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El futbolista Dani Alves ha pedido a la justicia que lo deje en libertad provisional con el argumento de que las imágenes de las cámaras de Sutton, la discoteca de Barcelona donde se produjo la violación de la que se lo acusa, ponen en duda el relato de la víctima. En el recurso presentado el lunes ante la Audiencia de Barcelona, al que ha accedido EL PAÍS, la defensa sostiene que hay “ciertas debilidades” en los indicios acumulados por los Mossos d’Esquadra contra el exlateral del Barça, y subraya que las cámaras de seguridad de la sala de baile no corresponden del todo con las manifestaciones vertidas ante los Mossos y ante la jueza por la víctima, una mujer de 23 años que ha renunciado a la indemnización que le correspondería en caso de condena.
El objetivo de Cristóbal Martell, el penalista que ejerce la defensa de Alves, es exponer elementos de “duda” que convenzan a los tres magistrados para dejar en libertad provisional al futbolista brasileño, que permanece en el módulo para agresores sexuales de la cárcel de Brians 2. El abogado anima a los magistrados a imponer toda clase de medidas cautelares que sean menos gravosas que la prisión preventiva: comparecencias (incluso diarias) en el juzgado, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, orden de alejamiento de la víctima e incluso la instalación de una pulsera telemática para controlar sus movimientos.
El 20 de enero, la jueza dictó prisión provisional para Alves tras escuchar su declaración y la de la víctima. La magistrada concedió plena credibilidad a la mujer, cuyo relato consideró creíble y consistente, y ninguna a Alves, que cambió “hasta tres veces” de versión: primero negó que se hubiera producido encuentro sexual alguno para acabar defendiendo que ella le había practicado una felación, lo que de todos modos no se corresponde con los restos biológicos hallados en el cuerpo de la víctima. La defensa admite que fue una declaración “errática”, pero lo justifica por el hecho de que no quería que su esposa y sus hijos supieran que había tenido relaciones sexuales con otra mujer.
Los indicios, sostiene la defensa de Alves, “no son tan evidentes, contundentes y devastadores” como “tendenciosamente apunta” el atestado de los Mossos d’Esquadra y como recoge el auto dictado por la jueza “de un modo casi acrítico o poco cuidadoso”. La “desapasionada visión de las imágenes” captadas por la discoteca sirven, a criterio de Martell, para “poner en severa cuarentena o duda valorativa algunas afirmaciones elevadas casi a la categoría de hecho probado”. Algunas de esas afirmaciones son “inconsistentes por inexactas”, dice.
Las cámaras recogen lo ocurrido en la zona VIP de Sutton, de la que Alves era un cliente habitual. El jugador indicó a un camarero que invitara a tres chicas que estaban bailando —entre ellas, la víctima— a acercarse a su mesa. Una vez allí, según el relato de la joven, Alves la manoseó y le indicó que lo siguiera al lavabo, donde la penetró vaginalmente contra su voluntad y utilizando la violencia. Del momento de la agresión en el baño no hay imágenes, pero sí de la escena ocurrida en la sala VIP.
Según el análisis que la defensa hace de las imágenes, se observa cómo Alves entra en la puerta del lavabo y, dos minutos más tarde, “tras estar hablando con sus dos amigas y un camarero”, la víctima “se dirige a esa puerta sin que Dani Alves le franquee el paso o le abra la puerta”. El escenario de “pavor” o “terror” descrito por la víctima en su denuncia queda “desmentido del modo más radical” por las imágenes, siempre según la interpretación que el abogado plasma en su escrito. “Las imágenes que se observan”, concluye el recurso, “pugnan y entran en conflicto y contradicción con la descripción que hace la denunciante”. Esa circunstancia permite dudar, añade el letrado, “que también su relato de lo acontecido en la soledad de la pareja en el cubil del baño pueda estar adornado de idénticos elementos de distorsión narrativa”.
Arraigo en Barcelona
El objetivo del recurso es demostrar a los jueces, en cualquier caso, que no existe riesgo de fuga, que es el criterio por el que Alves fue enviado a prisión. La jueza argumentó que, dada su capacidad económica, la alta pena asociada a la violación (entre 4 y 12 años) y su nacionalidad (no hay convenio de extradición con Brasil), el internacional podría tener la intención de darse a la fuga. Martell asegura que eso no ocurrirá y ofrece lo que a su juicio son suficientes garantías.
Alves, recuerda el recurso, acudió voluntariamente desde México —donde militaba en el Pumas— para declarar en una comisaría de los Mossos d’Esquadra. Alves llegó a Barcelona el 17 de enero procedente, en realidad, de Santa Cruz de Tenerife, donde unos días antes había asistido al entierro de su suegra. La defensa agrega que tiene “arraigo personal, familiar, social y empresarial” en Barcelona y que reside junto a Joana Sanz en una vivienda de su propiedad en Esplugues de Llobregat. La defensa niega también que Alves posea un “músculo económico” que le permita abandonar el país, y cita precisamente la decisión del Pumas de rescindir su contrato cuando trascendió su ingreso en prisión provisional. El escrito agrega que “varias compañías han rescindido los contratos de patrocinio, publicidad e imagen” que tenían suscritos con el jugador.
