El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes la cuarta revisión del acuerdo firmado con Argentina en enero de 2022. La decisión libera en forma automática un giro de 5.400 millones de dólares que la Casa Rosada usará en parte para pagar vencimientos que tiene con el mismo organismo. La decisión supone además la flexibilización de la meta de acumulación de reservas internacionales a la que Argentina se había comprometido hace un año y medio, que se ha vuelto inalcanzable como consecuencia de una sequía sin precedentes.
“El directorio ejecutivo del FMI concluyó el cuarto examen del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAP) para Argentina. La decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de 5.400 millones de dólares, lo que eleva los desembolsos totales en virtud del acuerdo a alrededor de 28.900 millones de dólares”, señaló el Fondo en un comunicado firmado en Washington. El dinero apenas engrosará las arcas del Banco Central, porque más de la mitad volverán de inmediato al FMI para cubrir vencimientos, como quedó establecido en el acuerdo de refinanciamiento de la deuda por 44.000 millones de dólares asumida por Argentina en 2018.
El Gobierno argentino logró la semana pasada que el FMI reduzca la meta de acumulación de reservas asumida para diciembre de 2023, de 12.000 millones de dólares. El argumento de la Casa Rosada, que el Fondo aceptó, fue que la sequía, la peor en 60 años, producirá pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones agroindustriales. Lejos de sumar fondos, el Banco Central argentino tuvo el peor primer trimestre de los últimos 20 años, con un saldo negativo de 3.000 millones de dólares. La entidad monetaria pierde día a día sus dólares en un intento por contener la cotización de la divisa en el mercado negro y para satisfacer la demanda de los importadores. El miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo “dólar agro”, a un mayor valor de cambio en pesos que el oficial, para incentivar a los exportadores del sector a liquidar el producto de sus ventas ante el Banco Central.
El objetivo final del Gobierno es mantener el valor del peso y evitar una devaluación que resultaría catastrófica, al menos hasta el final del mandato del peronista Alberto Fernández, en diciembre próximo. La Casa Rosada se someterá a una quinta revisión antes de las elecciones primarias de agosto y otra previo a las elecciones generales de octubre de2023. La flexibilización en la acumulación de reservas, y la previsión de que podrá cumplir con los nuevos compromisos, dan un poco de oxígeno en un escenario electoral que se presenta especialmente complicado para el peronismo.
El nuevo acuerdo es solo un respiro momentáneo. El FMI dijo que sigue vigente la obligación de reducir el rojo fiscal de este año al 1,9% del PIB a “través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital”. Para ello, el Gobierno deberá ajustar aún más el gasto público y reducir drásticamente los subsidios que aún mantiene sobre la energía. Podrá así reducir la presión sobre las cuentas el Estado, pero a cambio de que las tarifas suban y presionen aún más sobre la inflación, que ya supera el 100%.
Contener el IPC es la principal preocupación del ministro Massa y su equipo, una batalla que está perdiendo. La inflación se disparó por encima del 6% en febrero y las previsiones para marzo son aún peores. La subida de precios impactó en el segundo semestre del año pasado sobre la pobreza, que creció casi tres puntos con respecto a los seis meses anteriores. La crisis tiene consecuencias políticas: a medida que aumenta el mal humor social, las posibilidades electorales del peronismo se reducen.
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