El caso de los documentos clasificados se está convirtiendo en una tortura de baja intensidad, pero constante, para el presidente estadounidense, Joe Biden. Mientras el mandatario ultima su decisión sobre su candidatura en las elecciones del año próximo, cada semana sale a la luz un nuevo dato que vuelve a poner el escándalo bajo los focos. Este miércoles la noticia ha sido el registro del Departamento de Justicia en la vivienda de la playa del dirigente, en Rehoboth (Delaware), como parte de la investigación abierta tras el hallazgo de papeles confidenciales en una oficina privada en Washington y en su residencia habitual de Wilmington (Delaware).
El nuevo rastreo no ha encontrado ningún tipo de documentación confidencial en la segunda residencia del presidente, según el abogado personal de Biden, Bob Bauer. En un comunicado previo, en el que informaba de la pesquisa, había precisado que se trataba de un registro “programado” y que contaba con el beneplácito del presidente.
La búsqueda comenzó a las 8.30 (14.30 hora peninsular española) y concluyó en torno al mediodía, según Bauer. “No se encontraron documentos con el sello de ‘clasificado’. Como en [la casa de] Wilmington, el Departamento de Justicia se llevó para un análisis más detallado algunos materiales y notas manuscritas que parecen relacionarse con la etapa [de Biden] como vicepresidente”. “El rastreo de hoy representa un paso más en un proceso exhaustivo y oportuno del Departamento de Justicia que continuaremos apoyando y dándole facilidades”, había apuntado el abogado en su comunicado previo.
El caso había estallado a principios de enero, cuando la Casa Blanca dio a conocer que dos meses antes, el 2 de noviembre, los abogados particulares de Biden habían encontrado documentos clasificados, de la época en la que el mandatario era vicepresidente con Obama (2009-2017), mientras vaciaban la oficina que ocupó en un think tank tras finalizar su mandato.
A raíz de aquel anuncio, el fiscal general, Merrick Garland, ordenó la apertura de una investigación, al frente de la cual se encuentra el fiscal especial Robert Hur. Casi de inmediato, se dio a conocer que se habían localizado otros documentos en el garaje, así como en un cuarto destinado a almacenaje de la residencia de Biden en Wilmington. El inmueble fue registrado por agentes del FBI el 20 de enero.
Las leyes estadounidenses obligan a depositar los documentos de cada presidencia en los Archivos Nacionales. Es ilegal apropiárselos o guardarlos en un lugar indebido de manera voluntaria, aunque hasta ahora ningún mandatario ha sido imputado por ese tipo de delito.
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Un momento complicado
El nuevo rastreo de este miércoles llega en un momento complicado para el presidente estadounidense, que este miércoles tenía previsto reunirse con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para tratar sobre el techo de la deuda nacional, al que se llegará en junio, entre otros asuntos. Biden también debe presentar la semana próxima su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el acto más solemne del curso legislativo, en el que expone ante las dos cámaras del Congreso sus prioridades de Gobierno para este año.
El escándalo de los documentos confidenciales amenaza con complicar la segunda mitad del mandato de Biden, del que se espera que esta primavera confirme si se presenta a la reelección el año próximo. El presidente demócrata debe ahora cohabitar con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que ha anunciado su intención de abrir un abanico de investigaciones sobre su gestión y su Gobierno.
El partido en la oposición se ha mostrado muy crítico en torno al caso, en particular con respecto al tiempo transcurrido (más de dos meses) desde el hallazgo de los primeros documentos hasta que la Casa Blanca lo dio a conocer públicamente. Los abogados encontraron los papeles confidenciales en la oficina de Biden apenas seis días antes de que se celebraran las elecciones de medio mandato, el 8 de noviembre, y el anuncio del suceso hubiera podido influir en los resultados. Los demócratas obtuvieron mejores resultados de lo esperado en esos comicios: ampliaron su control sobre el Senado y solo perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes por un puñado de votos.
Tanto Biden como sus abogados han restado importancia al caso, al indicar que se trata de un número reducido de documentos que se traspapelaron de modo involuntario y que el presidente colabora en todo momento con la investigación del Departamento de Justicia. Pero el constante goteo de información, sumado a las críticas republicanas, priva al político demócrata de una de las principales armas con las que contaba de cara a un nuevo enfrentamiento electoral con su rival republicano de 2020, el expresidente Donald Trump.
Trump acumuló miles de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. El FBI solo pudo recuperarlos mediante un registro por orden judicial, tras meses de requerimientos a los que el expresidente no respondió. El magnate inmobiliario, que ya ha anunciado su candidatura a las presidenciales de 2024, encara una investigación por obstrucción de la justicia en relación con este caso. Pero aunque la investigación sobre el exjefe de Estado parece a priori de mucho mayor alcance ―tanto por el volumen de documentos implicados como por la falta de colaboración de Trump con los investigadores―, el Partido Republicano ya ha alegado que su representante ha recibido un trato discriminatorio con respecto al de Biden.
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