/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/Z7FJCPSM7IL7IOYLKX7LPSOCCM.jpg)
El Gobierno valenciano ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. Según argumenta la Abogacía de la Generalitat valenciana en las alegaciones presentadas este martes ante el órgano consultivo, el proyecto de plan hidrológico del Tajo, que establece un caudal ecológico, “cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona”, ha sufrido “defectos en su tramitación, determinantes para su nulidad de pleno derecho”, y adolecen además de “falta de criterio y rigor técnico”.
La controversia comenzó con el cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto aprobada en el Consejo Nacional del Agua el 29 de noviembre del año pasado y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo el cambio, sostiene la Administración valenciana. El primer texto vinculaba los caudales ecológicos del Tajo a una valoración previa de su estado ambiental en 2025 y “ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre”, apunta.
Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se redactó un nuevo texto, que no es el que se debatió y votó en el Consejo Nacional del Agua, recogen las alegaciones. La nueva redacción impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos para el Tajo hasta 2027 “sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura”.
El texto, “modificado de manera unilateral” por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Generalitat entiende que “no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación” y que podría haberse producido “una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo”.
La Abogacía autonómica considera que se ha tomado una decisión “arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma” y que durante el proceso “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia”, principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.
El Gobierno valenciano solicita que se “rescate e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena” y llama la atención de que el nuevo texto de Transición Ecológica “hable de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo”.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete
Nada más trascender el cambio de redacción, Ximo Puig anticipó que apelaría al Consejo de Estado en defensa de los regantes del Segura al tiempo que rechazó que la cuestión acabara convirtiéndose en una guerra entre territorios.
El plan de cuenca del Tajo —con unas reservas hídricas del 40,1%, por debajo de la media de los últimos 10 años (46%)— contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. Los regantes del sureste opinan que esas reservas harían inviable la agricultura de la zona que depende del trasvase”.
Protesta de regantes en Madrid
La presentación de las alegaciones por parte del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig y al que pertenecen PSPV, Compromís y Unides Podem, se producen solo un día antes de que los regantes de la cuenca del Segura se manifiesten en Madrid contra el plan del Ministerio para la Transición Ecológica. Puig no acudirá a la protesta, como le ha pedido en reiteradas ocasiones el dirigente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pero sí habrá una representación del Ejecutivo valenciano, encabezada por la Consejería de Agricultura.
Puig se encuentra hoy de viaje en Bruselas, donde se reúne con el presidente de la Comisión Europea y Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para abordar cuestiones relacionadas con la industria y el tejido productivo de la Comunidad Valenciana. Posteriormente se desplazará a Frankfurt para participar en una feria textil.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió este lunes, en declaraciones a Antena 3, la necesidad de recortar los recursos hídricos del trasvase Tajo-Segura para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a establecer un caudal ecológico para el río Tajo, pero aseguró que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante.
Ribera insistió en que es preciso en España anticipar soluciones a los problemas con el agua derivados de una disminución importante de la disponibilidad de recursos hídricos y calificó de “absurdo” que cada vez que se tienen que aprobar planes hidrológicos, “gobierne quien gobierne” se produzca esa “tensión” que tiene más de emocional que de racional.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha terciado en la polémica al destacar que España necesita aplicar “el sentido común” en materia de agua y ha subrayado que las sentencias que la comunidad autónoma ha ganado en el Tribunal Supremo están “obligando a cambiar la política hidrológica”.
