Liliana Torres no pierde el brillo en los ojos, ni siquiera cuando relata cómo sobrevivió al horror de ser quemada viva en un terreno abandonado, en el Estado de Nuevo León, en el norte de México. Tampoco cuando las lágrimas recorren su rostro de 24 años recién cumplidos, marcado por el brutal ataque que le dejó un tercio del cuerpo abrasado. Cuatro hombres la secuestraron, violaron y golpearon hasta dejarla inconsciente en un predio donde le prendieron fuego. Ellos están libres. Ella, desde hace cuatro meses, no puede dormir por el dolor en la piel.
La noche del pasado 26 de marzo, Torres, madre de cuatro hijos, despertó envuelta en llamas en medio de la nada y se arrastró como pudo hasta encontrar ayuda. Una pareja la auxilió y fue trasladada al Hospital Universitario de Monterrey, con fuertes quemaduras de segundo y tercer grado de la cara a las piernas. Cayó un mes en coma, pero cuando recuperó la conciencia comenzó su segundo infierno. “Me tuvieron que amarrar porque quería arrancarme los aparatos por el dolor”, describe la joven en entrevista con EL PAÍS.
Lili, como le gusta que la llamen, recuerda que le preguntaban qué le había pasado, pero no podía hablar. “Se me dañó mucho la garganta y estaba entubada. Nada más lloraba y miraba el techo porque no me podía mover”, cuenta con la voz ronca al otro lado del teléfono. En ese estado, agentes del Ministerio Público acudieron a tomar su denuncia, pero ella estaba sola, medicada, acababa de despertar y no sabía ni qué le había pasado, expone. “Según tomaron mi declaración, pero, ¿cómo iba a declarar si ni me salía la voz?”.
El atentado prácticamente quedó registrado como un accidente, hasta que a finales de junio la Fiscalía estatal informó que tenía “una nueva versión de los hechos, que indica privación de la libertad, ataque sexual y agresión física”. “En su declaración oficial, la víctima refiere haberse lesionado por encontrarse en un predio que se incendió, siendo auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y testigos de los hechos”, señala un comunicado difundido el pasado 21 de junio, después de que el caso se viralizó en redes.
Con la carne expuesta y la frente en alto, la joven sobreviviente lleva semanas narrando la agonía que atraviesa. Ha documentado desde su dolorosa recuperación en el hospital, hasta los obstáculos que cada día sortea para conseguir el tratamiento que necesita para atender las quemaduras en su piel. Las imágenes son estremecedoras. La primera lo es tanto que Facebook ha puesto un aviso antes de mostrarla. Aun así, su testimonio no ha sido suficiente para obtener justicia.
De lesiones a tentativa de feminicidio
La Fiscalía insiste en que faltan pruebas para corroborar la versión de Liliana, a pesar de que ha tenido que declarar varias veces ante diferentes instancias, muchas de ellas ajenas a los protocolos de atención a víctimas de violencia de género. Una y otra vez, la joven ha sido revictimizada y culpada por las autoridades por el crimen del que sobrevivió. Desde sus primeros días en el hospital hasta los últimos exámenes psicológicos que tuvo que realizar, el patrón ha sido el mismo. “Cuando no tenía movimiento y estaba en coma, en el Instituto de la Mujer le dijeron a mi esposo que me dejara ahí en el hospital porque era un parásito que absorbía su energía”, recapitula.
El calvario se repitió este fin de semana en el Centro de Justicia de la Mujer en Monterrey (Cejum), adonde la víctima acudió a completar las pruebas psicológicas necesarias para poder avanzar con la investigación del caso. La abogada Carola Rodríguez, quien la representa desde finales de junio, denuncia que la joven fue interrogada hasta sentirse atacada con preguntas poco relacionadas con el ataque. “Parecía que ella era culpable. Lo importante es lo que le pasó, no su vida privada, no lo que haya pasado antes de esa fecha”, señala. “Entendemos que es un examen psicológico, pero aquí el objetivo es saber el daño que le ocasionó porque ella, fuera de ser víctima, es una sobreviviente a un feminicidio”, destaca.
Del estremecedor ataque, Liliana ha ido recordando por partes. El daño psicológico es innegable. Ella misma lo cuenta en sus vídeos: una treintena de transmisiones en vivo de la interminable pesadilla que aún no alcanza a comprender. Frente a la cámara, a veces se rompe, se deshace en lágrimas y, como un ave fénix, vuelve a nacer. “Me da vergüenza decir que fui violentada y quemada, pero tengo que hacerlo porque necesito darle de comer a mis hijos”, expresaba una de las tantas noches en las que no podía dormir por el dolor.
Dar la cara ha sido su mejor arma frente a la indiferencia y constantes negligencias por parte de las autoridades. Muchas veces la han querido silenciar, pero ella no ha dejado de alzar la voz. “Sabemos que le dijeron que no hiciera videos, que no hablara con la prensa, pero todo cambió cuando el caso se hizo mediático”, asegura su abogada, quien desde que tomó el caso hace un par de semanas la ha alentado a no quedarse callada. “Le dije, no dejes de grabar, todo lo que te pase, grábalo, dilo, habla, porque te van a querer callar y tú no vas a ser una más. Eres una guerrera, tienes que ser valiente y seguir escupiendo todo lo que te pase en tu día a día, la gente no te va a olvidar, eres una sobreviviente”, cuenta.
Aunque tenga que exponer la carne, esa vulnerabilidad se ha convertido en su escudo, y su reflejo en un espejo de una escalofriante realidad de la violencia contra las mujeres en la entidad. “Lili es la voz de todas. Lili somos todas porque lo que a ella le pasó nos puede pasar a cualquiera con el nivel de violencia que hay en Nuevo León, y lo peor es que las autoridades fuera de responder, en vez de ayudarla, la han hecho sentir culpable”, advierte. “Ese es el problema más grande porque los delincuentes saben que van a poder seguir delinquiendo, abusando, secuestrando, violando, quemando y matando porque no les va a pasar nada”, señala.
