El uso de un puerto confiscado por el régimen de Fidel Castro en 1960 puede costarle muy caro a cuatro empresas de cruceros. Una juez de Miami dictaminó el viernes que Norwegian Cruise Lines debe pagar 110 millones de dólares (poco más de 100 millones de euros) a la firma estadounidense Havana Docks Corporation por haber utilizado las instalaciones que le pertenecían antes de que Cuba las nacionalizara. Y no será la única damnificada: Carnival, MSC y Royal Caribbean, también con su sede principal en Florida, afrontan el pago de cantidades similares, lo que podría elevar la factura hasta un total conjunto de 400 millones de dólares, según adelantó el diario Miami Herald.
A falta de saber si los recursos judiciales de las navieras prosperan, el caso sienta un precedente peligroso para aquellas empresas que hayan hecho fortuna utilizando propiedades embargadas por Cuba. La Administración de Donald Trump eliminó en 2019 la suspensión, renovada por semestres, del artículo III de la Ley Helms-Burton, lo cual permitió a las compañías estadounidenses presentar reclamaciones en los tribunales relacionadas con la expropiación de bienes durante la revolución castrista de 1959 en Cuba, como ha hecho Havana Docks.
Algunas estimaciones hablan de que las cuatro empresas de cruceros obtuvieron unos ingresos de alrededor de 1.000 millones de euros por usar el puerto. Las líneas de cruceros esgrimen que su actividad fue legal en todo momento porque contaban con autorizaciones y licencias otorgadas por el Gobierno de EE UU, pero la jueza Beth Bloom, que ahora ha sentenciado a las firmas de cruceros a pagar, ya apuntó en marzo que ese argumento podía no ser suficiente. “El hecho de que [el Departamento del Tesoro] promulgara licencias para viajar a Cuba, y el poder ejecutivo, incluido el presidente, alentara a los demandados a hacerlo, no exime automáticamente a los acusados de responsabilidad si se involucraron en turismo prohibido por ley”, escribió.
Según datos del Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba citados por Reuters, existen 5.913 reclamaciones certificadas por los bienes incautados en Cuba, por valor de unos 2.000 millones de dólares (1.870 millones de euros), y hay activas 44 demandas bajo el amparo de la Ley Helms-Burton.
Las hoteleras españolas, en el punto de mira
Cuando en 2019 Trump abrió la puerta a las sanciones, muchas multinacionales españolas presentes en Cuba contuvieron la respiración temiendo un alud de contenciosos judiciales. España es el país con más empresas mixtas (surgidas de colaboración con sociedades cubanas) y más sucursales implantadas en la isla, con una destacada presencia en el turismo —en particular en la industria hotelera— y los servicios. De momento, no ha habido consecuencias graves, pero hay casos en marcha que podrían afectarles próximamente.
El más claro es el relacionado con la cadena Iberostar. Un tribunal estadounidense dictaminó en noviembre que una demanda contra la hotelera, con sede en Palma de Mallorca, puede seguir adelante. La denuncia fue presentada en enero de 2020 por María Dolores Canto Marí, que alega que en 1961 Cuba se adueñó del hotel El Imperial, propiedad de su familia desde 1909, al igual que la tierra donde se levanta en la ciudad de Santiago de Cuba. Iberostar lo gestiona desde 1996, ahora rebautizado como Cubanacan Imperial. La empresa española trató de paralizar la vía judicial basándose en un reglamento europeo que lo protegería frente a la Helms-Burton, y durante tres años lo consiguió, pero la justicia norteamericana ha reactivado ese frente. Otros grandes del sector, como NH y Meliá, también recibieron denuncias, aunque el bajo número de las que han seguido adelante en su recorrido judicial ha supuesto un alivio para la industria turística.
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