El primer paso para solventar un problema es reconocer su existencia, y el ministro de Economía del Reino Unido, Jeremy Hunt, ha evitado cualquier paño caliente al comenzar este jueves a exponer un plan fiscal que supondrá una subida generalizada de impuestos y recortes en el gasto público. El país ha entrado en recesión, y seguirá en ella a lo largo de 2023, ha admitido Hunt. “La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria [OBR, en sus siglas en inglés] ha llegado a la conclusión de que ya estamos en recesión, y de que la economía se reducirá en un 1,4% el año que viene antes de regresar en 2024 a la senda de crecimiento”, ha dicho el ministro.
Para compensar un agujero fiscal de más de 60.000 millones de euros, agravado después de la fallida rebaja de impuestos anunciada por el anterior Gobierno británico de Liz Truss, el nuevo Ejecutivo de Rishi Sunak se ha visto obligado a anunciar una subida impositiva generalizada, que intentará cubrir casi la mitad de ese agujero. La otra mitad deberá subsanarse con recortes en el gasto público que han llevado a muchos economistas a bautizar el periodo que se avecina como Austeridad 2.0, en recuerdo a la era de restricciones en los servicios públicos que siguió a la crisis financiera de 2008. Las medidas planteadas este jueves suponen situar la presión fiscal en el Reino Unido al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.
Hunt ha rebajado el nivel de renta a partir del cual los británicos deberán pagar el tipo máximo del IRPF del 45%. De las 150.000 libras actuales (unos 170.000 euros, aprox.) pasará a 125.140 libras (143.000 euros, al cambio actual). Pero, sobre todo, la mayor recaudación fiscal prevista por el Gobierno de Sunak procederá de lo que se conoce en la jerga como “impuestos invisibles”. Al congelar hasta 2028 el mínimo exento —y no actualizarlo al nivel de una inflación que se sitúa ya en el 11.1%— tanto en el impuesto sobre la renta, como en el de sucesiones o en las cuotas a la seguridad social, la recaudación general puede aumentar en miles de millones, con una subida salarial media prevista en el sector privado de en torno a un 6%. Muchos trabajadores comenzarán a pagar el tipo mínimo del 20% al superar las 12.570 libras anuales, y otros tantos pasarán a pagar el 40% al rebasar el umbral de las 50.000 libras. La OBR calcula que las medidas provocarán que aumente en 2,6 millones el número de contribuyentes. El ministro de Economía ha anunciado además una rebaja del mínimo exento en las ganancias de capital, desde las 12.000 libras (13.700 euros aprox.) a 6.000 (6.800 euros) en 2023, y 3.000 (3.400 euros) en 2024. En total, la recaudación fiscal del Gobierno británico, según los planes anunciados, aumentará en 28.500 millones de euros.
Sunak recupera el impuesto a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios (windfall tax, beneficios caídos del cielo) obtenidos a partir de la guerra de Ucrania, que su antecesora Truss eliminó. “Desde el próximo 1 de enero hasta el 28 de marzo, aumentaremos ese impuesto del 25% al 35%. Del mismo modo, también gravaremos los beneficios extraordinarios de las empresas generadoras de electricidad con baja emisión de carbón, con un 45% adicional”, ha anunciado Hunt. Esos impuestos permitirán compensar la decisión, incorporada también al plan fiscal, de prolongar un año más, a partir del próximo abril, las ayudas directas a familias y empresas para hacer frente a las facturas de gas y electricidad, aunque, según ha admitido Hunt, los subsidios serán menos generosos y más selectivos, para ayudar sobre todo a los ciudadanos más vulnerables. Si con el plan actual el Gobierno garantizaba que ningún hogar pagaría en energía una media anual superior a los 2.800 euros, el límite se sube ahora a 3.400 euros, y se destinan ayudas directas específicas a las personas que viven gracias a subsidios sociales, pensionistas y ciudadanos con bajas permanentes por discapacidad.
El ministro se ha escudado en el informe de la OBR que acompañaba a su plan fiscal para anunciar que los vehículos eléctricos ya no estarán exentos del impuesto de circulación a partir de abril de 2025. “Para entonces, la mitad de los coches que circulen en el Reino Unido serán eléctricos, por lo que, para que sea más justo nuestro régimen fiscal sobre los vehículos de motor, he decidido acabar con esa exención”, ha explicado Hunt. La incorporación, en cualquier caso, será progresiva, y la cantidad a pagar irá aumentando año a año. En cualquier caso, los concesionarios británicos ya han expresado su malestar ante una medida que, anticipan, desincentivará la transición hacia el vehículo eléctrico.
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Subida del salario mínimo
El Gobierno británico, consciente del coste electoral que puede suponer una vuelta a la austeridad en el momento en que los ciudadanos sufren una crisis del coste de la vida, ha anunciado una subida del salario mínimo. El Reino Unido mide esta cifra en libras/hora, y no en términos mensuales. Actualmente, suponía 9,50 libras (10,80 euros) para los mayores de 23 años; 9,18 libras para los de 21 y 22; 6,83 libras (7,80 euros) para los de 18 a 20; y 4,81 libras (5,50 euros) para los de menos de 18 años. Hunt ha anunciado una subida generalizada del 9,7%, lo que supondrá, en el nivel más alto, que el salario mínimo sea de 10,42 libras por hora (11,90 euros). Según los cálculos expuestos por el ministro, la subida supondrá que cerca de dos millones de asalariados en el Reino Unido cobren unos 1.800 euros más al año.
Pensiones y ayudas sociales
El recorte del gasto público, que afectará de modo transversal a todos los departamentos ministeriales, supone mantener las previsiones presupuestarias para los próximos dos años, que frente a la cifra de inflación actual (11,1%), suponen en la práctica una reducción. “Vamos a mantener un aumento del gasto público, pero lo hará a un ritmo más lento que el de la economía. Los próximos dos años respetarán las subidas previstas, y durante los tres años siguientes el crecimiento del gasto será solo del 1%”, ha advertido Hunt.
A cambio, el Gobierno acatará el “triple cerrojo” de las pensiones, que los conservadores se comprometieron a mantener en su programa electoral de 2019. Según esta regla, las pensiones públicas deben subir de acuerdo con la cifra más alta de estas tres opciones: la inflación (10,1%, según el dato de septiembre, al que se aferra Downing Street); la subida salarial media en la empresa privada (un 6%), o un 2,5% acordado por los partidos. Las pensiones, y las ayudas y subsidios sociales, ha anunciado Hunt, subirán al ritmo del IPC. No podía ser de otro modo con dos años duros por delante antes de la próxima cita electoral, prevista para finales de 2024. El informe de la OBR que ha acompañado al plan fiscal del Gobierno anticipa un retroceso del 7% en el nivel de vida de una familia media británica en los próximos dos años.
La oposición, que sospecha que parte de los compromisos anunciados por Hunt podría acabar heredándolos un futuro Gobierno laborista, ha exigido a Hunt que no se escude en la crisis global —pandemia, Ucrania, crisis en la cadena de suministros…— y pida perdón por la gestión de una década de los conservadores en el poder. “Nos presenta la factura de la carnicería económica provocada por este mismo Gobierno”, ha dicho la portavoz laborista de Economía, Rachel Reeves. “En esto consiste básicamente la tarea de un carterista. En apenas una hora, el Ejecutivo acaba de meter mano en las carteras y monederos de todo el país, a través de una serie de impuestos invisibles que acabarán arrebatando miles de millones de libras a todos los trabajadores”, ha denunciado.
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