Una operación conjunta de la Policía de Fronteras del Reino Unido, la Marina Real y la Armada Francesa, con varios helicópteros y embarcaciones de rescate, trabajaba durante toda la mañana de este miércoles, después de que una pequeña embarcación con inmigrantes naufragara en la madrugada en las aguas del canal de la Mancha. El servicio de Guardacostas recibió avisos en torno a las 3:40 de la madrugada (las 4:40 en horario peninsular español) de que la embarcación sufría serios problemas. Un helicóptero ambulancia se trasladó de inmediato a la zona. Suella Braverman, la ministra británica del Interior, informaba a mediodía en la Cámara de los Comunes que cuatro personas habían muerto y 43 habían podido ser rescatadas.
A última hora de la noche del martes, la temperatura descendió a 1º centígrado en Dover, la localidad de la costa inglesa más cercana al lugar el suceso. La temperatura del agua durante la madrugada era mucho más baja, y las autoridades temían que muchos de los que iban a bordo de la embarcación no pudieran sobrevivir.
“Nadie pone su vida en riesgo en estas condiciones, a no ser que no tenga otra opción. Mientras no haya rutas más seguras para intentar solicitar asilo, existe el riesgo de que haya muchos accidentes como este”, ha dicho Alex Fraser, el director de Apoyo a los Refugiados de Cruz Roja.
La aparente tragedia en el canal se produce apenas unas horas después de que el primer ministro Rishi Sunak anunciara en la Cámara de los Comunes nuevos planes para endurecer la política de inmigración e intentar reducir el número de personas que llegan a las costas británicas de manera irregular.
“Vamos a impulsar nuevas leyes para que quede claro, sin la menor ambigüedad, que si alguien entra de un modo ilegal al Reino Unido, no podrá permanecer aquí. Al contrario, serán detenidos y devueltos, bien a su país de origen, bien a un país seguro donde pueda tramitarse su solicitud de asilo”, reiteraba la ministra Braverman en el Parlamento. El Gobierno insiste en advertir a las personas que intentan alcanzar territorio británico de que sus posibilidades de permanecer serán muy reducidas, como modo de frenar un incremento de inmigrantes irregulares al que el Reino Unido –a diferencia del continente europeo– no estaba acostumbrado. A pesar de las peticiones realizadas por el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas y por otras organizaciones benéficas de que el Gobierno utilice los términos “indocumentados” o “irregulares” para referirse a los inmigrantes que llegan a través de la costa, los conservadores insisten en definirlos como “ilegales”, y alimentan así el discurso de que los recién llegados buscan ventajas económicas y explotan las debilidades del sistema legal de asilo.
Con las nuevas medidas anunciadas, el Gobierno incrementará en más de 700 efectivos el personal que vigila las costas del canal, y creará un nuevo mando unificado que integre al ejército, la policía y la administración civil para coordinar esfuerzos.
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Sunak se ha comprometido a reanudar la política de deportaciones a Ruanda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos logró paralizar temporalmente el pasado junio, en cuanto el Gobierno británico consiga despejar las dudas jurídicas que todavía están pendientes de resolver por otros tribunales superiores. Y ha dado orden de habilitar nuevos espacios para sustituir a los hoteles que hoy acogen a los solicitantes de asilo, incapaces de asimilar las cifras crecientes, y que suponen un gasto diario de casi seis millones y medio de euros al erario público británico. A partir del próximo enero, ha anunciado el primer ministro, se utilizarán campings de verano actualmente en desuso, bases militares e incluso colegios mayores inhabilitados para dar cabida al menos a 10.000 personas.
Leyes más duras
Sunak comparte el discurso que ya alimentaron el ex primer ministro Boris Johnson y la exministra del Interior Priti Patel. El sistema de asilo y refugio del Reino Unido, denuncian, es demasiado generoso como para permitir que entren a través de sus resquicios miles de personas que explotan la cobertura legal. El número de solicitudes de asilo pendientes de resolución en 2022 asciende a más de 166.000. “Nuestras leyes necesitan una reforma. Debemos controlar nuestras fronteras, para asegurarnos de que los que lleguen, lo hagan a través de rutas legales y seguras. Nuestro marco jurídico está siendo explotado por personas que frustran durante meses, e incluso años, su expulsión del país”, ha asegurado el primer ministro, un defensor del Brexit de primera hora que tiene al frente de Interior a una política, Braverman, que definió en su día como una “invasión” la actual crisis migratoria. Sunak ha prometido para 2023 una nueva ley que dejará claro “sin la menor ambigüedad”, que todo el que entre en el Reino Unido de modo ilegal no tendrá la menor posibilidad de permanecer.
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