El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará la actuación del Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife (Lanzarote) en la causa contra Raúl Díaz Cachón, el hombre acusado de matar y descuartizar a su mujer, Romina Celeste Núñez, el 1 de enero de 2019 en esa isla canaria. El sospechoso quedó en libertad el pasado 13 de enero tras pasar cuatro años en prisión provisional, el máximo que permite la ley, sin que se haya fijado todavía fecha para su juicio. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que la autoridad disciplinaria del Consejo ha admitido ya a trámite la queja presentada por la abogada de la familia de la víctima, que denuncia la actitud “relajada” del juzgado y lamenta que tanto los jueces como la Fiscalía entraran “en el juego” de las maniobras “dilatorias” de la defensa para retrasar la instrucción y permitir que saliera en libertad.
La queja, que entró a través de la Unidad de Atención Ciudadana, ya ha llegado al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, y se está tramitando. Conde deberá recabar ahora un informe del juzgado antes de determinar si abre un expediente disciplinario que pueda acabar en sanción para el titular de ese órgano.
La denuncia de la abogada, Emilia Zeballos, recoge un minucioso relato de las trabas con las que se fue encontrando la investigación judicial, especialmente desde enero de 2020, cuando se encarga un informe pericial para determinar si unas tijeras compradas por el acusado antes del crimen eran apropiadas o no para trocear carne humana. El documento fue encargado a la Guardia Civil el 18 de noviembre de 2019, pero en enero de 2020 fue derivado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias. El 24 de junio, el juzgado reiteró su petición a este organismo, que respondió entonces argumentando necesitar que le enviasen las tijeras. El juzgado las mandó el 27 de agosto, pero pasó casi un año sin que el Instituto de Medicina legal diera noticia alguna mientras que el juzgado tampoco reclamó el documento. El 9 de julio de 2021, el juzgado insistió en su petición. Y en marzo de 2022, comunicó un ultimátum al organismo autonómico y exigió que entregase el informe en 10 días. La prueba pericial llegó, por fin, el 8 de abril de 2022. Durante esos dos años, la causa estuvo prácticamente paralizada, según la abogada, a pesar de que el informe técnico era “meramente circunstancial”.
El escrito que ha dado lugar a la apertura de la investigación por parte del CGPJ señala: “Es intolerable que el Juzgado haya entrado en el juego de la práctica de la prueba de las tijeras, que tenía como objeto el dilatar; también es intolerable que el ministerio fiscal, quien debe de velar por la legalidad en el procedimiento, haya consentido que más de un año se haya limitado, prácticamente, a la diligencia de las tijeras, cuyo fin era irrelevante”. La abogada reprocha también la demora de un informe psicológico del acusado solicitado por su defensa, otra de las diligencias que resultan “irrelevantes”, según la letrada, porque no es un informe psiquiátrico “que pudiera afectar a la culpabilidad o a las circunstancias a la hora de imponer la pena”.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya realizó una primera investigación interna tras conocerse la puesta en libertad de Díaz Cachón y determinó que no se había producido ninguna disfunción porque la causa nunca estuvo paralizada. Por el juzgado de Instrucción 1 de Arrecife han pasado en cuatro años tres juezas distintas, pero según la investigación del TSJC no existe “indicio alguno” de que ninguna de ellas “pudiese haber incurrido en algún tipo de responsabilidad”. El informe sí admite que “alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el presente de causa con preso, se debería evitar”, pero apunta como único responsable al Instituto de Medicina Legal.
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