La crisis por el caos de las oposiciones está lejos de cerrarse, pese a que el Govern lo ha intentado tras destituir a la directora general, fijar un nuevo calendario para repetir las pruebas y tras el anuncio de que rescindirá el contrato con la empresa que las custodió. Este viernes, la oposición en el Parlament ha criticado duramente al Ejecutivo de Pere Aragonès, en la comparecencia que ha hecho la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, para dar explicaciones sobre el caso. Varios grupos han pedido su dimisión, y los diputados se han hecho eco del comunicado de la empresa que gestionó las pruebas, Cegos, que el jueves por la noche acusó al Govern de no cumplir con sus obligaciones y de entregar tarde y mal la información que necesitaba para llevar a cabo sus tareas. Vilagrà ha centrado su intervención en exponer que fue la compañía la que incumplió el contrato y la que fue responsable de las graves incidencias que han obligado a repetir todas las pruebas. La consejera ha explicado que pedirá una indemnización de al menos un millón de euros.
Tras el caos del pasado sábado, el Govern abrió un buzón virtual para recibir las quejas y las notificaciones de las incidencias que se registraron en la jornada de exámenes. Ese día, estaban convocados 13.581 interinos (9.000 de ellos, en Barcelona) que habían sido admitidos para participar en el proceso de estabilización, en el que se ofertaban 1.825 plazas de funcionario. Ante la complejidad y la envergadura del proceso (se llevaron a cabo 72 exámenes distintos), y ante el hecho de que la Generalitat no tenía suficiente personal para controlar las aulas (ya que muchos de los que estaban en la bolsa de efectivos para hacerlo, también se presentaban a las oposiciones) el Govern optó por externalizar parte de la gestión de las pruebas, y adjudicó a Cegos el contrato de 1,5 millones de euros, que está vigente hasta diciembre de 2024. La empresa tenía las funciones de imprimir, distribuir, vigilar y corregir los exámenes. Pero todo falló, y se registraron problemas como retrasos de hasta siete horas, falta de copias de los exámenes, falta de sillas, problemas de aforo en las aulas, e incidencias de tipo grave que vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad y que obligan a repetir las pruebas (estas incidencias son la presencia de dispositivos electrónicos o de móviles, la falta de vigilancia en las aulas y la falta de control en las entradas y salidas de las mismas). Tras analizar todas las incidencias recibidas en el buzón (3.847 formularios para denunciar más de 12.000 incidencias), el Govern determinó que prácticamente todos los exámenes estaban viciados, y que por lo tanto se tenían que repetir. Las nuevas jornadas de oposiciones serán el 1 y el 8 de julio.
El Govern carga toda la responsabilidad a la empresa, a la que acusa de incumplir el contrato. “Es evidente que podríamos haberlo gestionado mejor, pero en cualquier caso la empresa ha incumplido el contrato”, ha dicho Vilagrà en su comparecencia. “Se están analizando todos los incumplimientos de los pliegos, rescindiremos el contrato y estamos analizando todos los daños causados a las personas opositoras y a la administración. Pediremos una indemnización de como mínimo un millón de euros. Entiendo que la empresa se defienda pero lo que pasó es injustificable”, ha añadido. El Ejecutivo no ha recibido ni pagado aún ninguna factura de Cegos, y no piensa hacerlo. A la vez que pide una indemnización a la empresa, el Govern indemnizará de oficio a las personas afectadas —para lo que están estudiando la cuantía de las compensaciones—. Pero la empresa, que guardó silencio durante toda la semana, contraatacó el jueves por la noche con un comunicado en el que acusa a la administración de no cumplir su parte: dice que la Generalitat no proporcionó suficientes aulas, que no entregó a tiempo los exámenes, y que hasta dos días antes no recibió el listado definitivo de los aspirantes, entre otros incumplimientos. También cuestiona la seguridad jurídica de una rescisión del contrato y asegura que, la semana antes, advirtió a la Generalitat hasta en tres ocasiones de la necesidad de tener todos los exámenes en el plazo para asegurar la fiabilidad del montaje de las cajas.
Vilagrà ha afirmado que lo que falló fue la gestión del sábado, pero que en los días previos todo se hizo bien. “Nos reunimos varias veces durante las semanas previas, las aulas estaban bien dimensionadas y la empresa tenía el día 27 todos los exámenes. Claro que se defiende, porque las consecuencias de incumplir un contrato con la administración son muy graves”, ha dicho. Pero a los grupos de la oposición no les han convencido las explicaciones, y solo los comunes han agradecido la “celeridad” en la búsqueda de soluciones. “Es evidentísimo que hubo dejadez, si se hubiesen hecho las comprobaciones no hubiese pasado nada de esto”, ha dicho la diputada de la CUP. Este partido, junto con Vox y Ciudadanos, han pedido la dimisión de la consejera, mientras que Junts se ha hecho eco de un artículo del exdirector de la Escuela de la Administración Pública, Agustí Colomines, en el que pedía su dimisión y la de todo el Govern por este caso.
Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete
