Dos etarras declaran como testigos protegidos contra los exjefes de la banda | España

Dos miembros de ETA han declarado en los últimos meses ante la Guardia Civil y, posteriormente, ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal bajo la condición de testigos protegidos, según confirman varias fuentes cercanas a la investigación. Se trata de dos antiguos integrantes de comandos de la organización terrorista que han comenzado así a colaborar para aportar pruebas contra los integrantes de las antiguas cúpulas de la banda. Sus testimonios se han incorporado ya al sumario abierto por el atentado cometido contra Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián (Gipuzkoa) por el PP, asesinado de un tiro en la nuca en enero de 1995. Esta causa se ha reimpulsado en los últimos meses para tratar de determinar la presunta implicación en la toma de decisión de cometer el crimen de, al menos, cinco exjefes etarras: Ignacio de Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren Ruiz, Txapote; Mikel Albisu, Antza; Julián Achurra, Pototo; y Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza.

Los dos miembros de la banda —disuelta en mayo de 2018— han aportado información sobre el funcionamiento interno de la organización, según confirman las mismas fuentes. Ambos testificaron primero ante agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, que abrió diligencias el 3 de febrero de este 2023. Y, el pasado 31 de marzo ratificaron aquella declaración ante el juez Abascal, que confirmó su condición de testigos protegidos (bautizados como TP 2/2023 y TP 3/2023). Además, el magistrado adoptó ese día otras medidas para evitar su identificación: sus testimonios no se incorporarán en formato de vídeo a los sumarios, como es habitual, sino que se hará una transcripción de los mismos para mantener oculta su imagen y voz.

Según estas fuentes, ante los agentes y el magistrado, los dos colaboradores han explicado “la estructura, el funcionamiento y la composición” de la cúpula de la banda —denominada zuba, en su jerga interna— y su relación con los comandos. Según coincidieron en señalar los dos testigos, aquella fijaba a los terroristas dos tipos de objetivos. Por un lado, los denominados “permanentes”, contra los que podían atentar sin necesidad de pedir autorización a la dirección. En este grupo encuadraban, por ejemplo, a los miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los militares.

El segundo tipo de objetivos eran aquellos que requerían que los jefes de ETA dieran el visto bueno para actuar contra ellos. Entre ellos se encontraban políticos como Gregorio Ordóñez, jueces, ertzainas y periodistas. Los investigadores enmarcan la diferenciación entre dos tipos de objetivos descrita por los testigos protegidos en la estrategia que ETA aprobó de los años 90, cuando decidió extender sus acciones terroristas a políticos, apoyándose en la ponencia Oldartzen, aprobada por Herri Batasuna en 1994 y en la que se abogaba por la “socialización del sufrimiento”. Toda un plan de “desestabilización” y “terror continuado, indiscriminado y persistente”, que perseguía “alimentar un clima de amenaza”, según lo define el propio juez Abascal en otro sumario reimpulsado: el abierto por el asesinato de Jesús María Pedrosa, concejal del PP en Durango (Bizkaia), tiroteado por ETA en junio de 2000.

En sus declaraciones, los dos etarras también identificaron a los cabecillas de la banda que, durante el tiempo que ellos formaron parte de los comandos —uno estuvo en la década de los 80 y el segundo, entre 1993 y 2001, cuando fue detenido—, integraban las cúpulas que les daba las órdenes.

Las fuentes consultadas apuntan que ya se ha solicitado que el testimonio de estos dos testigos protegidos se incorporen a otros sumarios donde se investigan a las sucesivas cúpulas de la organización. Según el recuento de EL PAÍS, la Audiencia Nacional ha reimpulsado ocho causas en los últimos meses contra la zuba, en las que se señala a 23 miembros de las sucesivas cúpulas de la banda terrorista: entre ellos, otras piezas clave como María Soledad Iparraguirre, Anboto; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Javier García Gaztelu, Txapote; Ainhoa Mugica, Olga, y Juan Antonio Olarra, Jokin.

El paso dado por estos dos antiguos etarras, cuya identidad se ha decidido mantener bajo secreto debido a la excepcionalidad de su cooperación, refuerza precisamente la vía abierta en la Audiencia Nacional para tratar de sentar en el banquillo a los exjefes de la banda por los crímenes cometidos por sus subordinados. Los investigadores consideran que su palabra puede resultar clave en las causas al aportar un nuevo elemento a las acusaciones para su procesamiento. Los magistrados de instrucción, que se han topado con el férreo pacto de silencio de los exdirigentes de ETA, apenas contaban hasta ahora con los informes de inteligencia que elaboraban las fuerzas de seguridad.

Según detalla un escrito de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) enviado a la Audiencia Nacional y al que tuvo acceso este periódico, los dos testigos protegidos participaron durante su pertenencia en ETA en “acciones armadas” por las que ya fueron condenados. Según resalta este documento, fue esa integración la que les permitió conocer “el papel desempeñado por los integrantes de la dirección […] en la toma de decisiones, órdenes, instrucciones y autorizaciones para la comisión de determinadas acciones armadas”.

La causa de Gregorio Ordóñez

La causa contra la cúpula de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez arranca en 2015, cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la denuncia de Consuelo Ordóñez, hermana del político del PP, contra cinco etarras que, cuando se cometió el atentado, formaban parte del llamado comité ejecutivo de la banda: Iñaki de Rentería, Txapote, Mikel Antza, Pototo e Isuntza. El magistrado se apoyó en un informe de la Guardia Civil que aportaba “fiables y verosímiles indicios de la participación de los imputados en la decisión de matar” al concejal: ETA actuaba con “una jerarquía basada en una rígida disciplina” en la que su dirección “asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”.

Tras permanecer prácticamente dormida, Abascal dio un nuevo impulso a la investigación en diciembre de 2021, cuando citó a declarar a Antza, al que retiró el pasaporte al considerar “fiable y verosímil indiciariamente” su relación con el asesinato del exconcejal popular. Posteriormente, también llamó a Iñaki de Rentería para interrogarlo. Según fuentes de la investigación, aunque aún faltan algunas indagaciones por hacer, la causa se encuentra cerca de su final.