El pacto sobre los presupuestos entre el Govern y los principales sindicatos y patronales ya se ha sellado, mientras que el acuerdo político en el Parlament, el que tiene que permitir que salgan adelante las cuentas, todavía está por llegar. El Gobierno en minoría de ERC ha optado por acudir a los agentes sociales e incluirlos por primera vez en la elaboración de los Presupuestos, teniendo en cuenta sus reivindicaciones. De esta manera, y ante las dificultades con las que se ha encontrado hasta ahora ERC para sumar otros grupos parlamentarios a su proyecto, quiere aprovechar este pacto con sindicatos y patronales para arrastrar un acuerdo político. El compromiso al que ha llegado el Govern es de incluir medidas por valor de hasta 1.440 millones de euros, entre las que van dirigidas a la protección social y las de impulso de la ocupación y la industria. Los sindicatos CC OO y UGT, así como las patronales Foment del Treball y Pimec, han celebrado el acuerdo, que el presidente de la Generalitat ha calificado de “histórico”, pero han reclamado que las cuentas se aprueben efectivamente en el Parlament con “celeridad”.
Uno de los puntos, anunciado ya la semana pasada por el Departamento de Derechos Sociales, es la actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo que sirve para fijar las cuantías de ayudas sociales como la Renta Garantizada, y también para calcular quién tiene acceso a las mismas. Congelado desde hace 12 años, el IRSC está situado en los 569 euros en 14 pagas, mientras que el coste de la vida ha subido un 30,1% en este periodo. La reivindicación de las entidades sociales era que aumentase en la misma proporción que el IPC desde 2017, cuando se aprobó la Renta Garantizada (es decir, un 15,9%). O, al menos, que se incrementase lo suficiente para situarse por encima del IPREM, el baremo estatal, a lo que finalmente ha accedido el Govern, que lo subirá un 8%, hasta los 615 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida estará incluida en los presupuestos e implicará un desembolso de 144 millones de euros.
El segundo punto concreto se refiere a las políticas de ocupación, para lo que el Govern se ha comprometido a ejecutar un presupuesto en 2023 de 595 millones de euros para fortalecer el Servicio Público de Ocupación de Cataluña en retos como el paro estructural o el envejecimiento de la población. En el ámbito de la Formación Profesional se destinarán 14,5 millones para crear al menos 257 grupos nuevos y mejorar la orientación profesional a los jóvenes, después de que en los últimos dos cursos muchos alumnos se quedasen sin plaza para estudiar lo que querían. Por último, el Govern se ha comprometido a ejecutar todas las partidas asignadas por el Pacto Nacional para la Industria para 2023, que suman en total 680 millones de euros. El acuerdo con los agentes sociales incluye otros compromisos que no tienen partidas presupuestarias concretas, como son aumentar las partidas de Salud, sobre todo las que se refieren a la atención primaria, para atender las reivindicaciones de los profesionales.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha destacado que el acuerdo es “histórico y muy relevante”, aunque ha remarcado que es insuficiente al faltar aún el acuerdo político, que, a su juicio, no llegará antes de enero o febrero. El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha recordado que “cada día sin presupuestos es un día en el que se pierde la posibilidad de crear puestos de trabajo y de generar riqueza”, y ha considerado que el acuerdo con los agentes sociales marca “un antes y un después” en el diálogo social. Los líderes de CC OO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, también han señalado la importancia de que el Govern haya tenido en cuenta a los agentes sociales, si bien admiten que ha sido así por la debilidad de ERC en minoría en el Govern.
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