El diario digital salvadoreño El Faro ha anunciado el traslado de su estructura administrativa y legal a Costa Rica. Después de 25 años, desde el pasado 1 de abril, el medio es operado por la Fundación Periódica, con sede en San José, la capital. La redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador, donde ha investigado múltiples escándalos de corrupción del poder político y de la judicatura y en 2021 destapó las negociaciones entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. La decisión se debe, según un comunicado publicado el jueves, a “la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”.
Los reporteros e integrantes de El Faro sufren el acoso de la actual Administración. Al menos 22 empleados fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group. “Hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; […] acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero”, denuncia el periódico.
Esta embestida se da, además, en un contexto general especialmente hostil para la fiscalización del poder. “El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas”, señala el comunicado.
En abril de 2022, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó una ley que prevé penas de prisión contra los que publiquen informaciones relacionadas con pandillas. Bukele decretó hace un año un régimen de excepción con el que redobló su guerra contra la Mara Salvatrucha y el Barrio-18, las dos principales organizaciones criminales de El Salvador. Se produjeron detenciones masivas. Si el presidente logró acorralar a las maras, lo hizo a costa de un sostenido deterioro de los derechos humanos y de las garantías democráticas, según denuncian organizaciones como Human Rights Watch.
“La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los Gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas”, recuerda la redacción de El Faro en referencia a Guatemala, Honduras y Nicaragua, hoy el caso más flagrante. No obstante, los periodistas seguirán haciendo su trabajo. “No dejaremos de informar sobre el país que está en el centro de nuestra cobertura. Nuestro periodismo, pues, no se va a ningún lado. La mudanza es justamente para continuar haciéndolo de manera independiente y crítica, menos vulnerables a las arbitrariedades del régimen. Nos vamos para quedarnos”, aseguran.
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