La titular de la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, quien asumió el cargo el pasado 7 de junio en medio de la crisis de violencia machista que destapó el feminicidio de Debanhi Escobar, ha informado que desde hace dos semanas no han podido comunicarse con Liliana. “La última vez que tuvimos contacto con ella fue cuando solicitó el apoyo y protección porque se sentía que estaba en riesgo por lo que ella había declarado”, ha comentado. Por lo que, se gestionó un patrullaje por parte de la Policía estatal, pero un día ya no fue encontrada en su casa. “Ella no quiso que se le diera más acompañamiento, se le insistió en el apoyo psicológico a domicilio, pero no aceptó”, ha afirmado.
Sobre las denuncias de la víctima acerca de la atención recibida por parte de las diferentes instancias que coadyuvan con la Secretaría a su cargo, Buchanan ha afirmado que Liliana únicamente había informado que decidió revocar la representación legal que le daba la Comisión Estatal de Víctimas. “Yo lo he escuchado en declaraciones que ha dado por separado, pero directamente una queja con la Secretaría no hay. La buscamos para darle seguimiento, pero desde hace 15 días que no sabemos su paradero”, ha asegurado.
El otro infierno de las desaparecidas y asesinadas en Nuevo León
El miedo por señalar a sus agresores ha orillado a Liliana a resguardarse en otro Estado. “No me han dado protección, me siento muy insegura, ya sufrí mucho y no quiero que le pase lo mismo a mi familia”, denuncia la joven. Mientras tanto, los potenciales asesinos —a quienes la sobreviviente ha relacionado con la desaparición de dos jóvenes en el municipio de Salinas Victoria, donde ella fue secuestrada—, siguen prófugos. “Debanhi y Mayra Guajardo aparecieron muertas en una fosa y no hicieron nada. En mi caso, no me mataron, estoy viva, estoy hablando y tampoco han hecho nada”, advierte.
El nombre de la primera joven que Liliana señala recuerda al estremecedor feminicidio de Debanhi Escobar, una chica de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado en la cisterna de un motel en Monterrey tras casi dos semanas desaparecida. El caso evidenció las negligencias que carcomen al sistema de justicia ante la incapacidad de las autoridades, que aunque van dos veces que desentierran el cadáver , siguen sin resolver el crimen. Liliana se salvó de ese otro infierno y puede contarlo, pero su voz apenas ha sido escuchada.
Un vocero de la Fiscalía ha confirmado que los señalamientos de Liliana sobre la desaparición de las dos mujeres que conoció forman parte de su carpeta de investigación, por lo que deben ser investigados. Sin embargo, ni de su caso hay fecha para poder avanzar con las órdenes de aprehensión. “Estamos prácticamente en el mismo estatus respecto a la versión de la víctima”, ha sostenido.
Además de los resultados de las pruebas psicológicas, “falta realizar más entrevistas de testigos y otros actos para determinar, si se confirma la sustentación de su versión, la probable responsabilidad de los agresores y proceder con la judicialización”, ha agregado. “No dudamos de su versión, pero al no haber flagrancia, es necesario que haya una certeza en su dicho documentada en un análisis pericial para presentar el caso ante un Juez de Control”, ha justificado sobre los retrasos en la investigación del crimen que apenas desde finales de junio se persigue por el delito de tentativa de feminicidio.
El doble mensaje del Estado
Al poner en duda la denuncia de Liliana, solo se refuerza el sistema que posibilita la violencia contra las mujeres, según advierte Carmen Sánchez, directora de la fundación que lleva su nombre y apoya a mujeres víctimas de ataques con ácido. “El mensaje que mandan las autoridades es muy fuerte, que pueden seguir violando, quemando y matando mujeres y nadie va a hacer nada. Representa que la vida de las mujeres no importa, que nuestros cuerpos son desechables”, alerta. “Crímenes tan atroces como el que viví yo y que hoy está viviendo Liliana, son una muestra de lo que pueden llegar a hacer los hombres violentos cuando el Estado no previene, no sanciona ni repara”, continúa.
Refugiada fuera de Nuevo León y con la esperanza de conseguir asilo político en Estados Unidos, que podrá solicitar en cuanto le entreguen los resultados de sus últimas pruebas, Liliana espera que la justicia no tarde tanto como su recuperación. “Ya son cuatro meses que no han hecho nada. Según que no habían avanzado porque no estaba la declaración, ahora que ya está el examen esperemos que sí avancen”, dice con impotencia.
Las punzadas aún no la dejan dormir, pero al menos ya le quitaron las grapas que se le encajaban en la piel y la torturaban por las noches. “El doctor me dijo que los injertos cicatrizan por fuera, pero por dentro van a tardar y eso me lastima mucho. Me salen ámpulas y tengo la piel muy irritada”, detalla antes de que su pareja le cure las heridas. Todos los días lo hace. Le cambia las vendas y los parches. También le aplica las cremas que le alivian las molestias por los injertos. No recuerda cuántos le han hecho ni por cuántas cirugías ha pasado, pero sabe que este es solo el inicio.
Ante el difícil panorama que afronta, su sonrisa también resiste. Aunque su expresión no es la misma, Liliana no deja de emocionarse con las muestras de apoyo que cada día recibe. “A veces me deprimo bastante y no quiero avanzar en mis tratamientos, pero veo los mensajes que me mandan y me animan a seguir. Me han levantado en mis peores días y no me voy a cansar de darles las gracias”, comparte.
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