Un nuevo actor ha sido arrastrado a la pugna política por la reforma electoral del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal de México deberá resolver si la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenía facultades para pedir a los legisladores que aprueben el proyecto con el que López Obrador busca reformar el sistema político mexicano. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este martes ante la Corte una controversia constitucional en la que acusa que la CNDH invadió competencias de índole electoral que conciernen exclusivamente al INE. A su vez, el lunes, la CNDH presentó ante la Corte un recurso legal en contra de funcionarios del INE, y en el que defiende que la Constitución sí le confiere facultades en materia electoral. El máximo tribunal deberá analizar ambos recursos y dar la razón a uno de los órganos autónomos.
El pleito entre las dos instituciones nació luego de que Lorenzo Córdova, presidente del INE, puso a la CNDH como un ejemplo de una institución “capturada” por el Gobierno. Días después, la Comisión –un órgano que, según la Constitución, tendría que actuar con autonomía del Ejecutivo– emitió un comunicado el 30 de octubre en el que tomó partido abiertamente por la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador. La CNDH exhortó a los legisladores a aprobar el proyecto oficialista y definió al INE como un órgano autónomo “únicamente de nombre”, parcial y saboteador de la voluntad del pueblo. La comisión, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, defendió que su intervención en la pugna política se amparaba en la defensa del derecho a la democracia.
En respuesta a ese pronunciamiento, el INE pidió a la CNDH atender sus propias responsabilidades y citó el artículo 102 de la Constitución, “que advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la CNDH tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”, indicó el Instituto en un comunicado del mismo 30 de octubre. La controversia constitucional que ha sido presentada este martes apela a lo establecido en el mismo artículo constitucional y busca conseguir garantías para que no se repita una invasión a las facultades del INE por parte de la comisión, confirmaron a este diario fuentes del árbitro electoral.
En su recurso del lunes, la CNDH acusó al Instituto, así como a su presidente, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama de hacer expresiones públicas de que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”, y señaló que, al contrario, “la parte demandada [el INE] desconoce que la CNDH cuenta con tal facultad”.
Córdova señaló, en entrevista con EL PAÍS, que el pronunciamiento de la CNDH a favor de la reforma electoral viola la Constitución y tiene “intencionalidad política”. “Cuando un órgano que, se supone, está constituido para defender los derechos humanos y no para hacer política se pone a hacer política, y peor, política partidista, y se suma a ese asedio, a esa embestida en contra de un órgano constitucional autónomo como es el INE, me parece que políticamente es muy grave”, dijo el funcionario electoral. “Me da la impresión de que la titular de ese órgano se olvidó de que ya no es, como lo había sido hasta hace poco, una militante de un partido, una política, una legisladora que defiende intereses de parte, sino que ahora es una funcionaria pública obligada por la Constitución a actuar con imparcialidad, con independencia de los poderes, de los partidos y de los intereses políticos, pero sobre todo con autonomía del poder. Y eso es muy grave”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
