La Fiscalía ha capturado a Leonardo Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad del Estado de Guerrero, durante el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43. El funcionario era militar ya retirado y se ocultaba en Nayarit, donde fue detenido. La Fiscalía acusa a Vázquez de delincuencia organizada por sus presuntas relaciones con el grupo criminal Guerreros Unidos, parte de la red criminal que perpetró el ataque contra los normalistas. Al hilo de esta detención, el vocero del Gobierno ha tuiteado: “Estamos comprometidos con la verdad, la justicia y la reparación del daño. No habrá impunidad”.
Por el caso Ayotzinapa hay en la cárcel alrededor de 70 personas, entre ellas el fiscal de entonces, Jesús Murillo Karam, preso desde agosto, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. Con la nueva Administración se han cursado decenas de órdenes de captura más. La de Vázquez era parte del último paquete, 83 órdenes de detención que la Fiscalía obtuvo en agosto también. Esas órdenes fueron objeto de polémica cuando la misma Fiscalía, haciendo a un lado al equipo que ha investigado el caso estos años, pidió cancelar una parte. Por las órdenes que quedaron vigentes se detuvo a cuatro militares, entre ellos un general.
El cartel de Guerreros Unidos ha estado siempre vinculado al caso Ayotzinapa, uno de los más dramáticos de la historia reciente mexicana. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la escuela de Ayitzinapa fueron a Iguala, en Guerrero, para tomar autobuses. Días más tarde, querían viajar hasta Ciudad de México, a las marchas conmemorativas de la matanza de Tlatelolco, la represión estatal de estudiantes en octubre de 1968. Una de las hipótesis apunta a que eso fue el detonante de la matanza de los 43, porque los autobuses eran utilizados por el cartel para transportar droga, heroína en aquel entonces, hacia Estados Unidos.
El caso Ayotzinapa estaba prácticamente enterrado hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, con la promesa previa de revisar la versión de los hechos construida por el fiscal Murillo Karam y su equipo. Según esta versión, Guerreros Unidos asesinó e incineró a los muchachos en un basurero y luego arrojó los restos a un río, relato hoy negado por los investigadores. Varios grupos especializados se hicieron cargo de remover todas las pesquisas en busca de una nueva verdad, y en los últimos meses empezaron a fluir las noticias sobre el asunto.
El 19 de agosto pasado, se produjo una de las detenciones más esperadas por las familias de los normalistas, la del fiscal Murillo Karam. Se cursaron a su vez órdenes de detención contra 20 mandos militares y decenas más contra otras figuras implicadas. Pero lejos de ir abriéndose luz sobre el caso, las siguientes semanas el asunto se fue enredando en la justicia. El 25 de septiembre quedaron canceladas por orden de la Fiscalía 21 del total de 83 órdenes de arresto solicitadas, la mayoría de ellas afectaban a militares. Esta medida se cobró una primera víctima colateral con la dimisión del fiscal Gómez Trejo, por discrepancias con la FGR, que comanda Alejandro Gertz Manero. De aquellas órdenes de arresto apenas se han ejecutado cuatro. Con la detención de Leonardo Octavio Vázquez Pérez ya son cinco.
La FGR colocó a Rosendo Gómez Piedra al frente del caso Ayotzinapa en sustitución de Gómez Trejo. Gómez Piedra es cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien trabajó cuando este era gobernador de Tabasco. El nuevo fiscal coincidió además con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando el mandatario fue jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre 2000 y 2006.
Este viernes el caso de los normalistas dio un vuelco notable. Los militares detenidos anunciaron que presentarán una demanda penal porque consideran que las pruebas aportadas por el informe del Gobierno incluyen “información falsa”. Los detenidos aprovechan una grieta inesperada, la que se ha abierto cuando el presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció que no está verificada toda la información sobre la que se sustenta la versión del Gobierno sobre lo sucedido.
Un nuevo elemento ha venido a sumarse a esta ceremonia de la confusión. La filtración de los papeles de la Sedena por los hackers de Guacamaya puso de manifiesto que el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, había tratado de interceder por José Martínez Crespo, mediante una carta a López Obrador. Martínez Crespo es uno de los militares de alto rango, capitán, vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa y a quien Encinas señaló como responsable de ordenar la ejecución de seis de los estudiantes días después de su desparición. En medio de estas últimas informaciones se ha dado la detención, el viernes de madrugada, del antiguo secretario de Seguridad de Guerrero.
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