Nueve personas han sido detenidas hasta el momento por un caso de desfalco en la agencia federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El ente, que se convirtió en el hoyo negro de los fondos públicos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, firmó un convenio para la compra de 7,8 toneladas de azúcar a cambio de 142,4 millones de pesos. Por ese contrato, la empresa Servicios Integrales Carregin recibió el dinero, pero entregó poco más de un tercio del producto. Esta irregularidad provocó un desfalco millonario a las arcas públicas, lo que hizo que las autoridades emitieran la semana pasada 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos y personas ligadas a la empresa que resultó beneficiada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De los nueve detenidos hasta ahora, seis son exfuncionarios y tres están vinculados a Servicios Integrales Carregin.
La investigación sobre el desfalco millonario en la compra de azúcar fue hecha pública el año pasado por Animal Político. El organismo público creado por López Obrador, y dirigido entonces por uno de los amigos del presidente, Ignacio Ovalle, fue creado en 2019 con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria en el país. Pero desde que inició operaciones estuvo marcado por múltiples acusaciones de corrupción y desde entonces se ha convertido en el mayor caso de corrupción documentado que ha sucedido durante este Gobierno. En junio de 2022, la Fiscalía General de la República anunció que había recibido 22 denuncias contra Segalmex por desvíos de recursos durante este sexenio, por las que se habían abierto 15 investigaciones.
Las cifras por el dinero del que se perdió el rastro dentro de Segalmex no ha dejado de escalar en los últimos años. En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación informó que había registrado irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Entre los hallazgos había falta de documentación sobre los gastos y erogaciones realizados. El informe señalaba, por ejemplo, el contrato por 58,9 millones de pesos por el alquiler de equipo de laboratorio, pesaje y bandas transportados a cuatro empresas, cuyas condiciones no se cumplieron acorde a la ley. O un contrato por 39,6 millones de pesos con otras cuatro empresas por conservación y fumigación de granos, sobre el cual no hay documentación que acredite que se cumplió en término. También registraba pagos por servicios que finalmente no se adquirieron, como fue el caso del convenio del azúcar con Servicios Integrales Carregin.
Entre las irregularidades que se investigan en las cuentas del organismo están, además de este convenio de compra de azúcar, uno por la venta de crema a una empresa a un precio menor del establecido por el mercado. En este último caso, investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad apuntan a que la hermana del dueño de la compañía beneficiada traspasó un departamento en Texas, Estados Unidos, al hijo de un funcionario de Segalmex, un regalo que habría sido hecho como soborno a cambio del precio favorable en la compra de crema. Otro caso que está bajo investigación es la compra de 100.000 títulos bursátiles adquiridos entre febrero de 2019 y junio de 2020 con recursos del organismo por un valor de 100 millones de pesos.
En abril de 2022 los señalamientos estallaron y presidente relevó de su cargo a Ovalle, pero lo designó como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación, según indicó en un comunicado. La Fiscalía no ha informado quienes son las 22 personas que tienen órdenes de aprehensión, solo ha dicho que se trata de 12 exfuncionarios públicos, cuatro miembros de la empresa beneficiada, y seis personas que recibieron los recursos que fueron desviados de Segalmex. La FGR ha omitido dar información sobre si las investigaciones alcanzan a Ovalle, quien estaba a cargo de la paraestatal mientras los desfalcos millonarios sucedieron.
La noche de este martes cayó el noveno detenido, Jorge Humberto González Bocardo, quien era coordinador de operaciones en Diconsa, el organismo encargado del abasto de alimentos. Además han sido detenidos el exdirector jurídico de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena; la excoordinadora de la Gerencia Presupuestal, Laura Patricia Hernández; el subgerente de la Dirección Comercial, Roberto Rivera Ramos; los subjefes operativos Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez; y los tres vinculados a Servicios Integrales Carregin, Gonzalo Mora Nateras, José Miguel Ojeda Antonio y Jorge Saúl Romero Valencia. Las autoridades han informado además que continúan adelante con otras investigaciones por más fraudes dentro del organismo público.
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