El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá en 2024 la difícil tarea de organizar los comicios más grandes de la historia reciente de México con una muy mermada fuerza laboral. El árbitro estima que el “plan B” de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador provocará el despido sin precedentes de casi 6.000 funcionarios de base, una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta actualmente el instituto, lo que no solo entorpecerá el cumplimiento de sus funciones, sino que representará una enorme carga financiera ante las previsibles demandas laborales que emprenda el personal perjudicado por los recortes.
“En el instituto se generaría una contingencia laboral nunca antes vista”, señala el INE en un informe sobre los impactos de la reforma oficialista que será presentado la mañana de este miércoles. La paradoja, dice el documento, es que el Gobierno no previó el presupuesto necesario para saldar los reclamos de los trabajadores o para el pago de penalizaciones por la conclusión anticipada de contratos de arrendamiento de oficinas que dejen de utilizarse. “Al no autorizarse recursos adicionales, se verían seriamente comprometidos los derechos laborales de las personas servidoras públicas del INE que dejen de laborar por motivos de eliminación de estructuras y plazas, particularmente para cubrir las indemnizaciones correspondientes”, dice el informe.
El “plan B” electoral consta de dos paquetes de reformas legales impulsadas por Palacio Nacional. Uno de los paquetes suaviza las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos para hacer propaganda y promocionar su imagen con recursos públicos. Esa reforma ya fue promulgada por el Ejecutivo, y este lunes el PAN y el PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso para que los ministros determinen si las modificaciones violan o no la Constitución. El otro paquete, de mayor calado, plantea fusionar diversas áreas del INE, reducir su estructura institucional en los Estados y restarle facultades de supervisión y sanción de candidatos, y permite que los partidos políticos guarden los recursos públicos que no se gasten al término del año fiscal. Estas reformas están pendientes de concluir su trámite legislativo en el Senado, pero se prevé que, una vez que se aprueben y promulguen, también sean objeto de controversia en la Corte.
Independientemente de que el Supremo mexicano valide o no el “plan B”, el INE ha elaborado un informe pormenorizado de los impactos negativos que podrían afectar la encomienda del instituto de organizar elecciones libres, limpias y confiables para la ciudadanía. El documento explica que la compactación estructural y los recortes de personal se dan a tres niveles: a nivel nacional, en las oficinas centrales, donde se incluyen secretarías, direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE; a nivel estatal, en las 32 juntas locales ejecutivas (una por Estado), y a nivel local, en el andamiaje conformado por las 300 juntas distritales ejecutivas.
El árbitro electoral estima que la fusión de oficinas en sus órganos centrales implicará el recorte de 413 funcionarios (el secretario ejecutivo incluido), más 358 de las juntas locales ejecutivas y 5.080 de las oficinas distritales. El INE advierte de que alrededor de mitad del total de trabajadores que serán despedidos pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, que ingresó al instituto mediante un concurso público en el que se evaluaron sus competencias y méritos, por lo que se trata de personal altamente profesionalizado en la función electoral.
Las personas perjudicadas por los recortes realizan tareas tan esenciales y diversas como instalar mesas de votación, contar o recontar los sufragios, expedir la credencial para votar y mantener actualizado el padrón electoral (el listado con los datos personales de casi 100 millones de mexicanos). También son las encargadas de llevar a cabo el registro de candidaturas a diputaciones, de verificar que los concesionarios de radio y televisión transmitan los mensajes electorales a que están obligados por ley, y de constatar que las organizaciones que quieran convertirse en partidos políticos realicen asambleas constitutivas válidas. “La especialización del personal que realiza estas tareas es fundamental para su desarrollo con los estándares de calidad requeridos”, señala el árbitro electoral.
Otro problema detectado por el INE es que todas esas labores se deberán seguir cumpliendo por los funcionarios restantes del instituto, o bien por trabajadores eventuales que deberán ser contratados de manera temporal aunque no tengan experiencia en el rubro electoral. “Si no se cuenta con personal profesional permanente como el que hoy tiene el instituto, se pondría en riesgo la eficacia en la organización de elecciones, se limita la capacidad de planear y presupuestar, de organización logística y operativa, de evaluación de procesos electorales y de mecanismos de participación ciudadana”, agrega el informe.
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