Tras más de dos meses de protestas en las calles y una dura represión, el régimen de Irán lanza señales de que se plantea cambios en el uso del velo, obligatorio para las mujeres en público, y la abolición de la policía de la moral. El presidente del país, Ebrahim Raisi, afirmó durante una intervención en la televisión el sábado que, si bien los fundamentos islámicos de Irán, que amparan el código de vestimenta, están blindados, “la aplicación de la Constitución podía ser flexible”. Esta semana, el Gobierno ha mostrado cierta predisposición a revisar la estricta ley de 1983, que obliga a las mujeres a cubrirse el pelo con un velo o a llevar ropa holgada en público y que se ha convertido en el símbolo de las revueltas iniciadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, el 16 de septiembre bajo custodia policial. Amini había sido detenida por llevar mal puesto el hiyab. En el arranque de las protestas, Raisi había mantenido un rechazo contundente hacia los manifestantes pidiendo “actuar con decisión contra ellos” así como una aplicación rigurosa de la legislación relativa al velo.
Amini, de origen kurdo, fue apresada por la policía de la moral, que también está en el punto de mira de las protestas. Precisamente, sobre este cuerpo se ha pronunciado el fiscal general, Mohammad Jafar Montazeri, que ha planteado su abolición sin dar más detalles. Ni el Ministerio de Interior ―de quien depende la policía de la moral, como remarcaron medios iraníes afines al régimen― ni ningún otro cargo gubernamental lo ha confirmado. “La policía de la moral ha sido desmantelada por la misma gente que la creó”, ha sostenido Mohammad Jafar Montazeri al responder a una pregunta sobre la cancelación del grupo, según han recogido varias agencias. “Además, [este cuerpo] no tiene nada que ver con el poder judicial”, ha remarcado sin aportar más datos.
La policía de la moral, conocida como Gasht-e Ershad (patrullas de orientación o guiado), fue fundada en 2006 bajo la presidencia del también conservador radical Mahmud Ahmadineyad, en el cargo entre 2005 y 2013. A diferencia de los basijies, grupo paramilitar con vínculos con la Guardia Revolucionaria creado en 1980 por el ayatolá Jomeini; la finalidad de la policía de la moral es “difundir la cultura de la decencia y el hiyab”. Sus unidades están formadas por hombres, que visten traje verde, y mujeres con chador negro, prenda que cubre todo el cuerpo salvo la cara, y una de sus tareas es vigilar la aplicación de los códigos de vestimenta marcados por la ley de 1983, aprobada cuatro años después de la Revolución Islámica que derrocó la monarquía del sha. En las últimas semanas, medios como el periódico reformista iraní Shargh y ciudadanos en sus redes sociales han publicado informaciones señalando una menor presencia de estos supervisores del decoro en las calles. Una decisión que interpretaban como un intento de desescalar las manifestaciones, unidas bajo el emblema feminista: “Mujer, vida, libertad”.
Además de sugerir la posible disolución del cuerpo, durante su intervención, el fiscal general también se refirió a un posible relajamiento de las políticas de vestimenta: “El Parlamento y el Poder Judicial están trabajando [en su articulación]”. A pesar de esa afirmación, tampoco especificó los cambios que implicaría dicha reforma. Montazeri hizo estas declaraciones desde la ciudad de Qom, importante centro teológico iraní, que acoge el Santuario de Fátima. La urbe ejerce de sede de la escuela donde se forman los ayatolás y es un relevante destino de peregrinación religiosa. A pesar del aparente tono aperturista de sus palabras, el fiscal quiso remarcar que “llevar mal el hiyab, especialmente en la ciudad santa de Qom, es una de las principales preocupaciones del poder judicial, así como de nuestra sociedad revolucionaria”. “Pero cabe señalar que la acción judicial es el último recurso”, añadió.
Aunque las autoridades iraníes han insistido en que las protestas no van a motivar un cambio normativo ni social; los leves matices en el tono presidencial y la ambigüa abolición insinuada por el fiscal general son considerados sendos gestos hacia los manifestantes que, desde la muerte de Amini, se han concentrado en contra de los ayatolás en todas las ciudades del país. En estas protestas, en las que destaca la presencia de mujeres y jóvenes, han muerto casi medio millar de personas (470), según la ONG Iran Human Rights, y más de 18.000 han sido detenidas. Teherán, por su parte, reconoce 200 fallecidos; 60 de ellos parte de las fuerzas de seguridad. Este domingo, los manifestantes han realizado un llamamiento para arrancar tres jornadas de huelga y boicot económico a partir de este lunes. Culminarán el miércoles, cuando Raisi tiene planeado visitar la Universidad de Teherán. Allí, el presidente dará un discurso dentro de los actos del día del estudiante, jornada en la que también hay convocadas concentraciones en la capital para seguir mostrando su oposición al férreo régimen.
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EE UU no ve disposición en Teherán para el acuerdo nuclear
El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, considera que Teherán no tiene intención de volver al acuerdo nuclear que firmó con la comunidad internacional en 2015, prácticamente suspendido desde 2018, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump sacó a su país de manera unilateral del pacto. “Irán no está interesado en un acuerdo y ahora estamos centrados en otras cosas”, ha dicho Malley en una entrevista con Bloomberg.
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El Organismo Nuclear de la Energía Atómica (OIEA) denunció el mes pasado las trabas puestas por Irán a la hora de examinar sus instalaciones. De hecho, Teherán ha pedido el fin de estas visitas como condición para regresar al acuerdo. Algo inasumible para EE UU. “¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué deberíamos centrarnos en esta cuestión si Irán responde con demandas inaceptables?”, ha dicho Malley. A lo que ha agregado: “No podemos volver a la mesa para que nos la jueguen todo el rato”.
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