Es posible que no haya abierto las cabeceras de los telediarios, pero hace un par de semanas se presentó en Madrid uno de los informes más importantes que podrán leer este año. Se titula El coste de la pobreza infantil en España, y ha sido elaborado por académicos de seis universidades, bajo la dirección del Alto Comisionado del Gobierno contra la Pobreza Infantil y financiado por la Fundación LaCaixa.
El argumento principal del informe es simple: la ruptura del círculo de la pobreza desde la misma infancia de quienes la sufren constituye un ejercicio de inteligencia colectiva. En concreto, la que se deriva de evitar la pérdida anual de más de 63.000 millones de euros. La justificación de esta cifra reside en los costes laborales y sanitarios acumulados, y está explicada con detalle en la propia investigación y en el análisis de Ernesto Gasco —Alto Comisionado— publicado por este mismo diario.
La pobreza infantil afecta a un tercio de los menores de nuestro país, se ha enquistado en el tiempo y constituye una llamativa disonancia en nuestro Estado de bienestar. Las razones prácticas para acabar con esta lacra complementan y magnifican el argumento ético, que debería ser el punto de partida de cualquier análisis: la decencia y dignidad colectiva de una sociedad se miden por el modo en el que esta trata a sus miembros más vulnerables; y ninguno lo es más que sus niños, niñas y adolescentes. De todas las conversaciones relevantes que quedan enterradas en el gallinero del debate político español, esta es, seguramente, la que más urge rescatar.
La decencia y dignidad colectiva de una sociedad se miden por el modo en el que esta trata a sus miembros más vulnerables
Pedro Sánchez se ha tomado este asunto en serio desde sus primeras andaduras parlamentarias. La creación misma de un Alto Comisionado —situado, no por casualidad, en el complejo de La Moncloa— supone una apuesta política que ha sido sustentada con otras muchas medidas en el ámbito de las prestaciones sociales, el fortalecimiento de alianzas o la percepción de la ciudadanía. En este esfuerzo han contado siempre con la complicidad de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, gestionada por Podemos, y el apoyo de diversos grupos parlamentarios, lo que demuestra el capital político invertido en él.
Si esto es así, ¿por qué no aprovechar la oportunidad del debate de moción de censura que comienza este martes para apretar el acelerador y dar una muestra del país que este Gobierno quiere construir? Les propongo una vía para hacerlo: regularizar la situación administrativa de cerca de 125.000 niñas, niños y adolescentes migrantes que viven en España sin papeles. Como explicamos en 2021 en un informe publicado por Save de Children y la Fundación porCausa, la irregularidad constituye un poderoso factor añadido de vulnerabilidad, que determina derechos fundamentales como el de la salud, la educación o la protección. La próxima tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización, que han apoyado 612.000 españoles, ofrece al Gobierno una oportunidad única para dar este paso, que podría ser anunciado en el debate de estos días.
La política pública más transformadora implica en muchas ocasiones transitar un tortuoso proceso técnico, administrativo y presupuestario. Esta no es una de ellas. El Gobierno podría tomar de manera inmediata, unilateral y gratuita la decisión de rescatar de la sombra administrativa a decenas de miles de niños y niñas que viven en nuestro país una ciudadanía de tercera clase. Con ello no solo revolucionaría sus perspectivas en la vida, sino que ayudaría a construir el tipo de sociedad a la que aspira y necesita una inmensa mayoría de los españoles. No se me ocurre mejor argumento para plantear en esta moción de censura.
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