“Nosotros vamos a obedecer lo que resolvieron los ministros de la Corte”, dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras lamentar la decisión del poder judicial que considera inconstitucional la subordinación de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas. El presidente perdió una batalla que, por razones no fáciles de comprender, ha considerado estratégica para el futuro del país. Y, no obstante, su pronunciamiento es absolutamente institucional al someterse claramente a la determinación de la autoridad competente.
Hace una semana, en este espacio, publiqué el texto La guerra pacífica, en la cual argumenté que, más allá de la estridencia verbal que genera la disputa por distintos proyectos de país y el desaseado intercambio de epítetos y descalificaciones, los actores políticos han actuado dentro del marco institucional. Algo que no deja de ser admirable, considerando lo mucho que esté en juego y las pasiones que eso ha desatado.
La oposición no ha recurrido a boicots económicos, paros orquestados, huelga de impuestos u otras maniobras que la derecha ha utilizado en otros países, ni el Gobierno de la 4T ha asumido actitudes represivas, cárcel o expropiaciones arbitrarias, más allá de su hostilidad verbal. Ambas partes se han acusado de todo, pero en realidad han restringido su confrontación a los espacios políticos y jurídicos, dentro del marco de la ley, aun cuando cada cual haya buscado los pliegues, las interpretaciones límite o las astucias legales en su provecho.
Hay una oposición responsable que apuesta a las instituciones para frenar el proyecto de cambio que está en marcha, y un Gobierno responsable que recurre a las atribuciones legales del poder Ejecutivo y de su mayoría en las cámaras, dentro de los límites de la ley.
Digo lo anterior para no perder de vista el mérito que, pese a todo, ha tenido la comunidad política y, en cierta manera, la sociedad mexicana en su conjunto, para dirimir sus profundas diferencias por una vía razonablemente pacífica y civilizada. Habría sido deseable que fuera menos rijosa en lo verbal, pero tampoco es para espantarse cuando se observan los efectos reales, más allá de la polvareda.
En el último cambio de presidencia, tanto en Brasil como en Estados Unidos, observamos la toma de la sede del poder por parte de las huestes del mandatario saliente en clara violación de la ley. Ambos casos fueron alentados claramente por el presidente derrotado, con el propósito tentativo de mantenerse en el poder. Lo que estamos viendo en México es un intento de cambio de estructuras de un nuevo proyecto político desde el poder, y la resistencia parcial o total a esos cambios de parte de algunos sectores de la sociedad. Ninguno se ha salido del marco institucional y mucho menos ha recurrido a la violencia. Ni la derecha ha mandado manifestantes a tomar obras en proceso, ni las huestes oficiales han paralizado a la Corte con la invasión de “ciudadanos indignados”; tentaciones que los grupos en disputa han resistido. La aceptación del soberano al fallo de los ministros este miércoles lo confirma.
Tras la derrota, el presidente hizo una reflexión que describe esta civilidad; un gesto que difícilmente empata con la visión catastrofista que le endilgan sus críticos, acusándolo de ser un déspota destructor de instituciones. “Es un tiempo importantísimo en nuestro país, momentos estelares en nuestra historia; ¿cuándo íbamos a pensar que viviríamos estas cosas?, antes todo era plano, no se movía nada, ni una hoja de la política, antes era asunto de los políticos, ahora es de todos. Había un pensamiento único impuesto a través de los medios. Ahora hay pluralidad, diversidad, debate, una auténtica democracia; ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos de verdad, el pueblo está más politizado. De manera pacífica se está llevando a cabo una transformación muy profunda. ¿Cuándo se había visto que la Corte se enfrentara y se opusiera al presidente? Antes se hablaba de división de poderes, pero el poder de poderes era el presidente. Los otros dos poderes eran apéndices. Ahora, gracias al movimiento democrático y la lucha de millones de mexicanos, estamos viviendo estos momentos de cambio, de transformación pacífica. Un auténtico estado de derecho. Nosotros vamos a cumplir lo que decidieron los ministros de la Corte, pero al mismo tiempo vamos a ejercer nuestros derechos y facultades”.
Y tras esta conclusión, López Obrador lanzó su nuevo plan B; y habría que insistir en que apelar a las opciones B deriva, justamente, de reconocer que su plan A ha sido derrotado en tribunales. Es decir, un presidente que se somete al designio de otros poderes, aun cuando lo haga despotricando contra el fallo adverso.
Su plan B, para la Guardia Nacional, es igualmente congruente con el marco institucional, pese a todo: luchará por conseguir la mayoría calificada en el Congreso, es decir, más de dos tercios, en las elecciones de junio de 2024 para hacer el cambio constitucional que ahora le ha impedido la Corte. Está en sus atribuciones y sobre aviso no hay engaño. Un desafío para sí mismo y un desafío para la oposición. Pero en esencia es un planteamiento legítimo en términos electorales, más allá de que se esté de acuerdo o no con la militarización de la Guardia Nacional: que sea el votante el que lo decida. Esto convertirá la discusión de la seguridad pública en un tema explícito de campaña. A la oposición le bastará obtener 167 diputados, de un total de 500, para neutralizar el deseo del presidente y podrá invocar el interés ciudadano de mantener a las fuerzas del orden en el ámbito civil. En cierta forma, el presidente le está dando a sus rivales un argumento atractivo para mejorar su propuesta electoral.
Nos quedan trece meses para nutrir el debate, analizar los pros y contras, transparentar argumentos y no quedarnos en descalificaciones. No solo para el tema de los militares, sino también para someter al juicio de la población la naturaleza e intensidad de los cambios que están en marcha o se pretenden. Imperfecta como es, se trata de una lógica democrática y está abierta al debate. En efecto, vivimos tiempos interesantes, más allá del regusto de los actores políticos, para escandalizar y crispar al respetable con fuegos artificiales.
Cuenta de Jorge Zepeda Patterson en Twitter: @jorgezepedap
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