El fantasma de la violencia acosa una vez más a las empresas mineras en México. En un país donde las redes del crimen organizado se han extendido desde la sierra hasta las llanuras, las compañías que extraen oro y plata no han podido esquivar los intentos de robo, secuestro y extorsión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido recientemente la denuncia que el Gobierno canadiense hizo en defensa de dos de sus mineras que operan en México ante la extorsión en Guerrero, uno de los Estados con mayores reservas de oro en el país. Sin entrar en detalles, el mandatario, quien atendió esta queja en el marco de la visita a México del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que se estaban tomando cartas en el asunto. “Tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia. Ya los estamos atendiendo”, dijo.
En paralelo, las compañías incrementan sus inversiones en seguridad privada: solo en 2022 erogaron 85 millones de dólares, un 9% respecto al año previo, según cifras de la Cámara Minera de México (Camimex). Tras las declaraciones del Ejecutivo, la Camimex hizo hincapié en que, de acuerdo con el Fraser Institute, México es el cuarto país más inseguro en América Latina para la actividad minera, solo debajo de Venezuela, Colombia y Nicaragua. “Al igual que a otros sectores industriales, el tema de inseguridad afecta a la minería en distintas regiones del país en las que se establece, teniendo consecuencias graves. El organismo, que representa a cientos de compañías en el país, indicó que trabajarán con las autoridades.
Pese a estos esfuerzos, incidentes de mineral robado, bloqueos y cobro del llamado “derecho de piso” siguen estando presenten en el día a día de la minería. Desde 2020, la minera canadiense Equinox Gold, situada en Guerrero, ha dado cuenta en sus reportes a inversionistas de continuos bloqueos y antes, en 2019, la mina Telson Mining, reportó el robo de 3 millones de dólares en concentrados de minerales a través de un sofisticado mecanismo que duró meses en sus yacimientos también en ese Estado. En ese entonces, el presidente de la compañía, Ralph Shearing, reconoció que el hurto se concretaba sigilosamente en colusión entre los choferes que transportaban el mineral y los ladrones.
Enrique Margalef, presidente del clúster minero de Guerrero, esgrime que a pesar de estos incidentes, las inversiones mineras en el Estado continúan. “Las inversiones van. No es secreto que las cuatro empresas mineras que estamos ahí históricamente han tenido bloqueos, han tenido temas, que han interrupciones de operación por temas de las comunidades, de seguridad, como en todo en México. Se está operando de manera correcta y en coordinación con el Gobierno del Estado”, zanja.
La exigencia de mayores garantías de seguridad por parte de las empresas mineras tiene como telón de fondo la reiterada negativa de este Gobierno por impulsar la exploración minera a través de más títulos de concesión. Desde su llegada al poder, López Obrador ha criticado la cantidad de terreno concesionado a la minería, sin embargo, las cifras de la Dirección de Desarrollo Minero desvelan que lo 25.000 títulos vigentes, amparan poco más de 20 millones hectáreas en el país.
El lastre de la violencia, aunado a la incertidumbre jurídica, restado brillo al sector. En el último informe anual realizado por el Fraser Institute, México ocupó el lugar 34 en el índice de atracción de inversiones y solo en materia de seguridad ocupó el escaño 73 de 84 jurisdicciones evaluadas.
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