Ron DeSantis expande su cruzada ‘antiwoke’. La Junta de Educación de Florida ha aprobado este miércoles la extensión a todos los grados escolares de la controversial ley que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género, conocida entre sus detractores como No digas gay. Los integrantes de la junta han votado en favor de la medida, que fue propuesta por el gobernador del Estado conservador, quien prepara una carrera para hacerse con la nominación republicana a la Casa Blanca.
DeSantis firmó la controversial norma en marzo del año pasado. Desde entonces, los profesores del sistema educativo estatal tienen prohibido hablar de estos temas a los alumnos desde el jardín de niños hasta el tercer grado de la escuela primaria. La extensión anunciada este miércoles amplía la medida a los estudiantes de cuarto grado y hasta el décimo segundo, el último nivel del instituto. La prohibición cubre entonces a las infancias desde los cinco años hasta los 18.
La extensión de la ley entrará en vigor en un mes, una vez que se pueda notificar a todos los centros de la región, de 21 millones de habitantes. Esta fue una de las promesas hechas hace algunas semanas por DeSantis, quien intenta pulir su perfil conservador y libertario para desmarcarse de quien será su principal rival en las primarias republicanas, el expresidente Donald Trump.
Durante su paso por el Congreso estatal, la Ley de los Derechos de los Padres en la Educación, su nombre oficial, provocó un fuerte rechazo. Los 35 congresistas demócratas en la cámara baja votaron en contra. A ellos se sumaron siete legisladores republicanos, quienes no estaban de acuerdo con el contenido propuesto por el Ejecutivo. A pesar de esto, la norma fue aprobada sin problemas gracias a la holgada mayoría que tienen los conservadores en el Legislativo local.
Desde entonces, la norma ha sido criticada de forma unánime por los colectivos LGBTQ de Estados Unidos. “Para decirlo claramente: este es parte del asalto del gobernador a nuestras libertades”, ha asegurado Joe Saunders, director en Equality Florida, una organización de derechos de la población no heterosexual. “Estas políticas estigmatizan y aíslan a nuestra población más joven justo cuando más nos necesitan”, añadió Saunders en un comunicado.
Poco después de que se conociera la noticia, el Congreso de Florida ha votado un paquete de normas dirigidas al colectivo LGTBQ. Una de ellas, la SB 254, prohíbe a una organización que tiene a 1.3 millones de médicos en el país dar servicio a las infancias trans. También limita el margen de acción de los padres que deseen brindar ayuda médica a los menores que estén en el proceso de transición. Esta ley, no obstante, debe volver al Senado a ser revisada.
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En otra de las iniciativas, la HB 1521, penaliza a los transgéneros que utilicen los baños públicos que no correspondan a su sexo original. También prohíbe los baños inclusivos en escuelas, comercios, albergues públicos, hospitales y prisiones.
Todo esto se suma a una serie de medidas ultraconservadoras que han sido emprendidas con el visto bueno del ejecutivo local. Estas incluyen la censura a libros con temáticas consideradas polémicas por algunas familias o la tajante prohibición de las mascarillas durante la epidemia de coronavirus. El gobernador también ha emprendido una guerra contra Disney, el mayor empleador de Florida, y una de las empresas más grandes que se manifestó en contra de la norma No digas gay.
El choque contra Disney
La batalla entre DeSantis y Disney abrió un nuevo capítulo cuando el gobernador, gracias a una reforma legislativa aprobada por los republicanos, pudo nombrar a cinco miembros en el órgano que supervisa el cuerpo de gobierno del gigante del entretenimiento. Es la primera ocasión en 55 años que la compañía no tiene el control total de la Junta de Supervisores.
Los miembros nombrados por DeSantis se han quejado este viernes de la poca cooperación que han encontrado al llegar. “Queríamos trabajar junto con ellos, pero Disney decidió que no querían trabajar con nosotros. Era su manera de hacer las cosas o ninguna”, ha asegurado este miércoles Martin García, que ocupa uno de los asientos nombrados por el gobernador de Florida.
Los cinco integrantes de la junta luchan por aumentar su influencia en las decisiones de futuro de la compañía. Disney anunció el año pasado que planea donar 32 hectáreas del territorio que utiliza para que una empresa independiente construya vivienda económica para sus empleados. Los miembros nombrados por DeSantis han mostrado que tienen otras cosas en mente, entre ellas la compra de más territorio, que podría ser después vendido a desarrolladores para pagar deuda del Distrito de Turismo del centro de Florida. El pulso entre las partes promete ir a más.
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