Como si se tratase de un producto de belleza o una prenda de vestir, el aviso publicitario en redes sociales rezaba: “Obtén aquí tu licencia médica”. Los precios variaban según los días. Podían ser 35 dólares por 11 días de baja laboral como 80 por un mes. Los interesados eran derivados a un número de Whatsapp chileno para luego ser contactados por un doctor que le preguntaba los supuestos motivos del permiso médico. Una vez depositado el dinero, el profesional sanitario le otorgaba el documento. Así describió la Fiscalía Metropolitana Oriente de Santiago los entresijos de una red de médicos extranjeros, principalmente colombianos, que durante tres años, según la acusación, emitió las licencias sin entregar atención real, provocando un perjuicio fiscal estimado en casi 800 millones de dólares. El tribunal que lleva el caso fijó un plazo de investigación de 120 días.
La segunda semana de diciembre, el Ministerio Público decretó prisión preventiva a siete médicos -cuatro hombres y tres mujeres- por supuestamente liderar la asociación acusada de emisión y venta de licencias médicas ideológicamente falsas, estafa, fraude de subvenciones del Estado y lavado de activos. En la misma audiencia realizada en el 14° Juzgado de Garantía de la capital chilena, el juez Carlos Muñoz Sepúlveda dejó a los otros 23 imputados del caso con medidas cautelares como arresto domiciliario y arraigo nacional. Los abogados de los acusados defienden su inocencia y alegan la falta de pruebas.
Un disparo en el número de licencias médicas encendió las alertas a mediados de año en el sistema de salud chileno. Un doctor emite en promedio unas 140 licencias al año, pero las cifras de los médicos hoy en prisión preventiva alcanzaban las 1.600, lo que se traduce en una cada dos minutos, según la policía. El Consejo de Defensa del Estado -representante judicial del sistema de salud pública (Fonasa)- y la Asociación de Isapres (sistema privado) alertaron al Ministerio Público y la Fiscalía Nacional del pico en las bajas emitidas. Tras cinco meses de investigación, dieron con la organización. En la antesala a la audiencia, la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente y la policía allanaron dos centros médicos y 32 recintos para detener a los 29 imputados.
Constanza Encina, fiscal de Alta Complejidad de Crimen Organizado Oriente, explicó en la maratónica audiencia de 11 horas que el mecanismo fraudulento se realizaba a través de distintas sociedades médicas, las cuales “captaban y contrataban a médicos extranjeros para la emisión masiva y posterior venta ilícita de las licencias, causando un perjuicio económico a Fonasa, que pagó por los días de ausencia laboral de los trabajadores en forma injustificada”. La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que entre agosto de 2021 a julio de 2022, el perjuicio fiscal llega a casi 800 millones de dólares, lo que significa “el 25% del presupuesto de Fonasa para pagar licencias”.
Los imputados están divididos en tres grupos: los médicos que emitían las licencias falsas; los captadores, que se encargaban de publicitar y vender las licencias en redes sociales, y los representantes legales, que podían ser o no médicos, cuyo principal rol era realizar los trámites en Chile para que los profesionales pudieran ejercer la medicina, según explicó al diario La Tercera el subprefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio, no descartó en CNN perseguir penalmente a los compradores de licencias médicas falsas.
El caso más sonado del escándalo es el de la pareja de doctores colombianos compuesta por Samir Rivaldo y Yesica Sonado. Rivaldo emitió 16.039 licencias médicas entre 2020 y 2022, y su pareja otras 9.812 entre abril del 2021 y junio del 2022. Ambos establecieron sociedades para prestar servicios de salud: Doctor Mitite y Provimedc SPA, respectivamente. Los abogados querellantes acusan que es imposible otorgar una atención médica real y realizar un diagnóstico con esos volúmenes de bajas emitidas. Cada supuesto paciente habría estado solo unos minutos por consulta. Los defensores de los imputados sostienen que a través de la telemedicina y horarios laborales extensos es posible. Entre Rivaldo y Sonado, según la acusación, causaron un perjuicio fiscal de más de nueve millones de dólares. Al momento de su detención, la pareja tenía las maletas hechas y una caja fuerte con 60.000 dólares en efectivo y nueve millones de pesos chilenos (un poco más de 10.000 dólares).
