kirchner tardó menos de media hora en hablar tras la lectura de su sentencia. “La condena real es la inhabilitación perpetua”, ha dicho en un mensaje transmitido en directo desde su despacho en el Senado, en el que también ha asegurado que no buscará ser presidenta ni senadora en las elecciones de octubre de 2023.
Kirchner le ha dedicado su anuncio a quien considera uno de sus más feroces enemigos, Héctor Magnetto, el CEO del grupo propietario del diario Clarín: “No voy a ser candidata. Es una muy buena noticia para usted, Magnetto. El 10 de diciembre de 2023 [cuando termina su mandato en la Casa Rosada] no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa”, ha dicho la vicepresidenta. “Mascota de usted, nunca jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.
El anuncio llegó después de más de una hora en la que la vicepresidenta denunció ser víctima de “un Estado paralelo y una mafia judicial”. Kirchner, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, ha afirmado que es víctima del lawfare, de un uso político de la Justicia en su contra. “No es una condena por las leyes de la Constitución”, ha dicho la vicepresidenta, que dedicó gran parte de su discurso a buscar relacionar su condena con la filtración de un chat entre magistrados, fiscales, directivos de medios y políticos opositores que en la víspera agitó la lectura del veredicto.
Los mensajes involucraban al juez Julián Ercolini, a cargo de la instrucción en la investigación contra Cristina Kirchner; el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y dos directivos del Grupo Clarín, entre otros. En los mensajes filtrados, buscaban ocultar con mentiras un viaje a la Patagonia, realizado en octubre, a la finca del multimillonario inglés Joe Lewis. El viaje, dijo Kirchner, “es la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la libertad de la vida de los argentinos. La familia judicial en su máximo esplendor. Este es el sistema que funciona bajo la pomposa figura de Poder Judicial”.
La vicepresidenta ha seguido la lectura de su condena desde su oficina en el Congreso, que ha sido su refugio político durante todo el juicio. Desde ahí hizo su alegato de defensa el pasado 23 de septiembre, cuando vinculó el intento de asesinato que sufrió a finales de septiembre con una confabulación en su contra del Poder Judicial y la oposición: “Desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”.
Tras el ataque fallido, su militancia salió a defenderla con manifestaciones en las calles. Días antes, la Fiscalía había pedido 12 años de prisión en su contra por malversación y ser jefa de una asociación ilícita. El pedido de condena llevó al kirchnerismo a tomar las calles, con vigilias y manifestaciones frente a la casa de la vicepresidenta durante una semana. Fue en ese contexto que un hombre intento dispararle, sin que saliese la bala.
La euforia con que fue defendida entonces contrasta con la resignación con la que se ha esperado la condena este martes. Un centenar de personas se reunieron frente al edificio del Congreso, en el centro de Buenos Aires, a esperar su salida. Un grupo similar se reunió a las afueras de los tribunales federales donde se leyó el veredicto.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
