El Consejo Constitucional francés ha aprobado este viernes los puntos esenciales de la impopular reforma de las pensiones. Aunque ha censurado algunos artículos secundarios, el presidente, Emmanuel Macron, ya puede promulgar la ley que aumentará la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años. El alto tribunal ha rechazado la iniciativa para un referéndum que, si al final de un recorrido largo y complejo hubiese tenido éxito, habría anulado la reforma recién aprobada.
La decisión del Consejo Constitucional, equivalente en Francia al Tribunal Constitucional español, supone una victoria para Macron y su reforma tras meses de crisis política y social, y una derrota para quienes llevaban meses oponiéndose, desde los sindicatos a la oposición de izquierdas y de extrema derecha. Pero es una victoria agridulce. El coste social y político ha sido elevado. Y el veto de los sabios —como se conoce a los nueve miembros del Constitucional— a una parte de la ley abrirá un debate sobre si tiene sentido aprobarla troceada o si debería renegociarse de nuevo. El tribunal, además, tiene un mes para examinar una nueva iniciativa para celebrar un referéndum. Si esta se aprobase, abriría una rendija de esperanza a los opositores de la reforma.
Se recordaban pocas decisiones de tanto calado político y rodeadas de tanta expectación en la institución presidida por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius y que cuenta entre sus nueve integrantes con uno de sus sucesores, el conservador Alain Juppé. La sede, en el complejo del Palacio Real, se encontraba protegida por las fuerzas del orden. El Ministerio del Interior había prohibido las concentraciones delante del edificio.
No está claro que la decisión del árbitro constitucional calme los ánimos en el país después de meses de movilizaciones y huelgas, de mociones de censura, de tensión e insultos en el hemiciclo y de un divorcio entre Macron y la ciudadanía que puede lastrar los cuatro años restantes de su segundo y último quinquenio en el palacio del Elíseo. Pero el presidente, en cuanto haya promulgado la ley en los próximos días y se publique en el diario oficial, podrá decir que ha cumplido con su promesa electoral. La madre de todas las reformas —la que debía demostrar que, contra viento y marea, él era el líder capaz de transformar Francia— será una realidad.
La incógnita ahora es si los sindicatos, que con la reforma de las pensiones se han unido después de más de una década de divisiones, pondrán fin a las manifestaciones y huelgas o las mantendrán. La próxima movilización coincidirá con el Primero de Mayo.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
La decisión del tribunal respondía a varios recursos en contra de la oposición de izquierdas y de extrema derecha y a otro de la propia primera ministra, Élisabeth Borne, para asegurarse de la constitucionalidad de la ley. La oposición cuestionaba, entre otros puntos, que se hubiese respetado la “sinceridad y claridad” de los debates parlamentarios. Y acusaba al Gobierno de “una manipulación del procedimiento” al haber usado para la reforma una ley financiera en vez de una ley clásica.
Los sabios han considerado constitucional el uso de una ley financiera para aprobar la reforma. Aceptan el uso del artículo 47.1 de la Constitución, que permitió al Gobierno abreviar los debates. Y nada objetan al recurso, por parte de Macron, al polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permitió adoptar una ley sin pasar por el voto parlamentario. También han avalado al pie de la letra las razones del Gobierno —razones financieras y demográficas— para elevar la edad de jubilación. “El Consejo Constitucional”, se lee en el texto de la decisión, “señala que, al adoptar las disposiciones contestadas, el legislador ha querido asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones por repartición y, así, garantizar su perennidad. Ha tenido en cuenta, en especial, la prolongación de la esperanza de vida”.
El tribunal ha censurado, total o parcialmente, seis de los 36 artículos de la Ley de financiación rectificativa de la seguridad social para 2023, el nombre completo de la reforma. La paradoja es que algunos de estos artículos se habían introducido en el texto para darle un barniz más social, y algunos eran los más aceptables para la oposición. Según los sabios, sin embargo, no encajaban con el formato de una ley financiera, al no tener impacto sobre las cuentas de la seguridad social. Se trata, entre otros artículos, de los que obligaban a las empresas a difundir indicadores sobre el empleo de mayor edad.
Es poco habitual que el Constitucional rechace una ley en su integridad. Desde 1959, al inicio de la actual V República, ha vetado 17 de las 744 leyes sobre las que ha tenido que pronunciarse.
El fallo cierra un capítulo en el tortuoso recorrido de la reforma de las pensiones. Borne la presentó el 10 de enero. El rechazo fue inmediato y masivo. Siete de cada diez franceses estaban en contra de la ley, y todavía lo están. El 19 de enero se celebró la primera jornada nacional de huelgas y manifestaciones. Este jueves fue la duodécima. Entre tanto, Francia ha vivido un proceso legislativo accidentado, con acusaciones de “terrorismo ideológico” contra la izquierda radical y de “autoritarismo” contra Macron. Dirigentes como el sindicalista moderado Laurent Berger hablan de “crisis democrática”.
Aunque en ningún momento las huelgas han logrado paralizar el país, ha sido significativa, primero, la amplitud del rechazo en la opinión pública —que va más allá de ideologías y clases sociales— y segundo, su persistencia. El rechazo apenas se ha erosionado en los sondeos, aunque la asistencia a las manifestaciones se ha reducido en las últimas semanas. Otro fenómeno reciente ha sido la irrupción de la violencia entre pequeños grupos de manifestantes y las denuncias de excesos policiales.
El Consejo Constitucional está compuesto por nueve miembros propuestos, a partes iguales, por los presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional. Su mandato es de nueve años. Además de Fabius y Juppé, el resto de miembros son Jacques Mézard, Jacqueline Gourault, François Pillet, François Seners, Véronique Malbec, Michel Pinault y Corinne Luquiens. Es decir, seis hombres y tres mujeres. De los nueve, cinco son expolíticos (dos macronistas, dos conservadores y un socialista). La edad media es de 72 años.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
