La política peruana ha entrado en un déjà vu. Si la solución a la última crisis, que comenzó con el autogolpe fallido de Pedro Castillo el 7 de diciembre, está en manos de la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, o del Congreso, no se puede esperar una solución a corto plazo. Los dos poderes siguen interpelándose para adelantar las elecciones generales o renunciar, pero nadie da un paso adelante. Este lunes, el Congreso aprobó reabrir el debate para celebrar los comicios en 2023, un tema que ya se ha debatido sin éxito en numerosas ocasiones en los últimos dos meses, la última el pasado viernes.
Los manifestantes mantienen desde las calles su presión al Gobierno, que cada vez se siente con menos margen de maniobra. Durante el primer mes y medio, las protestas se mantuvieron en las regiones del interior, sin alterar demasiado la vida de Lima, la capital que concentra a un tercio de la población del país. Pero desde hace 10 días, los enfrentamientos por la represión policial se han trasladado a las calles de la capital. La crisis le ha costado la vida ya a 58 personas, la última este sábado en Lima, por el disparo de un proyectil.
La presidenta dio un discurso este domingo por la noche en el que se notó un cambio de tono respecto a mensajes anteriores. Le pidió al Congreso que asuma la “responsabilidad histórica” de aprobar el adelanto electoral para 2023, en lugar de a mediados de 2024, como estaba previsto. “Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: nos vamos todos”. Con esas palabras asume el grito que se ha extendido ya por el país, en el que los ciudadanos exigen “que se vayan todos”: el Gobierno y el Congreso.
Los congresistas han recogido el guante de la presidenta sin ningún entusiasmo ni muestras de querer cambiar sus posiciones. El pasado viernes ya se dio ese debate en el Pleno y fue rechazado por una amplia mayoría. Solo hubo 45 votos a favor y 65 en contra. El ambiente no es de que esto vaya a cambiar de un día para otro. Hay partidos que exigen la renuncia de Boluarte, congresistas que sostienen que celebrar las elecciones en abril de 2024 es lo correcto para poder llevar a cabo reformas políticas previas y otros, los menos, que abogan por irse cuanto antes.
El descrédito de todas las instituciones del país es absoluto. La desaprobación de la presidenta es del 76% y el índice de aprobación del Congreso apenas es de un 7%, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En ese mismo sondeo, un 56% aseguró que las fuerzas del orden se excedieron en la represión de las protestas, mientras un 26% avaló la actuación policial. La crisis política sigue agravándose después de años de ingobernabilidad en un país que lleva seis presidentes en cuatro años.
Boluarte, sin embargo, no ha dado muestras de planear una renuncia por ahora. Un hecho que tampoco desembocaría en elecciones inmediatas, ya que el presidente del Congreso, José Williams, asumiría la presidencia del país. El especialista en derecho electoral José Villalobos ha explicado que la renuncia también “generaría un problemón”. No está claro qué tipo de elecciones habría que convocar entonces; y parece que estas se tendrían que celebrar en 2024.
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La presidenta quiso mostrar el domingo que su intención de irse a través del adelanto electoral es clara. Por eso anunció que si el Congreso no aprueba esta vez la convocatoria a octubre de 2023, el Ejecutivo presentará dos proyectos de ley para hacerlo. Aunque estos también tendrían que pasar por el Congreso para ser aprobados.
El cambio de talante de la presidenta, que en sus mensajes anteriores siempre cargó contra los manifestantes y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, también se notó en otro de sus anuncios. Propuso la reforma total de la Constitución de 1993, la que se promulgó durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Esto, que resultaba inimaginable hace unas semanas, es otra de las demandas que más se escuchan en la calle.
Después de que el Congreso aprobara volver a debatir el adelanto electoral se suspendió la sesión para iniciar la ronda de contactos entre los partidos y acordar un nuevo texto para llevar al pleno. Este podría celebrarse este mismo lunes, si alcanzan un acuerdo, o en los próximos días. En caso de que el Congreso llegara a aprobar la nueva fecha de los comicios, la primera vuelta se celebraría en octubre y la segunda en diciembre de este año.
Mientras estos debates, que no son nuevos, se dan en el Congreso, la convulsión se mantiene en las calles. Desde el mediodía, unas 1.000 personas se dirigen al centro de Lima y en las regiones del interior, las primeras en levantarse el pasado en diciembre, la situación sigue siendo caótica. El Gobierno envió este lunes a 2.000 policías a las regiones de Ica, al sur de Lima, y Puno, al sur del país, para tratar de recuperar el control de las carreteras, que suman varios días de bloqueos.
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