El exconsejero de Economía de la Generalitat de Cataluña Jaume Giró, de Junts, ha presentado este lunes en los juzgados de Madrid una querella por la Operación Cataluña, las presuntas maniobras ilegales impulsadas contra dirigentes independentistas por la cúpula del Ministerio del Interior, sin autorización judicial, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La querella se dirige contra José Manuel Villarejo, comisario jubilado de policía; Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP; y Francisco Martínez Vázquez, exsecretario de Estado de Seguridad. A los cuatro les acusa de descubrimiento y revelación de secretos, malversación de caudales públicos, pertenencia a organización o grupo criminal “y otros [delitos] que pudieran determinarse a lo largo de la correspondiente instrucción”. La querella se basa en las anotaciones de la agenda de Villarejo y en las grabaciones publicadas por EL PAÍS en las que el excomisario aludía a esas actuaciones contra el independentismo catalán.
Giró —que, además de exconsejero, es exdirector general de la Fundación Bancaria La Caixa— argumenta que, “a tenor de dicho material probatorio”, determinados mandos policiales aceptaron “instrucciones” de cargos políticos para “abrir investigaciones prospectivas a 22 personas respecto de las cuales ni siquiera se sospechaba que hubieran cometido ningún delito, sino por razones puramente ideológicas y de pensamiento”. La querella sostiene que resulta “absolutamente impropio de un Estado Democrático de Derecho, respetuoso con la libertad ideológica y el pluralismo político, que la policía investigue a determinadas personas solo por su ideología y lo haga siguiendo las directrices de dirigentes de otras fuerzas políticas y al servicio de los intereses de estos últimos”.
El escrito alude asimismo a la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho, contra quien, sin embargo, no se dirige la querella, si bien se hace constar que no se descarta una ampliación más adelante. En este sentido, señala que “el hecho de que la Sra. Sánchez-Camacho facilitara al comisario Villarejo el teléfono móvil del Sr. Jaume Giró —como puede escucharse en los fragmentos reproducidos y consta documentado en las diligencias mencionadas— hace pensar, fundadamente, que, a raíz de la conversación, podía haberse iniciado contra la persona del Sr. Giró algún tipo de seguimiento o control policial de sus comunicaciones telefónicas”. Giró afirma que de otro modo “no se entiende qué sentido podía tener que la secretaria general de un partido político facilitara determinados números de teléfono y datos personales a un mando policial”.
“Es clara la existencia de indicios de un posible control telefónico realizado absolutamente al margen de la legalidad”, remarca el querellane, que asegura que tanto él como su esposa tuvieron indicios de seguimiento en su domicilio durante la etapa investigada y sufrieron continuos problemas de comunicación tanto con el teléfono móvil como con el fijo.
La querella da por hecho que los recursos humanos y materiales del Cuerpo Nacional de Policía se pusieron al servicio de los intereses de un partido, el PP, que gobernaba España, organizando viajes y encuentros —”cabe suponer que sufragados con dinero público”— con funcionarios de policía “para preparar y ejecutar la estrategia descrita”. También se refiere a “la clara connivencia de altos cargos del PP con estos hechos, como se ha podido comprobar a raíz de los audios publicados entre el Sr. Villarejo y los Sres. Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez y María Dolores de Cospedal, llegando incluso a confeccionar y filtrar informes falsos para conseguir sus propósitos o a realizar seguimientos y vigilancias ilegales
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